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Los límites de la intervención estatal: el paternalismo

Enviado por   •  8 de Noviembre de 2018  •  1.317 Palabras (6 Páginas)  •  3 Visitas

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para B no es un juicio particularmente difícil, en el sentido de que esa conducta daña algún interés de B. El problema reside en determinar si esa conducta daña a B y, además, ese daño no es compensado por la mayor protección o promoción de otro interés del individuo. Una persona puede, por ejemplo, preferir el dolor a una prolongación del tratamiento hospitalario. Si A trata de evitar el dolor a costa de alargar su hospitalización, podría decirse que, ciertamente, A ha evitado un daño B, pero no que le ha evitado un daño como resultado final (es decir, tomando en cuenta cómo son afectados otros intereses de B). Por el contrario, conforme modificamos la situación hacia contextos conflictivos de paternalismo la primera parte del juicio de idoneidad deviene más complicada. La segunda parte del juicio de idoneidad así como el juicio de necesidad (aquel que establece que no existe una medida alternativa que logre el mismo objetivo pero a un menor coste) son, igualmente, más sencillas en contextos cooperativos que en contextos conflictivos de paternalismo. No obstante, la forma personal en que se ejerce el paternalismo en contextos cooperativos (el padre en la familia, el médico en su unidad, etc.) puede derivar con frecuencia en un autoritarismo (aunque benevolente) que sería una desviación del paternalismo justificado basado en el incumplimiento de la condición de necesidad de la medida. En contextos conflictivos y, en particular, en relación con el paternalismo estatal la corrección de la segunda parte de los juicios de idoneidad y de los juicios de necesidad depende de su conformidad con las teorías sobre la legislación y las políticas públicas. El argumento de la inutilidad no es aplicable en abstracto contra las medidas paternalistas, aún cuando se trate de paternalismo estatal. De acuerdo con este argumento, el paternalismo estatal sería rechazable en general porque necesariamente es contraproducente, es decir, tal y como sostiene John S. Mill, porque el individuo siempre sale perdiendo con la interferencia paternalista. Pero en la medida en que la interferencia paternalista se limite a la protección de los intereses más básicos de los individuos, sobre el presupuesto de que si estos intereses están amenazados es porque los individuos se hallan en una posición de incapacidad básica, no hay razón para sostener el argumento de la inutilidad contra el paternalismo estatal en general. Por otro lado, como ha señalado Cass R. Sunstein, si la interferencia produce un cambio en las preferencias de los individuos no cabría aplicar este argumento de la inutilidad: por ejemplo, la imposición del cinturón de seguridad termina creando el hábito de ponerse el cinturón y disolviendo, por tanto, la oposición inicial. La mayoría de las medidas paternalistas suelen pretender (y producir) este efecto de modificación de las preferencias mismas. Sin embargo, el argumento de la inutilidad es de aplicación directa contra el perfeccionismo estatal. Con respecto a cuestiones morales, creencias religiosas o, en general, los aspectos más importantes del plan de vida del individuo habría un vínculo constitutivo entre convicción y valor. Éste sería el argumento principal de, por ejemplo, John Locke contra la imposición de las creencias religiosas (las creencias tienen valor si son asumidas por el individuo, si son impuestas ya no tienen valor) y, en nuestro tiempo, de Ronald Dworkin, quien distingue entre un paternalismo crítico coercitivo y un paternalismo volitivo. Según este último autor, el paternalismo crítico coercitivo se caracterizaría porque el Estado intenta “mejorar la vida de los ciudadanos obligándoles a actuar de maneras que ellos piensan que empeoran su vida”, a lo que añade que “una buena parte del paternalismo estatal no es de carácter crítico, sino volitivo: el Estado obliga a la gente a usar los cinturones de seguridad para evitarles un daño que supone que ellos mismos ya desean evitar”, de ahí que este último paternalismo iría sólo contra la voluntad de los ciudadanos, mientras que el primero iría además contra su convicción.

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