CHIARAMONTE, JOSE CARLOS. NACION Y ESTADO EN IBEROAMERICA. EL LENGUAJE POLITICO EN TIEMPOS DE LAS INDEPENDENCIAS

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Los mismos factores que en muchas de las ex colonias hispanas llevaron a la autonomía o a la unión confederal, en Brasil se orientaron hacia la organización de un Estado centralizado. Contrariamente, que en el caso de Paraguay se observa que las relaciones entre este territorio y Bs As fueron tensas desde un principio. Asunción jamás admitió la preeminencia de Bs As. En consecuencia se decidió llevar a cabo una construcción de lazos entre ambos territorios con la idea de disminuir la tensión. La unión confederal resultaba ser el modo más natural de conciliar las pretensiones autonómicas y la necesidad de contrarrestar la debilidad de esos nuevos sujetos soberanos. Asi vemos como Paraguay trataba de salvaguardar sus derechos soberanos a la vez que protegerse de los intentos de Bs As por subordinarlo.

Sin embargo, las cláusulas de este acuerdo fueron incumplidas por ambas partes. Finalmente, con la renuencia de Paraguay al envío de auxilios militares, los impuestos a la yerba y al tabaco y los obstáculos para el arribo de armas a aquella provincia provocaron la ruptura entre ambos gobiernos.

Ante esta situación, Buenos Aires trato de restablecer la relación con Paraguay. Fueron Alvear, Martin Rodríguez, Ferre, Rivadavia quienes intentaron por todos los medios recomponer la alianza. Finalmente, en Paraguay se estableció un fuerte centralismo.

Derecho natural y de gentes en el imaginario político de la época

Para poder comprender el significado de época de esta variedad de formas de concebir el derecho a la autonomía política y para explicarnos asimismo de que no se veía contradicción alguna en conjugar esas tendencias autonómicas con la búsqueda de integración política en pactos, ligas o confederaciones, es necesario recordar las peculiaridades de las concepciones que guiaban entonces las practicas políticas.

En primer lugar, según el derecho de gentes, todas las naciones o Estados eran “personas morales”, a las que, en cuanto a tales, les eran también pertinentes las normas del derecho natural.

Congruentemente con este criterio se entendía que todas las naciones eran iguales entre ellas, independientemente de su tamaño y poder. Esta igualdad de derechosen relación con las demás entidades soberanas es uno de los puntales de las prácticas políticas del periodo.

De tal manera, tenemos algunos de los hilos fundamentales para entender mejor el proceso de organización de los nuevo Estados iberoamericanos:

• La definición de una legitimidad política a partir de la doctrina de la reasunción del poder por los pueblos.

• La adopción de un estatuto de autonomía fundado en la calidad soberana que aquella doctrina suponía, y a partir de allí, la búsqueda de una mayor fortaleza y defensa ante el mundo exterior a Iberoamérica, o ante los propios pueblos vecinos, mediante una variedad de soluciones políticas que iban del extremo de las simples alianzas transitorias al del Estado unitario.

Una visión tradicional de este proceso atribuía al sentimiento de la nacionalidad la formación de esas diversas entidades estatales que reunirían las “soberanías” menores. Peor una interpretación más acertad muestra un conjunto de pueblos soberanos en la medida en que perciben los riesgos de una subsistencia independiente, tienden a alejarse de las aspiraciones a la “independencia absoluta”, para asociarse a aquellos con quienes tienen mayores vínculos, sin resignar su condición de personas morales y el amparo del principio del consentimiento para su libre ingreso a alguna forma nueva de asociación política.

Sera recién luego de 1830 cuando se registre el influjo del principio de las nacionalidades y comenzaran a formularse proyectos de organización o de forma estatal en términos de nacionalidad.

Estado nacional y formas de representación política

Si abandonamos entonces la obsesión por la cuestión de la nacionalidad, se hacen más comprensibles las pautas que guiaban la conducta política de los pueblos iberoamericanos. Las cuestiones centrales que absorbían el interés de la gente eran como proteger la autonomía dentro de la asociación política por constituir, como ingresar a ella con libre consentimiento y como armonizar la soberanía de las partes con la del Estado por erigir. Entre estas cuestiones, el tema de la representación política, indisolublemente anexa a la de soberanía, constituiría permanente terreno de disputa.

En el eje de la representación vemos que en todas las reuniones para intentar organizar constitucionalmente un nuevos Estado, o para arreglar asuntos diversos entre algunas de las ciudades, luego provincias, los diputados tenían inicialmente carácter de apoderados, a la manera de los “procuradores” del antiguo Régimen Español. Esto fue hasta 1827, cuando tras el Congreso Constituyente las provincias se asumieron como sujetos de derecho internacional, reglando sus relaciones como tales y designando a sus diputados como “agentes diplomáticos”.-Sin embargo, lograr el consentimiento para la erección de un Estado nacional implicaba que los diputados de las partes concurrentes a acto constitucional revistiesen la calidad de diputados de la nación y abandonaran la antigua calidad de procuradores o la reciente de agentes diplomáticos que convalidaba su independencia soberana. Cuando la maduración de los factores propicios del éxito de aquella iniciativa lo hizo posible, como en el caso argentino, el requisito indispensable fue que los diputados del Congreso Constituyente de 1853 revistieran esa calidad y abandonaran la de ser apoderados de sus