El virreinato.El cargo del virrey

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La encomienda surge por el repartimiento de las propiedades a los españoles. La encomienda consistía en una parte de tierra que el Rey le otorgaba por sus servicios, mediante la cual se le asignaba un grupo de indígenas para que trabajaran para él a cambio de ser instruidos en la doctrina cristiana. El encomendero estaba destinado a cobrar y disfrutar del tributo que los indios debían pagar al rey como impuesto por el hecho de ser vasallos libres del monarca. Este tributo debía ser pagado en especie, dinero o trabajo. El encomendero estaba obligado a proteger a los indios y ampararlos, así como instruirlos a la religión. El encomendero tenía como compromiso con el rey residir en la provincia y prestar servicio militar. La función principal que las leyes le otorgaban a la encomienda era la evangelización. El título de la encomienda no incluía propiedad sobre la tierra, que seguía siendo supuestamente de los indígenas, ni implicaba jurisdicción sobre ellos. Aunque la situación de los indios en las encomiendas era muy deplorable, una condición de esclavitud, a pesar de la prohibición del gobierno. La encomienda tampoco era considerada como un título nobiliario, sin embargo las leyes permitían que se heredara. Los medios de apropiación de las tierras por parte de los españoles fueron: la encomienda, las mercedes de tierras y las compras de estancias, “haciendas”. Las mercedes de tierras se dividían en tres clases: las de “pan sembrar”, las propicias al cultivo de trigo; las de “pan coger” o de riego y las de “pan llevar” o temporal. Las “haciendas” constituyeron la unidad típica de producción agrícola y ganadera durante más de tres siglos.

En la colonia, la institución de la iglesia tuvo privilegios que se le otorgaron a cambio de la evangelización que tuvo sobre los indígenas. La iglesia se dividía en dos apartados: el clero “secular” sacerdotes que no pertenecían a ninguna orden y el clero “regular” que vivían en comunidad dentro de la orden religiosa y sujeto a reglas. Para el papel de la evangelización y educación de los indígenas el clero regular fue fundamental, además de asuntos religiosos en la comunidad española, y junto con el clero secular vigilaban a la sociedad novohispana con el fin de llevar al pie las normas morales. En 1501 se le concedió a la Corona española, por mandato del papa Alejandro VI, el derecho de cobrar y disponer de la totalidad del llamado “diezmo” y una parte asignarla para el funcionamiento de iglesias y obispados, así el clero de las “tierras de las Indias” no sólo dependía del poder civil en lo político, sino también en lo económico. El “diezmo” equivalía a la décima parte de la producción total agrícola y ganadera que se pagaba, en ocasiones en especie, a la Iglesia, en particular al clero secular. Habían determinados grupos que pagaban el “diezmo”, por ejemplo, los españoles estaban exentos de pagar el diezmo sobre su salario y producción manufacturera y artesanal; los encomenderos, pagaban sobre los tributos que recibían de los indios. El diezmo fue clave para la acumulación de riqueza por parte del clero secular, además obtenía ingreso por las limosnas colectadas en oficios religiosos, de las obvenciones parroquiales cobradas por administrar los sacramentos y de las capellanas. El clero regular no recibía parte del diezmo excepto en ocasiones donde se administraba una parroquia; ante la falta de recursos financieros, las órdenes religiosas comenzaron a adquirir propiedades. Las propiedades que pertenecían al clero regular, se convirtieron en bienes de “manos muertas” o “amortizados, provocando descontento el clero secular. Así, se obligó a frailes a deshacerse de todos los bienes que poseyeran en pueblos de indios; en compensación, podían recibir donativos o legados en el distrito de las villas de españoles, siempre que éstos fueran donadores. Los “censos” que manejaban los frailes consistían en una renta anual o hipoteca, impuesta sobre una propiedad o bien otorgando préstamos a alguna persona necesitada de dinero, con la garantía de una propiedad.

El doble poder del emperador Carlos V implicó para España la posesión de un inmenso territorio, este amplio poderío de los territorios despertó la ambición de las dinastías rivales; entre ellas la dinastía borbónica que reinaba en Francia desde fines del siglo XVI. Durante los siguientes años se expande la guerra entre Francia y España. La muerte del rey español Carlos III, sin heredero al trono, desencadenó una guerra de sucesión en la que estaban involucrados varios países, y terminó con la aceptación de Felipe de Anjou, de la dinastía de los borbones. Así, tras esta guerra de sucesión se padece en la España una crisis económica y política, ya que se comienza con el llamado “régimen de válidos”. Funcionarios que se caracterizaban de anteponer sus necesidades personales a los del pueblo, de ser corruptos y de oprimir a los habitantes. Estos validos utilizaban los fondos de la Real Hacienda para financiar sus actividades sin preocuparse de la producción y riqueza nacional. Debido a la situación de crisis en España se descuidaron los intereses de la colonización americana, se abandonó la vigilancia sobre el mar de las Antillas y se desatendió al ejército y la armada. La decadencia del dominio español en el siglo XVI surge por las presiones externas de Francia e Inglaterra contra España, en el marco de la “política de equilibrio” y las guerras de religión, así como la crisis económica y política en el orden interno de España.

En consecuencia a la etapa de crisis que tuvo la nueva España, iniciada con una gran epidemia que provocó una gran mortandad de indígenas, mano de obra, y subsecuentes crisis demográficas y económicas, que hicieron evidente la necesidad de efectuar profundas transformaciones en el sistema productivo. Se agotó el maíz, parte del ganado, varias minas cerraron y hacendados quebraron al no pagar sus deudas. La Real Hacienda quedó en bancarrota. La crisis demostró la necesidad de recurrir al sistema económico europeo de aquella época, basado en la teoría de los fisiócratas. El despotismo ilustrado se basa en la concepción sobre el poder del Estado, basada en un contrato racional y libre de los miembros de la sociedad de acuerdo con intereses de la creciente burguesía. Se caracterizaba por la modernización del Estado, la reforma del derecho y de la instrucción pública, abolición de privilegios feudales, desarrollo económico y tolerancia hacia la pluralidad de ideas y religión. El monarca tenía la concentración del poder y se auxiliaba por ministros controlados con amplia formación humanista y científica. Para los fisiócratas, los monopolios constituían el problema del estancamiento y el libre flujo