Estado, empresas, trabajadores y sindicatos

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d trabajo y mejoras en la higiene y alimentación. La Federación Obrera Marítima (FOM), q nucleaba a los trabajadores d este sector, había sido creada en 1910 y s encontraba adherida a la FORA (IX) Congreso. Los marítimos juntamente con un sector de los ferroviarios eran los gremios q mayor caudal d afiliados le brindaban a esta central y una presencia a nivel nacional q la FORA (V) anarquista no tenía.

Cuando estalló el conflicto marítimo, desde el campo obrero no hubo resistencias ante el ofrecimiento d un arbitraje estatal. Distinta fue la reacción del sector patronal, ya que los armadores se negaron a someterse a una mediación del Estado. Entre los argumentos esgrimidos por los empresarios s señalaba q la aplicación sistemática de una práctica como la mediación estatal fomentaría las huelgas y alteraría el libre juego de la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, entendían que esto derivaría en una intervención continua de los poderes públicos en cuestiones privativas a las relaciones laborales.

Los armadores consideraban que las nuevas circunstancias provenientes de la actitud asumida por el radicalismo ante la problemática laboral menoscababan su poder. Con esto último no sólo s referían a la posibilidad d q el Estado actuara como mediador, sino también a disposiciones del gobierno como la prohibición a la salida de vapores que no tuvieran su personal completo y la no entrega de permisos provisionales a los tripulantes designados para reemplazar a los huelguistas. El gobierno aparecía con su intervención como el elemento principal para hacer efectiva la huelga y colocar a los trabajadores en igualdad de condiciones con el sector empresarial a la hora d negociar.

Otra de las características d este conflicto fue el diálogo q los dirigentes de la FOM mantuvieron con el presidente Yrigoyen durante el desarrollo de la huelga. A esto se sumó la predisposición del gobierno a acceder a los pedidos de los huelguistas, como el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona del puerto para que los trabajadores pudieran ejercer libremente su derecho a la propaganda.

Luego d veinte días de huelga y en un marco donde día a día se fortalecía la posición de los huelguistas, las empresas decidieron cambiar su actitud aceptando la intervención del Poder Ejecutivo como árbitro. En contrapartida, los armadores solicitaban el estudio de medidas para eliminar impuestos al transporte fluvial. Todo indicaba q s estaba arribando a una solución, cuando la empresa Mihanovich comunicó q no estaba en condiciones de dar cumplimiento al laudo arbitral y q s reservaba el derecho d admisión de los trabajadores q habían sido cesanteados durante la huelga. A consecuencia d ello la FOM reanudó la medida de fuerza, que recibió como respuesta una suerte de lock out patronal que implicó el amarre de todos los buques. Esta medida, que paralizó casi por completo el movimiento en los puertos, los armadores la justificaban por la necesidad que tenían de defenderse ante un gobierno q con sus actitudes en todo momento había alentado las demandas de los trabajadores.

Las consecuencias negativas que el prolongado conflicto marítimo tenía sobre la economía agroexportadora del país llevaron a que entidades como la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural presionaran para q las partes en pugna llegaran a un acuerdo definitivo. En abril de 1917 los empresarios navieros y los trabajadores marítimos firmaron un convenio q posibilitó la normalización d las actividades portuarias. Entre las bases suscriptas figuraban la incorporación d todo el personal q había participado en la huelga y la intervención d la FOM juntamente con los armadores en la contratación del personal de máquinas y cubierta.

Por lo tanto, los marítimos no sólo habían conseguido su reivindicación salarial sino q además habían logrado el reconocimiento d su sindicato por los patrones y obtener una mayor presencia y decisión en la selección d la mano d obra. Las connotaciones q había tenido esta huelga evidenciaban los aspectos más importantes de la política laboral q el yrigoyenismo quería implementar. El Estado aparecía vehiculizando indirectamente las demandas de los trabajadores y de esta manera modificando sustancialmente la relación de fuerzas existente entre patrones y obreros.

Otro d los conflictos importantes q debió enfrentar el gobierno radical fue el del sector ferroviario a comienzos d 1917. Los ferroviarios se hallaban representados por dos entidades gremiales.

• La Fraternidad, creada en 1887 y q agrupaba a los maquinistas y foguistas. Entidad corporativa, reformista, apolítica pero combativa en el nivel de las reivindicaciones gremiales. Sus afiliados aparecían como una especie de "aristocracia obrera", q tempranamente —en 1889— habían obtenido la personería jurídica para su sindicato. En su accionar La Fraternidad era proclive a la negociación con el Estado y los patrones, y consideraba la huelga como una medida que se toma sólo en última instancia.

• La Federación Obrera Ferroviaria (FOF) era la entidad que agrupaba al resto d los trabajadores ferroviarios, los sectores d talleres y el conjunto d los empleados no calificados. Este sindicato había sido creado en 1912 a instancias de los Sindicalistas Revolucionarios en la Capital Federal. Una de las preocupaciones de la FOF fue lograr la unidad del gremio, q recién s plasmaría en 1920 con el surgimiento de la Confraternidad Ferroviaria.

Para septiembre de 1917 el conflicto ferroviario estaba generalizado y las empresas optaron por la implementación de un arbitraje estatal que diera por terminada la huelga. En un primer momento tanto la FOF como La Fraternidad rechazaron la mediación del Estado pero por razones diferentes. Esta última sostenía que sólo aceptaría sentarse a negociar si el garante del acuerdo era el Poder Ejecutivo y no la dirección de ferrocarriles. En cambio, la FOF no aceptaba el arbitraje porque pensaba que las empresas no lo iban a cumplir. Su propuesta para darles una solución definitiva a la huelga y a la situación de los ferroviarios era la estatización de los ferrocarriles bajo la gestión de los trabajadores y el sindicato.

En vistas de que no se lograba solucionar el conflicto, comenzaron a manifestarse entidades como la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Comercio, solicitando al gobierno endurecer su posición y aplicar en forma estricta el reglamento para el funcionamiento de los ferrocarriles. Se conformó una comisión de representantes de la industria, el comercio y la producción del país, a la que se agregaron delegados de la Bolsa de Comercio y de las cámaras de Comercio de Bélgica, Italia y España, para entrevistarse con Yrigoyen.

El gobierno comenzó a tomar medidas. La primera fue la confección

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