Régimen de Pinochet: análisis cultura y político

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Juan Méndez (1997) afirma que toda violación a los derechos humanos conlleva una obligación de parte del Estado responsable de reparar el daño causado, estas obligaciones son cuádruples: obligación de investigar y dar a conocer hechos verídicos y claros (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar los daños morales y materiales ocasionados (reparación) y obligación de crear fuerzas de seguridad dignas de un Estado Democrático.

Tras el término del régimen de la mano del plebiscito de 1980 asume Patricio Aylwin como Presidente de la República, uno de los primeros temas de envergadura nacional que abarca es los DD.HH para lo cual crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, le asigna la responsabilidad de investigar las denuncias al jurista, político y diplomático Raúl Retting. Los resultados de la Comisión Retting arrojaron 1.193 muertes, la mayoría hacia hombres menores de 30 años, trabajadores, obreros, campesinos y estudiantes. La mayor cantidad de muertes se dieron en 1973. (Elías Padilla Ballesteros, 1995). Más tarde se crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en el año 2004.

Respecto a medidas de reparación podemos afirmar: “Se han implementado programas de atención gratuita en el sistema público de salud a través de la tarjeta Prais, posibilidad de retomar estudios en aquellos casos en que se hayan visto interrumpidos por la prisión política, preferencia en el sistema de puntaje para postular a una vivienda, la asignación de una pensión vitalicia mensual para los afectados directos y la publicación del llamado informe Valech que contiene la verdad oficial en torno a cómo se desarrolló la prisión política y tortura como política de Estado” (Zamorano, 2008; 23)

En relación a la justicia Lira (2013) hace referencia al año 1978 donde se crea el decreto de ley n°2191 de Amnistía, este decreto cubría a los autores, cómplices o encubridores de la culpabilidad por las violaciones a los DD.HH..

El Golpe Militar del 11 de Septiembre de 1973 no solo cambio el poder político y administrativo del país, también inicio un transición en el ámbito estético-cultural, el propósito fundamental de esta transición era eliminar cualquier vestigio cultural-estético del periodo presidencial de Salvador Allende, en otras palabras el fin era “detener política y administrativamente la marea socialista” (Luis Hernán Errázuriz 2009, pág. 139).

Bajo esta premisa Vergara (1982) agrega que el Estado ejercerá el deseo de formar una dominación ideológica-cultural que rompa con los valores culturales del pasado y así igualmente con las tendencias predominantes del gobierno anterior, vale recordar que el objetivo principal del régimen era lograr eliminar el “cáncer marxista”.

Errázuriz (2009) explica que una de las primeras medidas que tomo la Junta Militar fue promover una “Cruzada de Limpieza”, esta operación represento la “desinfección” del pasado marxista y por otra parte la instauración de una concepción militarizada de la vida cotidiana caracterizada por la purificación, el ordenamiento y la re valorización de los símbolos patrios. Este proceso de “purificación” no se limitó solo a la quema de libros o censura de medios, también controlo el vestuario y el aspecto personal de la sociedad, bajo la perspectiva del régimen militar todas estas medidas buscaban volver a reflejar el “ser nacional” que desapareció con la pérdida de identidad y la decadencia nacional, así mismo con la imitación de prácticas extranjeras. Para que volvamos a revindicar este “ser nacional” es necesario recuperar el patrimonio cultural chileno, como la música folclórica, exaltación de personajes de la FF.AA a través de monumentos a su memoria, honrar ciertos héroes nacionales, etc. Errázuriz (2006) además manifiesta que el régimen seguía este programa bajo ciertos propósitos, siendo estos nacionalistas, mesiánicos y geopolíticos. El primero tenía como fin consolidar la identidad nacional, el segundo tener un impacto moralizador en la sociedad y el tercero supone darle un nuevo valor al territorio, admirar nuestras ventajas comparativas para buscar en conjunto el desarrollo en el país. Sorense (2015) complementa que el régimen militar ocupo ciertos aspectos de la cultura como la televisión y la radio para acceder a las personas y buscar legitimar la dictadura, así mismo lograr mantener a las personas en ignorancia respecto a los hechos que ocurrían en el país.

Para finalizar este trabajo responderé la pregunta inicial que motivo esta investigación, ¿Como funcionaron y se relacionaron estas dimensiones bajo el régimen militar?, primeramente, los derechos humanos funcionaron bajo la premisa de violaciones contra la integridad física y psicológica de todas las personas opositores al régimen a través de la tortura, la persecución y la muerte. En segundo lugar la cultura bajo la dictadura militar se utilizó como un medio para reformular la identidad nacional, eliminar todo rastro del periodo presidencial anterior y también como un método para darle legitimidad al régimen de turno. Ambas dimensiones se relacionan en el sentido de que cumplen con parámetros no democráticos pensando en la censura cultural y la violación a los derechos humanos básicos pertenecientes a todos.

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