LA AMAZONIA Y EL CONFLICTO ARMADO

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En Leticia (Amazonas), en los setentas y finales de los ochenta existieron más de 100 laboratorios y pistas clandestinas, transformando esta ciudad en uno de los corredores importantes para este mercado y enlace con el mundo, convirtiéndola también en la primera economía de sus regiones en las ciudades fronterizas. Cabe mencionar otros ayuntamientos que en sus aledaños fueron fuertes en la producción y tránsito del alcaloide, Puerto Maldonado en Perú y sus entornos, también Río Tamya en el Noaya y Busaya, asimismo como otros pueblos fronterizos en Bolivia y Brasil, como la localidad de Guajarà-Mirim. Podría extenderme mencionando otros pueblos amazónicos. Pero es igual, tanto en mayor como en menor escala de los contextos regionales, solo con la diferencia de los protagonistas, algunos solían ser los mismos capos traficando con este narcótico. Parajes que también sobre el río Napo, corriente de agua que colinda con el Amazonas peruano, como con el ecuatoriano, proliferaron los laboratorios de propiedad de los carteles colombianos; en ellos se perpetuaron los herederos de los maestrantes de la coca.

La débil presencia del estado en la región amazónica y estando alejada de los polos de decisiones del estado Leticia se convirtió en una región con amplias inequidades sociales y económicas dando paso a conflictos sociales y prácticos ilícitas con repercusiones ambientales[9], A partir de la década del setenta las mismas rutas utilizadas para la extracción de pieles, animales y madera fueron utilizadas para el tráfico de drogas. Las transacciones comerciales de Leticia y Tabatinga resultaron seriamente afectadas al ser incorporadas en la ruta de exportación de cocaína, vía río Amazonas-Atlántico y punto de entrada de precursores químicos a Colombia[10]. El territorio en epicentro del narcotráfico desde los años 80 en manos del cartel de Medellín. La expansión de los cultivos ilícitos ha generado acciones violentas en contra de los indígenas que pueblan estos territorios, generando el desplazamiento forzado a sectores de mayor concentración poblacional como Leticia 5, Entre 1990 y 1997 aumentó la represión al tráfico de drogas llevando a la disolución del cartel de Leticia y a la confiscación de los bienes de los narcotraficantes locales, esto a causa de la acción del Plan Colombia que daba como objetivo la erradicación de los cultivos ilícitos por medio de la fumigación con glifosato, atacando así la fuente de suministro económico, dado lo anterior se plantean dos problemas, el primera es en base a estas acciones se busca erradicar el conflicto por medio de la guerra y no de la paz, como segundo problema, sea mostrado en estudios el impacto sobre las poblaciones y el ambiente la fumigación con herbicidas que utilizan glifosato. [11]

En la actualidad la lucha contra el narcotráfico ha involucrado la perspectiva de protección ambiental no solamente desde el ministerio de defensa Colombiano, también Brasil y Perú presentan enfoques del tráfico ilícito en el Amazonas como una amenaza para el territorio en ámbitos sociales de conflicto y de destrucción del ambiente, siendo no solo un peligro a nivel del país sino global desde el análisis presentado por Brasil 7, Sin embargo las propuestas de sustitución de cultivos ilícitos no tienen en cuenta las condiciones del suelo amazónico y plantean la siembra de cultivos tradicionales, siendo que estos no resultan si quiera competitivos en el mercado local. Adicionalmente esto plante otra problemática, la toma de tierras por el campesinado y la no restitución a las poblaciones indígenas. 8

Como respuesta a las actividades de narcotráfico el gobierno Colombiano aumento la presencia de las fuerzas armadas del estado en el territorio inaugurando una base de operaciones del ejército y una base área de la fuerza aérea.[12] Adicionalmente la presencia de la policía nacional en Leticia ha generado conflictos entre las comunidades indígenas que viven en la región quienes denuncian excesos en el desarrollo de operaciones de erradicación de cultivos de coca, presencia constante de militares en puestos de salud y centros educativos, involucramiento de la Fuerza Pública en operaciones de policía, como el manejo de temas de orden público, donde se evidencia la falta de reconocimiento y respeto hacia las autoridades indígenas.[13]

A pesar de las organizaciones de grupos indígenas y presentación de varios proyectos alternativos para la confrontación de los cultivos ilícitos en la zona, El Estado Colombiano ha respondido con pequeñas inversiones sociales y grandes apoyos a la erradicación forzada de cultivos por medio de la fumigación, y lejos de escuchar las demandas de la población, se ha generado en la zona la gesta de demandas de servicios públicos, educación, etc. En busca del crecimiento de las inversiones y del aumento de la población sin solucionar sus problemas bases, llegando a reprimirlos bajo la premisa de la actividad de grupos armados en la zona.[14]

Según el informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, en el 2015 se identificaron 111 hectáreas sembradas de coca lo que representa una significativa disminución de las actividades de siembra en la región. Estos datos demuestran una migración de las actividades de siembra ilegal de coca a otros departamentos siendo que las cifras del país demuestran un aumento en el total de los cultivos en el país. [15]

Capitulo III

Las consecuencias del narcotráfico en la región amazónica

El territorio Amazónico es una región de unos 6 millones de Km2. Su extensión es compartida por 9 paises: Brasil (64,3%) Perú (10,1%), Colombia (6,2%), Bolivia (6,1%), Venezuela (5,8%), Ecuador (1,5%), Guyana (2,8%), Surinam (2,1%) y Guyana Francesa (1,1%). Colombia posee 403.348 km2 de territorio amazónico, que equivale a 6,2% del total de la Amazonía. [16] No obstante, gran parte del territorio amazónico colombiano ha sido arrasado. El aumento de la frontera agropecuaria, los cultivos ilícitos, la extracción ilegal de madera, la minería, e incluso la infraestructura vial, provocan la deforestación de la selva amazónica colombiana.[17] Se estima que la deforestación de territorio amazónico es de unos cerca de 800 km2 anuales. Esta es una cifra alarmante que preocupa a algunos funcionarios como Julio Cesar Turbay Quintero, quien en su momento fue contralor general de la nación y se refirió a este problema argumentando “Se están tumbando grandes extensiones de selva para cultivos ilícitos, de continuar la tendencia que hoy llevamos de deforestación según Naciones Unidas para el año 2030 estaría devastado más del 50 por ciento de la selva húmeda del Amazonas,