REFLEXIONES DE LOS PROBLEMAS ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS CASO: LA VIOLENCIA DE GÉNERO

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Según la ONU, (El Impulso, Noviembre 2015) la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global, hasta 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que ocurre en espacios públicos y privados.

En Venezuela la obtención de datos sobre la Violencia contra las Mujeres, continúa siendo una limitación grave para la comprensión del problema, sin embargo datos señalados por Hisvet Fernández, representante del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en el estado Lara, las féminas siguen siendo “botines de guerra”, porque a estas alturas persiste la discriminación y el maltrato. Fernández explica que las mujeres aún son sumisas antes su pareja y prefieren callar antes de denunciar: de cada diez mujeres violentadas, solo una denuncia. Las causas son múltiples una de ellas es que en el país se registran de forma mensual más de diez mil denuncia. Solo el 2 % llega a sentencia firme, en un 98 % queda en impunidad, esto se transmite y desmoraliza a las mujeres, quienes terminan desconfiando de las autoridades, señala además que “En Venezuela están muriendo a diario de tres a cuatro mujeres y nadie dice nada” (El Impulso, Noviembre 2015)

Otro de los tantos factores que influye, es ahora la situación económica en la que se encuentran el país. “Aquellas mujeres que no trabajan y dependen del esposo, optan por no denunciar para no perder el sustento diario”, manifiesta Fernández.

Fernández señala que el 7 de noviembre del 2015 se reformó la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se logró modificar el artículo 15, el cual contempla como forma de violencia el femicidio: “como forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”. Adicionalmente, el autor considera que aún la Ley sigue siendo discriminatoria, porque si bien sabe que no todos los crímenes cometidos en contra de una mujer son femicidios, manifiesta que el simple hecho de que la víctima sea una figura femenina debe ser considerado un agravante, porque la mujer en cuanto a fuerza, suele ser más vulnerable ante un hombre.

Ahora bien, según explican los expertos del Ministerio Público, cuando una mujer es asesinada se guían por tres parámetros: la subordinación, dominio y poder, dependiendo del resultado es calificado como un femicidio o un homicidio, y pasa según sea a una fiscalía de delito común o a la especializada en materia de la mujer.

Según refiere Delia Mondragón, Directora de la Asociación larense de Planificación Familiar (Alaplaf), que aun cuando la Ley fue reformada se aplica de una forma contradictoria no deben existir parámetros: “todo crimen cometido en contra de una mujer debe ser femicidio, porque la mujer es asesinada con mayor violencia. Se hace con desprecio y con saña”.

Cuando se habla de femicidio, femi deriva del género mujer, “pero en el país debiéramos hablar con más fuerza del feminicidio, que es cuando el Estado es corresponsable del crimen, por no haber suficiente para aplicar la ley, porque son muchos los casos que existen que las mujeres se cansan de denunciar ante los entes y no hay aplicación alguna, ni prevención para evitar el daño”. “Si bien la ley tiene vacíos hay que hacerlas cumplir”, expresa la defensora de los derechos de las mujeres.

Igualmente manifiesta que para las mujeres no es fácil afrontar y aceptar cuando es maltratada; les cuesta mucho denunciar y al hacerlo se encuentran con otro inconveniente: los principales órganos receptores de denuncias. Según refiere la directora de Alaplaf las prefecturas, fiscalías y comisarías, “son más renuentes a recibir la denuncia; le presentan una y mil excusas para no tomarlas, al punto de hacerlas dudar y lo que hacen es violentar la ley”.

Al plantear un desacuerdo con la norma legal el médico se encuentra en una situación difícil: el cumplimiento de la ley choca con la obligación profesional de procurar el bien de la paciente y minimizar los perjuicios, respetando su autonomía. En esta disyuntiva una de las emociones que afloran es el miedo: miedo a qué le pasará a la mujer o a los médicos y/o psicólogo actuante, si se escoge obedecer la ley o actuar en interés de la salud de la paciente si entran en conflicto. Lejos de fundamentar la decisión ética en el miedo, se intenta más bien discernir qué los empuja a actuar y qué los retiene, utilizando el miedo como guía para situar los distintos conflictos.

Según la opinión de Aretio (2007) la mayoría de los profesionales de la medicina se muestran reacios a emitir los informes médicos necesarios para adjuntar parte de la denuncia, lo cual dificultaba de manera notoria el proceso legal de denuncia de las mujeres que habían optado por esta vía, un amplio conjunto de factores (prejuicios, desconocimiento, inseguridad, entendimiento de que la violencia dentro de la pareja pertenece al ámbito privado, temor a abrir la caja de Pandora...) explican esta reticencia profesional.

Sin embargo, se destaca a un proceso paradójico, afirma Aretio (2007) desde el sistema sanitario parecen haberse reducido las resistencias a emitir los correspondientes informes médicos, las mujeres que sufren la violencia, en muchas ocasiones, han sido y son las que suplican a sus médicos que, “por favor”, no emitan dichos informes. ¿Qué ha ocurrido?. Algunos factores explican este cambio, debilidad emocional, física y social; temor y dependencia [afectiva y económica] referidos al agresor, posible agravamiento de la situación tras la denuncia, entre otros.

Así pues, la detección de una situación de violencia suele provocar elevadas dosis de angustia y malestar entre los profesionales de la salud. Un mecanismo de defensa ante estas situaciones suele consistir en aconsejar a la mujer una separación y denuncia del agresor con la mayor urgencia, sin posibilitar las condiciones para que madure esta reflexión. En ocasiones, se produce la «sustitución o suplencia» de la figura del marido/compañero en la toma de decisiones por la del profesional, manteniendo a la mujer en la dependencia. Así, surgen incomprensiones mutuas entre la mujer y los profesionales: ésta se siente incomprendida, e incluso no respetada, por lo que no es infrecuente que termine dejando de acudir a las consultas o negando problemas posteriores con el agresor. Los profesionales acumulan frustración e impotencia.

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