Roudil - El sindicalismo argentino.

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En 1976-1983 (dictadura militar) el ariete estatal se evidenciaba a través de una gran cantidad de intromisiones en la vida interna de los gremios. Esta intromisión iba acompañada por acciones directas, que iban desde la negociación, soborno, hasta la represión física. Esto do origen a supuestas complicidades entre interventores gubernamentales y sindicalistas, lo cual fue explotado por Alfonsín para obtener su triunfo electoral, en base a la imagen negativa de sindicalistas y militares vigente en la opinión pública.

En la presidencia de Alfonsín, desde el poder ejecutivo se impulsó un proyecto de “reordenamiento sindical”. Éste demostró que aún estaba vigente, dado que pudo nuclear a todos los parlamentarios peronistas, más algunos representante de partidos provinciales en contra el proyecto oficialista, derrotándolo por un voto. Se iniciaron así las hostilidades entre gobierno radical y sindicatos, a la vez que fueron marcados los límites de la política gubernamental con respecto a los gremios.

Así, la ley 23.071 garantizó una importante competencia democrática, expresada en elecciones sindicales correctas marcadas por algunas notas nuevas:

- Escaso cuestionamiento a los organismos de control interno de los comicios,

- Poca exclusión de listas,

- Disminución de listas únicas,

- Mayor éxito de listas opositoras en comparación a períodos anteriores,

- Saludable extensión del pluralismo, basado en la aparición de alianzas entre sectores del sindicalismo peronista y otras tendencias.

La unidad sindical del movimiento obrero argentino fue algo relativamente consolidado a través de la vigencia de la central única durante toda la historia de la segunda tradición sindical, sin embargo ello no fue obstáculo para la vigencia de divisiones internas, estilos opuestos de liderazgo gremial, facetas ideológicas encontradas… No obstante, lo que influyó mucho para este divisionismo fue la acción política desplegada desde los gobiernos que operó como “segunda causa” explotando las diferencias mencionadas.

Cafiero, verdadero “padre” de la renovación peronista había captado las voluntades del sindicalismo renovador y dominado el aparato partidario Menem, como candidato presidencial alterno y carente del control del aparato del partido, iría desplegando paulatinamente su habilidad política y reclutando muchas voluntades militantes, sobre todo del interior del país, donde se veía la renovación con cierta imagen de “porteñismo”, lo cual generaba desconfianza. Los 15, desplazados por las corrientes renovadoras del peronismo político y sindical, no vacilaron en brindar su apoyo a la candidatura de Menem creando su propia herramienta bajo el nombre de Mesa de Enlace Gremial Política del Movimiento Obrero Peronista.

Producido el triunfo de Menem en la interna partidaria, se irían verificando cambios, acomodamientos y desacomodamientos en el campo sindical. Los cambios se limitarían al corrimiento de gremios hacia uno u otro sector modificando relaciones de fuerza pero sin cambiar los ejes de la lucha.

Los sectores del sindicalismo renovador, en cambio estaban condenados a roles subordinados por haberse “jugado todo” al otro candidato peronista. Ellos también debieron alistarse junto al sindicalismo menemista para no quedar afuera.

Una vez más, la división gremial interna se dirimía por el acuerdo o no de la política emanada desde el gobierno, manteniéndose así conductas sindicales subordinadas antes que protagónicas, ya sea como oficialismo u oposición.

Desde el gobierno de Menem-Cavallo se trató de modernizar la legislación laboral vigente en función de obtener un nuevo marco jurídico facilitador de la reducción del costo laboral planteado como supuesto impedimento a una mejor rentabilidad de las empresas para incrementar los niveles de ahorro e inversión.

Se evidenciaba la índole ideológica de dicha estrategia, pues la misa carecía de realismo para la situación socioeconómica, dado que la aplicación de dichas políticas en los países industrializados se hicieron al compás de la gran innovación tecnológica y con gran desarrollo industrial.

Por el contrario los cambios ocurridos en Argentina debilitaron las conquistas laborales y disminuyeron o estancaron el salario, debilitando también al mercado interno.

La política gubernamental de Menem-Cavallo se basó en el cumplimiento estricto de las pautas establecidos por los organismos financieros internacionales:

- Reducción del déficit mediante la reducción del gasto público a través de las privatizaciones,

- Estabilidad monetaria con inflación leve o nula,

- Apertura de la economía y pago de la deuda externa.

Las consecuencias se harían sentir con el desmantelamiento del Estado de Bienestar, creado en Argentina por el PJ, a merced de la reducción del gasto social público.

El aumento del índice de desempleo fue causado en gran parte por las privatizaciones de las empresas estatales y posteriores “racionalizaciones” del personal, producidas por los nuevos dueños. Dichas privatizaciones significaron el retiro del Estado de áreas de negocios formidables pasadas a grupos económicos nacionales y extranjeros que retirarían las ganancias del círculo económico interno, y empeoraría las condiciones tarifarias, las de calidad y hasta las de seguridad para los usuarios.

El problema para el sindicalismo radicaba en que el modelo económico vigente afectaba sus puntos más sensibles, el empleo y los salarios, además del control de fondos previsionales y de obras sociales. La política económica era acompañada de una reforma laboral, que constaba de:

- Blanqueo laboral

- Descentralización de la negociación colectiva

- Aumentos salariales de acuerdo a la productividad,

- Ley de asociaciones sindicales

- Ley de riesgo de trabajo

- Ley de promoción del empleo

- Ley de la PYME

Todo este conjunto de medidas propendía globalmente el logro de estos objetivos.

- Reducción del costo laboral por ausencia de indemnización por despido

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