Sindicalismo argentino durante la presidencia de raul alfonsin (1983-1989)

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Durante el régimen militar iniciado en 1976, el sindicalismo se encontraba en una división permanente de sus cúpulas centrales, conformándose en todo ese período nuevos y variados grupos y nucleamientos sindicales e intersindicales, los cuales pretendían representar al conjunto del movimiento obrero del país. Dichos nucleamientos tendieron a su vez a llevar a cabo acciones o a agruparse en dos grupos centrales diferenciados por la relación que cada uno de ellos establecía con el poder militar. Por un lado, tal como explican R. Gaudio y A. Thompson, se encontraba una corriente que tubo posiciones de mayor distancia y enfrentamiento con las políticas impulsadas desde la administración militar, la cual al momento de la asunción del gobierno radical se nucleaban en torno de la denominada Central General del Trabajo- Brasil o República Argentina (RA)[1]. El segundo grupo se identificaba en torno de la CGT-Azopardo, de carácter más moderado y de aproximación mayor con las autoridades castrenses.

Una vez retomada la democracia en Argentina los dos nucleamientos nombrados anteriormente mantuvieron conversaciones sobre la unificación, presionados por la necesidad de resolver la cuestión de las candidaturas del peronismo y por poder contar con herramientas que le permitan reafirmar su poder de decisión en un futuro gobierno democrático.

Hacia el final de 1983 se dieron algunos avances en el proceso de unificación de las cúpulas a través de una fórmula de conducción que resultaba favorable para los dos agrupamientos, y a través de la cual quedaría sentado el acuerdo de unión de las dos CGT. La fórmula estaría compuesta por una dirección colegiada de 28 miembros, con lo cual cada una de las centrales contaría con 14 miembros. A su vez se planteaba la necesidad de la unificación de las 62 Organizaciones[2], con una previa reestructuración interna. Esta organización al comenzar el gobierno radical, a pesar de las divisiones dentro de las organizaciones sindicales peronistas, se encontraba distanciada de las dos fracciones de la CGT. Dicho grupo representaba al gremialismo dentro del peronismo organizado y se autodenominaban a sí mismos como “el brazo derecho del sindicalismo peronista”, surgido en 1957 durante el gobierno de facto que había derrocado a Juan Domingo Perón.

Como se dijo anteriormente, con la nueva fórmula de conducción se logró reorganizar la cúpula del sindicalismo argentino, quedando al margen únicamente aquellos grupos minoritarios que criticaban al peronismo como carente de legitimidad y representatividad. Los cuatro secretarios generales serían: Saúl Ubaldini (cerveceros), Osvaldo Borda (caucho), Jorge Triaca (plásticos) y Antonio Baldassini (telepostales), los dos primeros en representación de la CGT-Brasil, y los dos últimos como representantes de la CGT-Azopardo.

Retomando a R. Gaudio y a A.Thompson, la nueva conducción había logrado un avance importante para lograr una oposición unificada frente a las políticas del gobierno radical, el cual planteaba la democratización sindical[3]. Dicho gobierno encaró como una de sus primeras medidas la democratización de las asociaciones de los trabajadores mediante el proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical (LRS), este consistía fundamentalmente en la convocatoria a comicios gremiales bajo un régimen electoral diseñado para tal fin. Se buscaba democratizar los mecanismos de acceso al control de las organizaciones para lo cual pretendía valerse de la intervención del poder estatal ejercido en el interior de las organizaciones laborales, esto implicaba una mayor participación por parte de los trabajadores en los asuntos internos de sus organizaciones, en el complejo proceso de toma de decisiones, un mayor control de las actividades de los dirigentes junto con la posibilidad de renovación de las causas. En pocas palabras, lo que se pretendía era ejercer un intervencionismo “democrático” en la vida gremial por parte del estado.

Dentro de los diversos sectores del radicalismo existían las estrategias políticas de cada uno de ellos en relación al movimiento obrero luego de conocido el proyecto de reordenamiento sindical. Había dos concepciones básicas, por un lado la posición sustentada en su mayoría por el sector duro, la cual descartaba la posibilidad de que la democratización sindical provocaría la “desperonización” de las organizaciones laborales, iniciando un proceso de despolitización partidaria. La segunda concepción era la que refería a los dirigentes más destacados del sector que respondía a la Junta Coordinadora Nacional del Movimiento de Renovación y Cambio, la cual mantenía su intención de que luego del proceso de reordenamiento sindical, el radicalismo lograra avanzar sobre altos puestos en la conducción de algunos gremios, expresando en el ámbito sindical la existencia de un considerable sector del movimiento obrero adherente a las posiciones políticas del radicalismo.

El gremialismo peronista inicio un doble proceso luego de conocer el proyecto, desarrollado de forma complementaria y simultánea, por un lado, de recomposición de su unidad, y por otro, de articulación de su estrategia de resistencia frente a la intención oficial. Desde un primer momento las dos centrales sindicales dieron a conocer su desacuerdo con la LRS mediante dos argumentos, primero sostenían que el proyecto modificaba parcialmente la ley 22.105 de Asociaciones Profesionales[4], y segundo afirmaban que violaba la resolución 87[5] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical. Sin embargo los sindicalistas se mostraron dispuestos a discutir el artículo del proyecto en base a un estudio llevado a cabo por los asesores jurídicos de la central. El sindicalismo peronista pretendía mantener el statu quo caracterizado por la falta de democracia interna y de renovación dentro de las organizaciones gremiales de sus dirigencias.

Durante todo el periodo se sucedieron una gran cantidad de conflictos laborales. Tal como señalan Pablo Pozzi y Alejandro Schneider, se fue produciendo una mayor participación de las entidades gremiales en su afán de recuperar un cierto espacio entre las bases y de presionar políticamente al gobierno radical para obtener concesiones[6]. La falta de una clara política salarial fue uno de los elementos que favorecieron las numerables disputas laborales de carácter sectorial durante el primer semestre del año 1984. Las principales causas de dichos conflictos fueron el salario y la recuperación de conquistas laborales que habían sido perdidas durante la dictadura, sumados a la existencia de determinados conflictos por necesidades coyunturales frente a períodos eleccionarios en algunos sindicatos. Dicho incremento de la conflictividad responde,