Agencia de Calidad y Ley de Inclusión

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En los casos sistematizados confirman que entre estos apoyos no pueden faltar las experiencias exitosas desarrolladas por los propios establecimientos, éstas muestran cómo se pueden sacar adelante iniciativas en el ámbito del desarrollo de habilidades de los estudiantes, como en materia de Inclusión de la diversidad y en el desarrollo de proyectos educativos diferenciados, en que a pesar de la adversidad social del alumnado y sus familias, la restricción de recursos y equipamiento y las normativas asfixiantes, logran sacar adelante sus potentes propuestas de cambio.

La llamada Ley de inclusión no implica una reforma estructural al sistema educativo basado en las leyes de mercado. El blindaje a la libertad de enseñanza entendida como libertad de elección, representa el ethos de esta reforma, que apunta a regular el sistema, eliminar algunos aspectos en relación a la discriminación arbitraria y a crear una institucionalidad estatal que se oriente a cogestionar un sistema basado en la acción privada. No se fortalece en nada el rol, ni las escuelas, del Estado. Los aumentos en la subvención (subvención por gratuidad, alumnos preferentes, aumento general 20%), se hacen sin modificar el sistema de entrega de recursos, por lo tanto fortaleciendo la provisión privada, que mantiene su ventaja histórica con las escuelas estatales. El principal problema en Chile es el sistema de financiamiento a la oferta, que entrega dinero a las escuelas por cada alumno matriculado y la asistencia que este tenga. Este sistema es el responsable de la competencia entre escuelas y la desigualdad en el financiamiento de las mismas.

Se introducen cambios en torno a principios en torno a la diversidad, la no discriminación y la participación, sin embargo, es claro que el objetivo de esta ley no es la inclusión educativa, sino que regularización del sistema de provisión privada. Tras la arenga de dar respuesta a las demandas del movimiento social se han hecho ajustes para eliminar los excesos del sistema de provisión mixta, mantener y fortalecer los mecanismos de mercado que lo regulan.

En conclusión el derecho a la educación no se ve fortalecido, tampoco el sistema estatal. El lucro en la educación se dificulta en determinados plazos, para algunos sostenedores, manteniéndose la heterogénea área de negocios que se ha ido constituyendo alrededor de la educación pública en Chile. La selección se implementará con tal gradualidad que queda sometida a las leyes del tiempo. Recién afectará en 5 años a las ciudades más grandes, en donde es más grave el problema de la segmentación educativa. Nuestro sistema educativo sigue gobernado por el mercado.

Francisca Yáñez López