El nuevo Plan alianza para la prosperidad

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Además, se adjunta a esto, que Honduras es el país de América Latina con más desigualdad económica y social. Un reciente artículo de la BBC Mundo señala que la base de datos del Banco Mundial actualizada el pasado diciembre, muestra que los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco países latinoamericanos entre los 14 más desiguales; A nivel global figuran Honduras (6), Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14). (BBC, 2016).

A toda esta problemática compleja, los gobiernos de turno le buscaron medidas atenuantes que en la práctica eran muy frágiles, y que en su esencia no contenían verdaderas soluciones integrales, profundizando más la problemática económica y social. Esa fue una de las razones principales para que parte de la población hondureña, principalmente los jóvenes, comenzaran a emigrar en una especie de “diáspora”, hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, creyendo así a tener mejores oportunidades y calidad de vida para ellos y sus familias en otras latitudes. Esta complejidad que deprime la sociedad hondureña, se acentuó más, después del Golpe de Estado de 2009 (Zelaya 2006-2009)[2], que desestabilizó todas las estructuras económicas, políticas y sociales en el país, y sumió al país en una especie de “vórtice” social, del cual aún se viven las consecuencias.

Para garantizar la paz social y la estabilidad política que era necesaria en el país, el gobierno siguiente al del Golpe de Estado (Lobo Sosa 2010-2014), promulgó diferentes programas y leyes que han venido a ser un paliativo, en la búsqueda de nuevas rutas alternas que buscaran apaciguar la dura crisis y la polarización que vivía la sociedad hondureña. Y es por esa razón que se promulgan diferentes instrumentos jurídicos, como la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, entre otros.

El actual Gobierno de la República, liderado por Juan Orlando Hernández (2014-2017), ha venido fortaleciendo programas de ajuste estructural, utilizando los protocolos de la “vieja guardia” del neoliberalismo promulgado por Friedman, dándole primacía al capital privado sobre los bienes públicos, incentivando la explotación de los recursos naturales y la sobre explotación de la mano de obra hondureña y resaltando las estrategias regionales que contienen componentes neo colonialistas , como la Alianza para la Prosperidad, el Plan Puebla Panamá y los tratados de libre comercio como el CAFTA[3], entre otros.

Para darle un “rostro humano”, a estas medidas invasivas de explotación del recurso humano, se han promulgado diferentes políticas públicas, que vulneran los derechos laborales, conseguidos con la lucha de los campesinos y campesinas bananeros (as) en el 54, como los programas “Vida Mejor”, “Con chamba vivís mejor” y el “Plan 20/20, que es el “plan” más ambicioso, con objetivos de reactivar el aparato productivo, reducir la brecha de desempleo en el país y producir más de 600 mil empleos en más o menos 2 años y medio.

- Descripción del Plan 20/20 como política pública del Estado.

La Constitución de la República de Honduras en su artículo 245 señala que la Administración General del Estado está a cargo del Presidente de la República, además la Ley General de Administración Pública en su artículo 11 establece “El Presidente de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública centralizada y descentralizada. El presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros”.

En base a estos preceptos y que Honduras tiene una estructura presidencialista en la administración del Estado, el Gobierno de la República, propuso diferentes planes a corto, mediano y largo plazo, para reactivar el sistema productivo, en base a la visión de las normas ya establecidas como la Visión de País, Plan de Nación, Plan de Gobierno (2014-2018), que pretender trazar nuevas rutas para incentivar nuevos patrones sociales, que impliquen la reducción de la pobreza, el aumento de la producción y las exportaciones, el fortalecimiento de la educación y la salud en Honduras y el aumento del empleo, reactivando el motor productivo del país.

Con respecto al empleo, El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de 2016, indica que “el problema del desempleo en América Latina alcanzó niveles históricos en la última década: 25 millones de personas están sin trabajo. La Tasa de desempleo llegó al 8,1%, la cifra más alta de la década”. Además, este mismo informe concretizo que “Un contexto de contracción económica, también ha afectado la calidad de los empleos” (Criterio, 2016)

Específicamente en Honduras, el problema del desempleo, ha sido uno de los principales problemas que han afectado las estructuras económicas y sociales del país. Claudio Salgado, ex Gerente General del Banco Central de Honduras, dijo en una entrevista al diario tiempo de Honduras:

El desempleo en Honduras es un problema de carácter personal y social, porque la falta o pérdida de empleo ocasionan crisis familiares. La reducción de sus ingresos provoca reacciones en cadena en los ingresos de otras personas. Las cuales realizan actividades auxiliares como elaboradoras de alimentos, atenciones de aseo y otros servicios personales. Y en algunos casos los lleva a cometer delinquir. Yo creo que el gran culpable es el modelo neoliberal que venimos siguiendo desde los años 90´. En el país, el problema del desempleo, las tasas andan igual o parecidas al resto de países de Latinoamérica. Pero aquí, el problema es el subempleo donde anda alrededor del 60 por ciento” (Salgado, 2017)

Para contrarrestar el problema del desempleo y tener una respuesta definitiva a esta conflictividad, teniendo como “socio estratégico” a la empresa privada, el Gobierno de la República, ha diseñado un plan ambicioso, denominado “PROGRAMA NACIONAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO HONDURAS 2020”[4], más conocido como Plan 20/20, aprobado bajo el Decreto legislativo N. 36-2016 que busca bajo seis (6) ejes importantes reducir la brecha pendiente de empleo y “desarrollo” los cuales se enmarcan en turismo, textiles, autopartes y equipos eléctricos, Servicios de apoyo a los negocios (call center), Agro-negocios y Vivienda, con el supuesto de crear 600 mil nuevos puestos de trabajo. Otros sectores pueden incorporarse, siempre y cuando sean identificados para cumplir las líneas delineadas