Fraude en elecciones provinciales bonaerenses de 1935

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El 19 de octubre en la localidad de 6 de Septiembre, se denuncia el intento de quemar sedes radicales. El 22 de octubre la junta electoral autoriza la firma de los sobres del sufragio por parte de los fiscales de los partidos políticos antes de que el votante ejerza el sufragio. El presidente de la mesa entrega el sobre abierto y vacio firmado con su puño y letra. Los fiscales de mesa custodian la urna hasta cuando esta se entregue al encargado de la oficina de correos. Los partidos accidentales quedan excluidos de la fiscalización de las mesas.

El 20 de Octubre llegan las noticias de una balacera en General Uriburu, entre radicales y demócratas. Desde el diario se realza el clima de violencia, cuyos culpables son los dirigentes del partido oficialista, así como el candidato a gobernador y los oradores en la asamblea que preconizan el empleo de la violencia, “estas inequívocas manifestaciones oscurecen el panorama político que ya no puede ser más sobrio”[3].

El 23 de octubre, el partido demócrata, se muestra en oposición a la firma de sobres por parte de los fiscales. Sostiene que la junta electoral no tiene capacidad de modificar la ley electoral. Los radicales piden la oportunidad de supervisar las urnas en el correo.

El 25 de octubre, el diario anuncia la noticia de que la junta electoral revoca la decisión de permitir la firma en los sobres para votar, pero aprueba el pedido radical y demócrata para fiscalizar las urnas en el correo con un apoderado por partido. Al no haber firmas se daba lugar a que se realicen maniobras fraudulentas como el vuelco de los padrones. La junta revoca su decisión a pedido del apoderado demócrata, José Abel Verzura. El diario califica a la junta como indecisa y vacilante.

El 27 de octubre, la noticia que predomina en la tapa, es el robo de 59.500 libretas denunciado por la Unión Cívica Radical. El juez federal Medina al realizar el allanamiento en la casa del legislador provincial demócrata Manuel Huisi, en donde encuentra 914 libretas. Esta maniobra de incautación es llevada adelante por comisarios y caudillos oficialistas, en lugares como la Matanza, Morón, Magdalena, Navarro, Pehuajo, Nueve De Julio, Las Heras, Chacabuco, General Viamonte, General Sarmiento, Tapalque, Púan, Bragado, Balcarce, Lobería, Trenque Lauquen Y General Villegas.

El 31 de octubre, el comité de la UCR de la provincia denuncia que ninguno de los funcionarios inculpados en el entorpecimiento de la campaña electoral fue castigado por el Poder Ejecutivo. La UCR realiza el último acto antes de las elecciones en La Plata, en esta marcha, donde concurre Marcelo T. de Alvear, se avanzara desde plaza Rocha hasta plaza Italia, donde se darán los discursos. Allí Pueyrredon sostiene que de ser elegido no formulara un programa de gobierno específico, pero buscara una estabilidad institucional, equilibrio económico y armonización social, se garantizara la libertad en el ejercicio del derecho. Considera que estas elecciones son claves ya que marcara la vuelta al camino de la cultura cívica o el retroceso a una época anacrónica.

Al día siguiente de la concentración de la UCR, se concentro el PDN en el mismo lugar. En su discurso, Fresco sostiene a su partido como la consciencia cívica que fue obscurecida en 1916, pero que luego se identifico con la revolución del 6 de septiembre. El día anterior a las elecciones, el Partido Socialista realizo una asamblea donde hablo el senador Alfredo Palacios, así como el candidato a vice-gobernador Sánchez Viamonte.

Al llegar el 3 de noviembre hay gran expectativa, desde el periódico se sostiene que “estas elecciones marcaran un jalón histórico en el camino de la normalización del país”[4]. A pesar de que la lucha por la gobernación la integren 4 partidos, solo 2 partidos darán la lucha según el periódico. Con respecto a las últimas elecciones de 1931, el panorama no varió, solo por el PS que se ha incorporado, el gobierno sigue en manos de demócratas nacionales.

Estas elecciones se dan tras la reforma de la Constitución de la Provincia en 1934, que modifico el sistema electoral con el fin de modernizarlo, la mayoría de la convención decidió la elección directa por el pueblo. Este sistema se aplicara por primera vez en esta elección, en la cual el electorado ungirá gobernador directamente, por simple mayoría entre los candidatos.

Además de la elección a gobernador de dará la elección legislativa. En este ámbito la reforma equiparo la duración del mandato de los diputados con la de los senadores por 4 años. Pero en este momento de 1935 hay un régimen transitorio para una tercera parte de la cámara de los diputados, y media de la de senadores, sin mandatos coincidentes para los electos. En 100 comunas se darán elecciones municipales, se elije la misma cantidad de concejales que la que queda en ejercicio. Aquí actuaran con predominancia los partidos accidentales que son comités disidentes de los partidos tradicionales o entidades de organización vecinal. La Ley Electoral vigente permite que la totalidad de las mesas receptora de votos sean presididas por ciudadanos de filiación oficialista.

El diario sostiene que el oficialismo esperaba una renuncia del radicalismo al proceso electoral, en las horas previas a los comicios, tras todas las maniobras gestionadas como el robo de libretas, al no haber abstención solo queda recurrir al fraude.

El 4 de noviembre el diario titula que hubo un desarrollo irregular de la jornada de los comicios. Radicales y socialistas piden que se anulen la elección. Pueyrredon sostiene que no ocurrieron incidentes sangrientos porque al oficialismo “le ha preocupado el robo más que el asesinato” y a la actitud adoptada por los fiscales y electores radicales. “Ante el infortunio que sufre el país el radicalismo se tonifica y fortalece”[5]. En otro de los artículos de ese día, se escribe que Fresco, descontaba su triunfo antes, durante y después de la elección; el candidato sostuvo que “la elección se desarrollaba con gran lucha por parte del PDN y un abandono total del radicalismo por falta de electorado”.

El apoderado de la Federación Socialista Bonaerense, José Ernesto Rozas, envió a la Junta Electoral un despacho telegráfico pidiendo la impugnación de las elecciones. El apoderado de la UCR, Julio P. Aramburu redacto un extenso escrito para presentarlo en la Junta Electoral de la Provincia, pidiendo la invalidez (valiéndose del artículo 21 de la Ley Electoral, que dispone que cualquier gestión se deba realizar el mismo día del acto cívico), pero cuando concurrió al local de la junta, no había nadie para atenderlo. Por lo cual finalmente recurrió a un escribano público.

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