Violencia política: Indígenas Amazónicos

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Así, según James Anaya, el relator especial de la ONU, “[…] los pueblos indígenas se ven afectados por proyectos de extracción de recursos emprendidos por el Estado y por empresas terceras, por lo general cuando el Estado reivindica la propiedad de los recursos.” (Anaya 2013:7)

A todo esto se suma la imagen negativa otorgada por el indígena a agentes externos, a los cuales perciben como desmerecedores de su confianza debido a los intereses materialistas y egoístas que la mayoría de estos poseen. Esta percepción asimilada por el indígena surge en base a los ingresos extraoficiales y sin permiso que muchas empresas extractivas han realizado a los territorios indígenas con el fin de explotar ilegalmente los recursos que allí residen o con el objetivo de construir industrias confinadas a la explotación de los recursos mencionados sin antes haber llegado a algún tipo de acuerdo con los jefes de las comunidades indígenas y con estas en general, lo cual, sin duda, refleja el poco respeto que se tiene de sus derechos. Cabe añadir que muchas empresas extractivas, en colaboración con el Estado, han establecido acuerdos para hacer uso de la violencia contra aquellos indígenas que se opongan, ya sea verbal o físicamente, ante lo que estos denominan “progreso”. Esta situación desencadena un conflicto de mayor magnitud por tener como componente adicional a la violencia que ejercen las partes incluidas. La instrumentalización de la violencia como medio de solución trae consigo muertes y daños irremediables en el ámbito material y, sobre todo, en la dimensión emocional del indígena.

Por otro lado, a pesar de que la situación que atraviesan los pueblos indígenas resulta complicada debido a la contraposición de intereses entre estos y el Estado, ya sea individualmente o en compañía de algunas empresas, se han realizado varios esfuerzos por plantear posibles soluciones. Entre estas se halla, principalmente, la inclusión de los pueblos indígenas al mercado. Esta alternativa se encuentra estrechamente ligada con el derecho que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados antes de que se lleven a cabo actividades de cualquier índole dentro de su territorio. Así, para que la inclusión de las comunidades indígenas al mercado se realice con efectividad, es vital que las autoridades las respeten, al mismo tiempo que sean estas las que promuevan el respeto por la reglamentación de la consulta previa de los pueblos indígenas y de sus representantes. Como afirma Nieves García-Falcés, miembro del Centro de Investigación para la Paz, “Solo si los pueblos indígenas cuentan con un marco regulatorio que les permita negociar de manera simétrica con la contraparte empresarial podrán acceder a mayores porcentajes de los ingresos que se obtengan durante la explotación.” (García-Falcés 2006:14) En este sentido, las comunidades indígenas sugieren que las instituciones, compañías y diversas entidades se manifiesten de manera transparente al momento de presentar sus pretensiones. Ello implica señalar los beneficios directos para ambas partes, explicar detalladamente las posibles consecuencias ambientales y socioculturales que podrían generar la planificación y realización de proyectos de desarrollo, y consultar continuamente a las comunidades indígenas, si fuera necesario, en su propio idioma. Asimismo, el pueblo indígena demanda que, tanto el Estado como las empresas, extractivas cumplan con los acuerdos pactados de manera honesta y transparente, y que estos últimos no se comprometan con aquello que no podrán cumplir. Exigen también la creación de una corporación mixta: gobierno, comunidades perjudicadas, empresas y ONG para que la participación sea auténtica y ecuánime. Por último, las comunidades indígenas esperan que las autoridades se responsabilicen de no contribuir a la creación de divisiones entre estas. De esta manera, si todas las recomendaciones y exigencias, mencionadas anteriormente, que los pueblos indígenas demandan son cumplidas, su inserción al mercado será efectiva y se posibilitará el desarrollo y desenvolvimiento pleno de estos. Cabe añadir que, si bien existe una limitada cantidad de jefes de comunidades indígenas que han logrado obtener cargos de cierto rango dentro del mercado que se abastece de los recursos que estos poseen y que velan por que los derechos de sus comunidades sean respetados y llevados a la práctica, el rol ideal que se espera que estos puedan desempeñar es, todavía, deficiente. Esto se debe, principalmente, a que la participación de los líderes indígenas en el mercado causa en las autoridades una sensación de presión adicional por la compleja tarea que representa manejar y satisfacer, al mismo tiempo, sus propias demandas y las de los pueblos indígenas.

En segundo lugar, se plantea como posible solución el fortalecimiento de las instituciones indígenas. Actualmente, a pesar de que las comunidades indígenas cuenten con jefes que las representan, la institucionalidad indígena en el Perú todavía es deficiente, ya que se caracteriza por no ser lo suficientemente sólida: carece de peso político y de capacidad técnica. Las instituciones encargadas de velar por los derechos de los pueblos indígenas no poseen la idoneidad suficiente para implementar y desarrollar una gestión pública que concuerde con las necesidades y demandas de estos. Alicia Abanto, experta en derecho de los pueblos indígenas, señala que “La existencia de una entidad rectora en materia indígena, que tenga la facultad de formular, aprobar, ejecutar y evaluar políticas para transformar la incorporación del enfoque intercultural en las políticas sectoriales, resulta absolutamente necesaria.” (Abanto 2011:3) esto significa que, a la importancia que tiene para las comunidades indígenas que el Estado valide y respete sus derechos, se suma la exigencia por parte de las comunidades mencionadas hacia el Estado para que este asuma la responsabilidad de comprometerse a construir una institucionalidad indígena que tenga la capacidad real de velar por sus derechos. Así, las propuestas más recientes sobre fortalecimiento de las instituciones indígenas buscan transformar la manera en que se desempeña la gestión de los pueblos indígenas dentro del conjunto que incluye las gestiones de los múltiples sectores de la sociedad peruana y de las políticas públicas. Este esfuerzo ha empezado a hacerse evidente a través de dos mecanismos diferentes que a su vez se complementan. Por un lado, se ha llevado a cabo la creación de instancias y mecanismos de coordinación de sectores variados y agencias estatales cuyos objetivos estén orientados a atender las demandas y llamados de los pueblos indígenas. En el caso de Perú, este mecanismo se ve reflejado en la creación de la Comisión Multisectorial para la Protección