CASOS DE CORRUPCION EN CAMPECHE

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Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, se apoderó en menos de 1 década de la Administración Portuaria Integral de Campeche –concesionada por la SCT al gobierno del estado–, a la que Banamex otorgó un crédito por 450 millones de pesos que aún adeuda; en supuesta complicidad con la administración local, también se hizo por la fuerza de terrenos de particulares en el Parque Industrial de Ciudad del Carmen

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Además del fraude a Banamex, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Oceanografía por el agravio a la empresa Exincomer, SA de CV. Y es que el propietario de esta última, Juan Carlos Velázquez Rivas, denunció que Amado Yáñez Osuna invadió y explotó en forma ilegal un terreno de 12 mil metros cuadrados en donde operaba su negocio en el Parque Industrial Pesquero Laguna Azul, de Ciudad del Carmen, Campeche.

Los afectados han interpuesto denuncias desde hace más de 1 década ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por las concesiones violentadas por la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam); ante la PGR, por despojo y delitos continuados, asociación delictuosa y lavado de dinero; así como ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Presidencia de la República. Y han obtenido en algunos casos sentencias firmes que no han sido ejecutadas por presiones del gobierno de Campeche, indican.

Jorge Márquez, director corporativo de empresas y activos financieros del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), declara –en entrevista con Contralínea– que en medio del escándalo de corrupción que protagoniza Oceanografía han surgido diversas anomalías que en su momento deberán atender y resolver la PGR y el Sae, en función de sus respectivas competencias, por lo que invita a los empresarios agraviados a acercarse a la Procuraduría a efecto de conocer sus demandas.

Del adeudo de Oceanografía a la Apicam por más de 40 millones de pesos por servicios no pagados, el funcionario dijo que la empresa tendrá que responder de ello ante las autoridades correspondientes, pues el Sae se limita sólo al pago de los salarios de 7 mil trabajadores, a efecto de que no se detenga la operación de la empresa intervenida por el gobierno federal.

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El despojo a Exincomer

La historia del despojo conra Exincomer comenzó hace 1 década. El 10 de junio y el 11 de diciembre de 1992, Exincomer adquirió mediante la celebración de dos contratos de compra-venta con reserva de dominio (DJ/CV-RDS/63/92 y DJ/CR-DR/SCS/32/92) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a través del Fideicomiso Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (Fondecorp), los inmuebles ubicados en lote 1, manzana K, de la calle Uno Sur, esquina con Avenida Central, con superficie de 12 mil 341 metros cuadrados; y el lote 1D, manzana M, calle Uno Sur, esquina con Avenida Dos Poniente, con 6 mil 798 metros cuadrados.[pic 3]

Desde 1996, refiere Carlos Velázquez, la Apicam “de manera arbitraria” autorizó la explotación de las instalaciones de Exincomer a Oceanografía, con lo que consumó el despojo de una porción de los terrenos a través del Fondecorp e inició un proceso de revocación de la concesión sin el debido procedimiento; también permitió la instalación de puestos comerciales y el retiro de la cerca perimetral que delimitaba la zona federal concesionada, con lo cual obstaculizó las maniobras de carga y descarga hacia el mar.

“No sabemos bajo qué figura legal entregó la Apicam la zona federal a Oceanografía y a la empresa Ingeniería Subacuática, con lo cual inhabilitó nuestras operaciones en esa área, denominada Dársena 3 con muelle, mediante la ocupación de guardias de seguridad privada y el subsecuente usufructo de nuestras instalaciones con embarcaciones de ambas empresas y maniobras de carga y descarga en la zona del muelle”, denuncia Carlos Velázquez.

El abuso de poder de la Apicam, prosigue el empresario, “se ve reflejado en el oficio API-GC-DA-0169/2001 del 18 de mayo de 2001, en el que el gerente de la administración portuaria me informa que debía desalojar la fracción A, del lote 1, manzana K, porque así se lo había solicitado el supuesto propietario de ese terreno y que, según él, habíamos invadido, sin considerar que desde 1992 tenemos la posesión del mismo y los documentos que avalan la concesión”.

El abogado de Exincomer, Alejandro Donis Castro, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, en contra de Juan José Poeta Ruiz y de César Israel Lechuga Arroyo, gerente y subdirector jurídico de la Apicam, respectivamente.

Argumenta el litigante que la empresa Exincomer fue despojada del lote 1, manzana K, de la calle Uno Sur, esquina Avenida Central, ubicada en el Desarrollo Pesquero Laguna Azul en Ciudad del Carmen, Campeche, pese a que ha tenido la posesión del inmueble desde 1992, cuenta con la concesión respectiva de la SCT y el contrato de compra-venta con Banobras, lo cual quedó asentado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1994.

Donis Castro explica que si bien Banobras en ese año demandó a Exincomer la rescisión del contrato de compra-venta ante el juez Trigésimo Noveno en Materia Civil del Distrito Federal, la empresa demandada promovió una reconversión, donde demandó el otorgamiento y firma de escritura que la acredita como legítima propietaria del predio, reconversión que fue declarada procedente y se condenó a Banobras al referido otorgamiento y firma de la escritura correspondiente, mediante sentencia del 23 de enero de 1997.

Es el caso, dice, que el despojo de la propiedad de Exincomer se fraguó el 7 de diciembre de 2011, a través del gerente de la Apicam, una vez que recibió de Banobras la responsabilidad del conjunto de inmuebles que operan en el desarrollo pesquero, para entregárselo, “en calidad de rentado”, a personal de Oceanografía, empresa que de inmediato rotuló la propiedad, la cercó y metió vigilantes uniformados de la administración portuaria para custodiar el lugar.

A nombre de Oceanografía, SA de CV, se acreditaron Homero Terán Baroña y Manuel Lozano Pérez, quienes argumentaron que tenían órdenes del dueño de la empresa, Amado Yáñez Osuna, de tomar posesión del inmueble, toda vez que había celebrado un contrato de arrendamiento con el gerente de la administración portuaria, Juan José Poeta Ruiz, y el subdirector jurídico, César Israel Lechuga Arroyo.

El 17 de julio de 2012, la Secretaría de la Contraloría de Campeche