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Compra de votos en yucatan, Antecedentes

Enviado por   •  4 de Diciembre de 2018  •  2.967 Palabras (12 Páginas)  •  265 Visitas

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También cuento con los conocimientos relacionados al área electoral, debido a que laboro como Secretario de una Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral y tendré a la mano la información relacionada al proceso electoral que se avecina y el estudio se realizará en el distrito electoral en el que trabajo.

6.- Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema:

El problema con la mayoría de los estudios sobre clientelismo electoral, es que resulta sumamente difícil medir la eficacia de esta práctica, sobre todo cuando los resultados se basan en datos de encuesta La secrecía del voto puede limitar cualquier estudio respecto al tema.

Lo que nos hace falta conocer a profundidad, son las causas que llevarían al votante a ceder ante la voluntad del funcionario o candidato que le “compra su libertad”; qué le lleva al ciudadano a coaccionar su decisión; qué le permite al candidato o funcionario tener el control en el individuo.

7.- Definición inicial del ambiente o contexto:

El ambiente o contexto donde se desarrollará el estudio será el distrito electoral federal 05 del Estado de Yucatán, con sede en la Ciudad de Ticul.

8.- Alcances de la investigación:

Exploratorio.

El tema que ocupo es hasta el momento poco estudiado y no existen estudios que midan la proporción de votantes en el Estado de Yucatán que hayan optado por la compra de votos. El problema con la mayoría de los estudios sobre clientelismo electoral, es que resulta sumamente difícil medir la eficacia de esta práctica, sobre todo cuando los resultados se basan en datos de encuesta. Para ello consultaría la base de datos de la FEPADE donde se manifieste el número de denuncias respecto al tema y con base a ello realizar una investigación en campo en las casillas que han tenido en el pasado tendencias hacia ésta práctica ilegal.

Descriptivo.

La investigación posteriormente se realizará de manera descriptiva, ya que se enunciarán las características del fenómeno del clientelismo político y la compra de votos, sus variantes y modalidades en que se ha presentado en la Entidad.

Por ejemplo:

La estructura familiar es propia del ámbito rural y semi rural y se superpone a las familias y las relaciones sociales en torno a una familia con prestigio y/o poder. Podría pensarse que esta estructura utiliza o aprovecha las relaciones de patronazgo o cacicazgo. El candidato negocia con la familia o el jefe de la familia y, de resultar exitosa la negociación, la familia se compromete a votar por el candidato y a promocionar el voto en su ámbito de influencia.

La estructura casera consiste en armar una suerte de estructura piramidal, en la que un ciudadano, llamado “dueño de una casa amiga”, invita a ciudadanos a votar por cierto partido.

La estructura profesional corresponde a grupos de ciudadanos vinculados con un político profesional, con una filiación partidista. En este caso se puede identificar al bróker o intermediario político, que negocia pactos con el candidato y posiblemente aspire a algún puesto relacionado con la competencia electoral en curso.

Las estructuras mercenarias carecen de una filiación política y se ponen a disposición del candidato que les dé más. A decir del equipo de campaña, las estructuras mercenarias son las más débiles y su poder de negociación se basa en el engaño. Se puede pensar que la debilidad de estas estructuras deriva principalmente de la escasa lealtad que caracteriza la relación, la reciprocidad inmediata y de alcance muy limitado y la falta de confianza entre el candidato y la estructura.

Las estructuras particulares constituyen una buena parte del capital político de políticos locales, sin una filiación partidaria definida (en un contexto de alta debilidad institucional y organizacional de los partidos políticos) o que han quedado fuera de las candidaturas. En este caso se debe negociar con el líder o dueño de la estructura. Este puede ser otro caso de cacicazgo, sobre todo por el carácter local de la elección y la relevancia de las dinámicas políticas y de poder locales.

Y las modalidades podrían ser despensas por voto, oferta de regalos, servicios benéficos, dinero por voto, programas sociales, gestionar beneficios para la calle o colonia y la coacción.

Alcance correlacional. Se pretende determinar cómo se relaciona la falta de estudios y el bajo nivel socioeconómico en la compra y coacción de votos.

Ahora bien, basándonos en la literatura consultada, podemos mencionar algunos puntos legales respecto al clientismo electoral; González De la Vega, en su obra titulada “Derecho Penal Electoral”, nos menciona los principales delitos tipificados en el TÍTULO VIGÉSIMOCUARTO: Delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, del Código Penal Federal

Artículo 401: Para los efectos (...) se entiende por:

- Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación federal electoral integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales;

- Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales, sus candidatos y los ciudadanos a quienes en el curso del proceso electoral los propios partidos otorgan representación para actuar en la jornada electoral (...).

Artículo 405: Se impondrán de veinte a cien días multa o prisión de tres meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio del juez al funcionario electoral que:

- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de documentos relativos al registro federal de electores (...)

Artículo 406: Se impondrán de cincuenta a cien días multa o prisión de tres meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio del juez, al funcionario partidista que:

- Ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

- Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral (...)

Artículo 407: Se impondrán de setenta a doscientos días multa o prisión de tres meses a seis años, o ambas sanciones a juicio del juez, al servidor público que:

- Abusando de sus funciones obligue

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