La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, Colombia

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El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985; en la cual el Ejército Nacional entró al palacio tratando de recuperar del control del orden público.

Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos once magistrados. Once personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero.

Antecedentes

Fin del cese al fuego

Los guerrilleros, que denunciaban que el ejército hacía unos meses había roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno de Belisario Betancur Cuartas incumpliera los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984, los Acuerdos de Corinto.

El presidente Belisario Betancur se había comprometido a lograr la paz con los grupos alzados en armas. En 1983 se reunió en España con los comandantes guerrilleros del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, que constituyó la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con guerrilleros alzados en armas.

Esquema de seguridad del Palacio de Justicia

El 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados de la Corte, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Los cuatro magistrados tenían a su cargo el tema del tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos, y habían recibido amenazas de muerte por parte de miembros del Cartel de Medellín y su jefe Pablo Escobar.

En este encuentro se determinó que la Policía Nacional hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año. Los resultados del mismo se presentaron en un consejo de gobierno el 17 de octubre. Dos días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19. Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedara registrado en un documento13 del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por presunta [3] petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema. Por su parte, el coronel Pedro Herrera Miranda de la Policía dijo que había ordenado recortar la vigilancia del Palacio por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Eso es una gran mentira, primero porque el magistrado era de los más amenazados, y segundo porque no era función suya pedir el retiro de la vigilancia del Palacio, pues los presidentes de las cortes son sólo voceros, y para poder sugerir el retiro de la fuerza pública tenía que haberse reunido con su homólogo del Consejo de Estado. Sin embargo, según las investigaciones judiciales recientes, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, el Palacio de Nariño (la residencia presidencial) o el Capitolio Nacional (sede del Congreso).

Según la Revista Semana el M-19 había decidido realizar la toma del Palacio de Justicia durante la visita del presidente francés François Mitterrand para darle dinamismo internacional, no obstante, el mismo 17 de octubre, fueron arrestados dos hombres en las inmediaciones del Palacio de Justicia haciendo planos del edificio. El Palacio de Justicia fue puesto bajo vigilancia militar hasta los primeros días de noviembre, en que la vigilancia fue retirada y sustituida por vigilantes de una empresa privada de seguridad. Días antes de la toma, se almacenaron en la cafetería del Palacio Justicia unos 1.500 pollos, algo que después levantaría sospechas.

Amenazas de Los Extraditables

Los miembros del Cartel de Medellín al mando del narcotraficante Pablo Escobar y otros narcotraficantes, se asociaron para evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos, la cual estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia. El grupo de narcotraficantes se hizo llamar «Los Extraditables».

Las amenazas las hicieron entre principios y mediados de septiembre de 1985 para coaccionar o intimidar a los Magistrados y sus familiares entre los que estaba Patiño, para tratar de cambiar sus tesis y sus votos. Además de Patiño, los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985. Patiño alcanzó a recibir tres cartas y dos cintas de audio que recibió por correo. Parte de su declaración detallaba:

«...Efectivamente, en los últimos meses a partir de los primeros (sic) de septiembre me han llegado escritos que según los mismos provienen de Los Extraditables, en los cuales se me plantea la alternativa de apoyar las demandas (tres) que cursan en la Corte Suprema contra la Ley 27 de 1980, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de septiembre de 1979 o ser asesinado (o secuestrado, según ellos)».

Los extraditables.

Según la Comisión de la Verdad, uno de los sicarios de Pablo Escobar apodado «Popeye» afirmó que el M-19 fue financiado por el narcotraficante y jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar y el grupo de narcoterroristas autodenominados «Los Extraditables».

Sin embargo, antiguos miembros de la guerrilla niegan cualquier participación por parte de los narcos.

Planeación de la toma por el M-19

La toma al Palacio de Justicia fue ideada y planeada por el guerrillero del M-19 Luis Otero, mientras que el comandante guerrillero Álvaro Fayad fue el encargado de aprobar el plan. Otero ya había planeado otras operaciones del M-19, como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte y la toma de