La equidad de género ha ido cobrando importancia en la agenda de política pública internacional y nacional

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se han impulsado numerosas iniciativas de empleo y autoempleo para mujeres, así como mayores oportunidades de educación y capacitación. Se consideró que éste sería el camino no sólo para el acceso de las mujeres al sector denominado moderno de la economía, sino también sería el instrumento por excelencia para el logro de la equidad entre los sexos. La política pública generada para integrar a las mujeres al desarrollo también tuvo un importante componente demográfico. A principios de la década de los ochenta, el registro e informe de las acciones implementadas con el objetivo de mejorar las condiciones de las mujeres fueron responsabilidad de la Coordinación del mencionado Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, esta planteó la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo no exclusivamente en su papel de madres, sino también como trabajadoras y ciudadanas. Enfatizó la importancia de la capacitación de las mujeres, su incorporación en el mercado de trabajo e impartió talleres de capacitación para la producción, la capacitación, la formación profesional y el apoyo con guarderías serían a partir de entonces estrategias por excelencia para la integración de las mujeres al desarrollo. En 1996, durante el sexenio de Zedillo, en un ambiente de crisis y recorte presupuestal, nace el Programa Nacional de la Mujer Alianza para la Igualdad (Pronam), dependiendo de la Secretaría de Gobernación. A partir de 1998 dicho programa fue responsabilidad de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (Conmujer) como el “principal instrumento gubernamental para lograr que la mujer participe plenamente en igualdad de condiciones con el varón, y en forma efectiva, en la vida económica, social, política y cultural de la nación” Como se advierte en el informe presentado por la Conmujer en 2000, las acciones de política pública realizadas por el Pronam continuaron, en general, teniendo como objetivos el acceso equitativo de hombres y mujeres a la educación, al cuidado de la salud, a las oportunidades laborales y a estimular la capacidad productiva de las mujeres. Los indicadores económicos reflejaban graves problemas en el país y para amortiguar la crisis resultó muy conveniente otorgar un papel central a las mujeres en el combate a la pobreza. Partiendo de evidencia acumulada respecto a que las mujeres utilizan los recursos de manera más eficiente para el bienestar de los miembros de las familias, la acción pública se ha orientado a allegar recursos económicos y en especie a las mujeres para reducir la situación de escasez de los hogares en pobreza sin duda, la política pública y los programas diseñados para utilizar el potencial de las mujeres, iniciado en México a fines de los setenta y presente hasta la fecha, han representado un importante avance en las condiciones de las mujeres. La política pública y los programas para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, tengan un ingreso, estén mejor educadas o capacitadas no necesariamente ha tenido un efecto positivo en términos de igualdad en las relaciones de género. Dirigir la acción pública a la incorporación de las mujeres al mercado laboral no es suficiente para transformar la jerarquía de género, la cual opera con una división sexual del trabajo donde existe una lógica de subordinación, en la que las características atribuidas a los sexos determinan los sectores y las labores apropiadas para hombres y mujeres. Así, las mujeres trasladan su situación de sujetos subordinados en el hogar y en la sociedad al mercado laboral. Durante la década de los noventa en México adquiere presencia la propuesta, surgida en el escenario internacional del desarrollo casi una década antes, de enfocar la problemática de las mujeres desplazando el eje de la discusión a las relaciones y los roles de género. El término “género” ingresa al discurso del desarrollo haciendo alusión al carácter social de las construcciones basadas en el dimorfismo sexual, así como a las relaciones sociales basadas en esta diferencia, básicamente se abordan las relaciones entre hombres y mujeres como construidas socialmente, donde las diferencias de género se moldean por determinantes ideológicos, históricos, religiosos, étnicos, económicos y culturales. En México, sin embargo, la palabra “género” aparece en documentos de política pública y programas sin un significado unívoco. Para introducir una perspectiva de género en la acción del Estado en México se adopta la estrategia acordada en la IV Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en Pekín en 1995, y ampliamente utilizada: la estrategia de transversalización. Como se puede advertir, en México la perspectiva de género gestada y promovida durante más de tres décadas por movilizaciones feministas afines a tendencias de izquierda, ha sido legitimada por un gobierno conservador.

El discurso de género en el sentido acuñado por estos grupos de feministas fue reelaborado e incorporado plenamente a la plataforma política de Vicente Fox, miembro del Partido Acción Nacional, “alrededor del valor de la igualdad entre los sexos para adaptarlo a una ideología partidaria que naturaliza al género y define a la mujer como reproductora biológica y social e idealiza a la familia tradicional” De esta manera, la búsqueda por la igualdad de género fue asimilada al ideal democrático con el que arriba Vicente Fox a la presidencia de México en el año 2000. El panorama en México sobre la forma que en política pública se han incorporado las necesidades, demandas e intereses de mujeres y hombres para erradicar desigualdades de género es el de un mosaico de tonalidades entre dos extremos. En un extremo, se ubica el diseño de políticas y programas dirigido exclusivamente a satisfacer las necesidades prácticas de hombres y mujeres igualando las oportunidades de acceso a recursos. En el otro, se sitúan los intentos por incorporar una perspectiva de género orientada específicamente a transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres por medio de la identificación y satisfacción de necesidades estratégicas.

CONCLUSION

Asumir la problemática sobre el origen de las desigualdades de género es el corazón de la distinción entre uno y otro cuando se parte de la idea de que el origen de las desigualdades de género se limita al acceso inequitativo que tienen hombres y mujeres a recursos, poder y privilegios, el resultado es un diseño de acciones públicas que se dirige a equilibrar las oportunidades propiciando la incorporación de las mujeres a estructuras de gobierno o cargos relevantes en las empresas. Éste sería el caso de una política pública dirigida a promover, por