Los 12 apostoles grupo paramilitar

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Según la Fiscalía, en el crimen del conductor Camilo Barrientos, por el que es procesado Meneses, hubo una estrategia establecida por un grupo de personas, conocidas como “los 12 Apóstoles” que emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar personas que consideraban guerrilleros.

El principal testigo en el caso es el mayor hoy retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, investigado por los crímenes cometidos por ese grupo paramilitar y quien ha señalado a Uribe como uno de los jefes de ese grupo. En el proceso, el mayor Meneses declaró que se cometieron crímenes con colaboración de Santiago Uribe.

“Los 12 Apóstoles” habría comenzado su accionar delictivo en Yarumal, a donde llegó Meneses en reemplazo del capitán Pedro Manuel Benavides, quien le habría asegurado que “el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina, el jefe de este grupo paramilitar”

Meneses aseveró que durante el tiempo que colaboró con Santiago Uribe, su grupo nunca fue conocido como “Los Doce Apóstoles”. El nombre surgió en los medios de comunicación, “porque supuestamente había un sacerdote metido en ese grupo, que era el padre Gonzalo Palacios, párroco de la población.

Durante la declaración a los defensores de derechos humanos argentinos, el ex oficial de la Policía dejó entrever que al parecer el ex presidente Álvaro Uribe estuvo al tanto de los hechos narrados, en esa época Álvaro Uribe estaba aspirando a la gobernación. Santiago Uribe me decía “tranquilo que cuando Álvaro se gobernador nos va a ir mucho mejor”.

Meneses sólo permaneció tres meses en Yarumal, pero durante ese periodo se perpetraron varios homicidios en los que participaron agentes bajo su mando y presuntos integrantes de “Los Doce Apóstoles”.

El Mayor explicó que cuando llegó a Yarumal en 1993, reveló a un capitán de apellido Benavides. En su momento, el oficial saliente le dijo que tenía que apoyar a ese grupo que hacia limpieza social en la zona. Según lo contado por Meneses, Benavides le dijo que “el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe jefe del grupo paramilitar.

Meneses aseguró en esa ocasión que conoció a Santiago Uribe por medio de Benavides: “él me relaciono con Santiago Uribe, me presenta (y Santiago me dice): “mucho gusto teniente, bienvenido a Yarumal, yo tengo este grupo que va a colaborar muchísimo con usted, además de que yo necesito que usted colabore con ellos, ellos le van a dar mucha información y liberar la zona cuando usted lo necesite”.

Según el oficial retirado, quien en esa época tenía rango de teniente, acordó con Santiago Uribe que la policía los iba a encubrir y apoyar en varios crímenes: “Santiago me dice: ‘vea reciba esta plata o no, nosotros tenemos el apoyo de los comandantes de la Policía a nivel departamental y amigos a nivel nacional, nosotros vamos a seguir actuando’ y yo le dije ‘bueno pues, pa’ delante’. Ese fue el compromiso con Santiago”.

Los asesinatos cometidos por “Los Doce Apóstoles” son investigados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos a petición de las familias de las víctimas en vista de que la justicia colombiana, hasta ahora, ha mantenido los crímenes en la impunidad.

Conclusiones

- El caso fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes para encausarlo; no obstante, quedó en los anaqueles a la espera de nuevas pruebas para su reapertura, las cuales llegaron en el 2010, cuando el mayor retirado de la policía, llamado Juan Carlos Meneses Quintero, habló desde Buenos Aires, Argentina, sobre ese grupo armado ilegal, considerado de “limpieza social” y financiado, al parecer, por ganaderos y comerciantes del norte de Antioquia.

- El dar a conocer este hecho de vital importancia para un país que está harto de convivir con el miedo de que todo se tiene que solucionar con violencia. El sufrimiento de las víctimas que por más de medio siglo lloran y su único consuelo es la exigencia de que la justicia actué sobre los responsables como lo exige el ordenamiento jurídico de Colombia.