Nuevo Modelo de Desarrollo en Bolivia

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Con el transcurso de los años, el modelo de desarrollo vinculado a un Capitalismo de Estado sufre una ruptura significativa con la implementación de una política económica de corte neoliberal que le da un vuelco a las prácticas estatistas, intervencionistas y nacionalizadoras que había impuesto en su primer gobierno el MNR. En efecto, el gobierno de Víctor Paz Estensoro, en agosto de 1985 promulga con amplio respaldo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional el Decreto Supremo Nº 21060 que posibilita la liberalización del mercado y la estabilidad macroeconómica, a través del manejo de la política monetaria, fiscal, cambiaria y salarial. No obstante los “logros” que se alcanza con este “ajuste económico”, la economía boliviana no logra sustraerse de sus principales problemas que se expresan en una falta de dinamismo en la económica, una situación fiscal precaria y una insuficiencia dinámica de mayores exportaciones. La base filosófica de esta política económica neoliberal fue sustituir al Estado por el mercado como mecanismo regulador de la economía, para lo cual desarrolla un conjunto de disposiciones neoliberales que se pueden resumir en los siguientes puntos: libre uso de moneda extranjera; libre importación y exportación de bienes; libre contratación; precios de la canasta familiar fijados por la oferta y la demanda; racionalización del personal en el sector público y descentralización y disolución de algunas empresas estatales.

La aplicación del ajuste económico de corte neoliberal bajo el denominativo de Nueva Política Económica, si bien alcanzo un “éxito relativo” en su programa antiinflacionario, tuvo un costo social extraordinariamente elevado particularmente para los sectores sociales de bajos ingresos quienes tuvieron y tienen que soportar en mayor proporción el costo social de la estabilización a través de la relocalización, la inestabilidad laboral y el deterioro en el componente social del ingreso en términos de salud, educación y servicios básicos colectivos. La transición de un Capitalismo de Estado hacia una economía de libre mercado no fue una simple reorientación a determinados parámetros económicos sino que ha provocado y viene provocando profundos cambios en la sociedad en su conjunto en términos políticos, sociales, ideológicos y culturales. Asimismo, ha generado la emergencia de nuevos conflictos, actores y movimientos sociales que paulatinamente han hecho posible la reconfiguración del país en sus diferentes dimensiones.

Después de la implementación del neoliberalismo, el país sufre una profunda crisis económica, social y política. Los factores que explican esta realidad son bastante complejos y diversos siendo uno de los principales la carencia de una política estatal soberana, sostenible y consensuada, pues cada partido que ha subido al poder ha impuesto políticas sociales y económicas en base a los intereses propios y de las empresas transnacionales. Así, por ejemplo, en el primer periodo presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada, se establece un gobierno neoliberal y reformista a través de la conformación de las nuevas bases institucionales y la promulgación de las leyes de Participación Popular, Reforma Agraria, Reforma Educativa, Reforma a la Seguridad Social y la descentralización administrativa, pero tremendamente impopular y cuestionado por la “sonada” Ley de Capitalización, “la madre de las reformas” o “la madre del cordero” que fue una forma de privatización emprendida por este gobierno y que le costó al Estado Boliviano 369 millones de dólares, que únicamente llagaron a favorecer al entorno empresarial y político de Sánchez de Lozada.

Luego vino el gobierno del General Hugo Banzer Suárez, el cual estuvo marcado por el nepotismo, la corrupción y la incapacidad para solucionar la crisis económica que empezó a sentirse con mayor peso en esta gestión gubernamental. A raíz de la muerte de este mandatario, le sucede en la presidencia Jorge “Tuto” Quiroga, quien en un periodo de transición establece un tímido intento por institucionalizar las entidades públicas y diseña e implementa varios planes y programas económicas, sin lograr reactivar la economía nacional.

La crisis que sufre el país, en estos momentos y en otras coyunturas, no sólo se explica por factores económicos sino también por la falta de gobernantes idóneos y capaces de modificar los destinos del país y lograr reencauzar y revertir el daño económico del que ha sido víctima por muchos años. La clase política tradicionalmente sin madurez política, siempre se ha manejado por tácticas electorales basadas en el intercambio de lealtades por recursos o empleos públicos y a la vez siempre fue eternamente comandado por “politiqueros” que viven de la política, situación que ha dado como resultado la marginalidad de las grandes mayorías nacionales, la concentración de la riqueza y del poder en pequeñas minorías, el aumento del clientelismo, el nepotismo, el desfalco, la corrupción y la impunidad. A ello, y por si fuera poco, se agrega la ejecución de una política de violación sistemática de los derechos humanos, la aplicación de una lógica de terrorismo estatal, además de la práctica de torturas, allanamientos, detenciones y desapariciones ilegales. Así, por ejemplo, se tienen los asesinatos de Luis Espinal Camps, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal.

Las acciones “viles” desarrolladas por parte de las elites gobernantes, poco a poco, fueron hiriendo la paciencia, sensibilidad e inteligencia de las grandes mayorías nacionales. Producto de esta realidad, los sectores sociales más marginados, aquellos sectores con los que el país tiene una deuda histórica sólo necesitaban de líderes que los unificaran y que hicieran escuchar sus aspiraciones a través de diferentes movilizaciones sociales que se inauguran a fines de los ochenta, como preludio de un clima insurreccional que acabará por desatarse más temprano que tarde. Entre estas movilizaciones se tienen, entre otras, a “la Marcha por la Vida”, “la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”, la Marcha Indígena por el Territorio, los Derechos Políticos y el Desarrollo””, “la Defensa de la Hoja de Coca”, “el Febrero Negro”, “la Guerra del Agua”, “los Conflictos de Achacachi” y “la Guerra del Gas”.

Sin embargo, el retorno de la “Bolivia plebeya” se expresará con mayor fuerza y dramatismo en el segundo periodo presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. En efecto, ante las “impopulares” medidas económicas y sociales que intenta implementar para cubrir el déficit fiscal y frente al intento de sacar el gas nacional por un puerto chileno, el 8 de octubre del 2003, los alteños lanzan un