“PAPEL MODULAR DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL DESARROLLO Y EN LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA”

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LA DEMOCRACIA. Para ello, es pertinente preguntarse: ¿qué debe hacerse para superar la desconfianza y la crisis de legitimidad de los partidos políticos?, ¿cómo pueden los partidos renovarse y reconquistar el apoyo de los ciudadanos?, ¿Cómo podemos consolidad la democracia en los partidos políticos?

CAPITULO I

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

1.1 LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos son formas especiales de organizaciones políticas. No deben confundirse con otros grupos sociales como los grupos de interés o las asociaciones. Una de las definiciones más famosas de “partido” proviene del politólogo estadounidense Anthony Downs, que escribió: “Un partido político es un grupo de personas que buscan el control del aparato de gobierno a través de obtener puestos en una elección llevada a cabo de forma correcta”. Para Giovanni Sartori, catedrático por largo tiempo en la Universidad de Columbia en Nueva York, y quien es considerado como uno de los estudiosos de los partidos políticos más famosos a nivel internacional, un partido es: “cualquier grupo político reconocido oficialmente, ...que participa en las elecciones y que es capaz de postular candidatos para cargos públicos a través de las elecciones”.

En la Ley Alemana de Partidos Políticos (§ 2, Párrafo 1), los partidos se definen como: “asociaciones de ciudadanos que, de forma permanente o por largos períodos de tiempo, tienen influencia en el proceso de toma de decisiones políticas en el área federal o estatal y que desean representar a las personas en el parlamento federal o estatal, si de acuerdo con el panorama general de las condiciones reales, en particular según el tamaño y la cohesión de su organización, según el número de sus miembros y su presencia en el ámbito público, ofrecen una garantía suficiente de la seriedad de sus objetivos. Los miembros de un partido sólo pueden ser personas naturales”.

1.2 NECESIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En cualquier sociedad existen diferentes opiniones, necesidades, expectativas e ideas sobre los asuntos cotidianos, así como acerca de los “grandes” temas del ordenamiento social, sus normas y procedimientos. Existen opiniones muy diversas sobre prácticamente cualquier tema imaginable. No existe algo así como una voluntad general del pueblo o un predeterminado bien común. Por el contrario, en todas las sociedades existen intereses contrapuestos que a menudo chocan fuertemente entre sí.

Para resolver los conflictos existentes pacíficamente, el proceso de formación de opinión debe mediar en un proceso abierto de debate entre las diferentes opiniones. Para ello es necesario un mínimo de convicciones comunes. Este es el consenso democrático básico que establece que todo ciudadano tiene el derecho de representar su propia opinión en una competencia pacífica de opiniones.

Este supuesto básico, según el cual existen diferentes intereses en todas las sociedades, que en principio están justificados, se conoce como pluralismo o como “teoría de la competencia” de la democracia. Dado que existe una competencia de ideas, el proceso de formación de opinión en la sociedad pluralista debe pasar por un proceso abierto de debate entre los grupos de interés heterogéneos. Debido a la diversidad de opiniones y a los conflictos sociales, no puede existir una solución absolutamente correcta, por lo que las decisiones se toman por lo general sobre la base del principio de la mayoría. Sin embargo, no debe darse una “tiranía de la mayoría” que infrinja las reglas democráticas y viole los derechos humanos inalienables, ya que las decisiones mayoritarias también pueden implicar deficiencias o incluso estar equivocadas. Una protección de las minorías sólida y garantizada constitucionalmente, por una parte, y por la otra, el reconocimiento de la derrota en la votación o elección por el partido perdedor –siempre que se trate (en gran parte) de elecciones libres y justas–, son por lo tanto partes constitutivas de este entendimiento democrático.

Los partidos representan intereses particulares en el contexto de los conflictos de intereses resueltos democráticamente. Sólo cuando los intereses en conflicto se expresan abiertamente y los partidos reconocen el derecho que tienen los demás partidos de representar sus intereses particulares, es decir, cuando los partidos logran un consenso en lo fundamental –por ejemplo, el reconocimiento en principio de la Constitución democrática y del ordenamiento económico y social de un país–, se abre el camino para una resolución consensuada de los conflictos de una sociedad y el compromiso en el espacio político. Por supuesto, debe garantizarse la libertad del partido, es decir, la creación de los partidos debe ser libre. Sin embargo, se pueden aplicar restricciones a los partidos anticonstitucionales, pero básicamente los ciudadanos deben tener el derecho de formar un partido, de pertenecer y de operar libremente en él. La libertad de los partidos también implica que nadie puede ser obligado a afiliarse a un partido en particular ni a permanecer en él contra su voluntad, como fue y todavía es el caso en algunos países.

La afirmación de la diversidad de partidos también es una expresión del reconocimiento de la democracia pluralista.

El modelo competitivo de la democracia se opone a la visión de homogeneidad, de uniformidad de la “voluntad popular”. Esta visión se remonta al filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, según la cual cada ciudadano debería someterse voluntariamente a un “contrato social” basado en la “voluntad general” y que garantizara una convivencia social ordenada legítimamente. El ciudadano individual sería parte de un sistema estatal excesivamente venerado y con denominación neutra que haría cumplir la voluntad general y a la vez tendría el control total sobre él. En ese concepto no hay cabida para los partidos. No se considerarían legítimos porque distorsionarían necesariamente la “voluntad general” que había sido aceptada como correcta. Las desviaciones del bien común establecido y obligatorio no serían toleradas. No es casualidad que los estados totalitarios, en los que se prohíbe la diversidad partidista y en la práctica un pequeño grupo dominante define la “voluntad general”, se remitan a Rousseau. Independientemente del hecho de que en el concepto de Rousseau queda abierta la pregunta sobre quién determina la “voluntad general” y quién la decide, cabe mencionar que las sociedades modernas se caracterizan por una diversidad de intereses y cosmovisiones.