Politica criminal México-chile

...

a la sociedad, y se logre que esta persona como parte de la sociedad sea un miembro funcional de la misma, dándole así una segunda oportunidad para que participe activamente en su entorno como ser humano.

Todo lo anterior ya descrito se debe de traducir en una correcta inserción de nuevas leyes que contemplen estos objetivos, pero no solo en el ámbito penal, sino que también como un marco jurídico amplio, el cual abarca temas de; derechos del niño, derecho laboral, el tema de os derechos humanos, el derecho penitenciario, los derechos como víctima, etc. Por lo que esta política se debe de implementar desde un marco general para que pueda salpicar todas las ramas que pueden colaborar eficazmente a la correcta ejecución de esta política, y de esta forma, en concreto si se puede garantizar un resultado que satisfaga las expectativas que desde siempre se han tenido presentes. Para poder implementar esta política, de acuerdo a la sociedad en la que nos desarrollamos se tendrá que hacer de forma democrática, y realista en la cual se tienen que presentar proyectos acordes a las problemáticas que presenta la sociedad en a actualidad, de lo contrario, si se establece una política de otro país, o de una época en la cual los problemas a resolver no eran los mismos, la política será ineficiente, y no mostrara os resultados deseados. Si no se tiene una correcta política criminal, que atienda las necesidades actuales de la sociedad, esta se derrumbara, por tener políticas arcaicas lo que provocara que no exista como tal un estado de derecho y las bases jurídicas en la que se rige la sociedad a través del derecho no valdrán de nada. Por lo anterior es que, si reflexionamos sobre las instituciones que regulan la conducta de las personas en el país, tenemos como obvia respuesta, que las mismas no están preparadas para la solución de las problemáticas que surgen en el país, por lo que estas están superadas por las conductas que pretende regular en muchas de las veces, así se tendríamos que solucionar el problema de raíz, y la forma más lógica de hacerla, sería a través de la implantación de nuevos entes jurídicos, con la debida preparación para afrontar las controversias del orden que se le asigne, así como también a las instituciones se les asigne un área de competencia y que la misma se rija con las nuevas políticas que se replanten.

Ahora bien, la política criminal no es otra cosa que política pública especializada en un ámbito en específico, la cual tiene al igual que la pública, objetivos, programas para lograr dichos objetivos, así como personal capacitado y enfocado en la realización de los mismos, la política pública comprende varios rubros dentro de los cuales está la criminal, la cual está catalogada dentro de los fenómenos de delincuencia a tratar, por ser dañino para la sociedad así que se le da un rubro de relevancia elevada.

Por lo que hace a la política, como ciencia según lo citado en el texto por Harold Laswell, es una multidisciplinaria, y multimetodica, por lo que se deben puntualizar los procesos, las opciones y los resultados esperados siendo estos estudiados para un mejoramiento del mismo, y determinar nuevos objetivos, y considerar nuevas reformas en las practicas jurídicas de un estado.

Para mejor aplicar la política criminal, el estado debe asignar autoritariamente a los servidores públicos que llevaran a cabo los catos tendientes a hacer cumplir la misma, por lo que se debe de determinar las acciones que pueden realizar dichos servidores, como lo es la practica más letal con la que podrán actuar dichos servidores en contra de los gobernados, por lo que ateniendo a lo referido por el principio de legalidad, “Los que no está expresamente permitido para la autoridad, le está prohibido, y lo que no este prohibido expresamente para el gobernado le está permitido” , por lo que es menester delimitar dichas facultades, y así el gobernado tendrá herramientas para hacer valer sus obligaciones, pero la autoridad o el estado como tal, tendrá fundamentos lógicos que motivarán su proceder, en contra de los gobernados.

Si se cuenta con una política criminal efectiva, estaríamos en presencia de un Estado en el cual sus miembros son realmente activos, y existe una participación destacada en los gobernados, de acuerdo al estado democrático, por lo que dicho Estado se destaca de ser competitivo, transparente en el sentido de poder hacer partícipes sus conciudadanos y que de esta forma estén enterados de los movimientos necesarios que realiza el estado del que forman parte, por otra parte se vería altamente beneficiado el aspecto económico, en el sentido de que se tendría la confianza de invertir capital extranjero en territorio nacional sin que exista una incertidumbre de ser necesariamente inseguro el país en el cual se invierte, y por lo consiguiente se tendría una alta cifra en cuestión de empleos dentro del territorio, ya que con las inversiones de los extranjeros en el pis, se vendría a la alta la cifra de personas que cuenten con empleo digno y que son capaces de absolver sus gastos, así también nos veríamos inmersos en un país en el cual el aspecto jurídico es notoriamente eficaz, y sus legislaciones serían de alta gama, en cuanto a la aplicabilidad en el estado actual en el que se encuentra la sociedad. Sin embargo, para lograr lo anterior, es menester que el Estado como ente que gobierna a la sociedad, logre concretar una participación democrática ciudadana satisfactoria, y de calidad, debido a esto, y con la participación activa de los gobernados estaríamos ante un ente gubernamental que es capaz de mantener un estado de derecho en base a la legislación que rige al pueblo, sin necesidad de llegar a los extremos que contemple la ley, para obligar a los ciudadanos a cumplirla.

Para lograr que la política criminal pueda ser eficiente, como se mencionó antes se debe de tener en cuenta las demás políticas del orden social, ya que en base a ellas se puede lograr una correcta aplicación dela política criminal en concreto, esto de acuerdo al estado actual que guardan las conductas de los gobernados en el entorno.

Nos podemos percatar de una mala implantación y aplicación de la conducta criminal en México, a partir de la etapa de investigación llevada a cabo en el Ministerio Público, y en la cual por el mal estudio de esta política y la incorrecta aplicación orilla a ordenar la medida cautelar más sebera por lo que hace al indiciado, que en este caso es la prisión preventiva, por lo que nos damos cuenta que estamos frente a una mala etapa de investigación en a cual carecemos de elementos, tanto teóricos como prácticos de la materia, para poder aplicar de forma eficiente una buena política criminal. Lo anterior crea una problemática grandísima en el Estado, ya que afecta