ANIQUILACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA MEDIANTE EL ARTÍCULO 923 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE

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En estas condiciones, los obreros se percataron que nada tenían que esperar del Estado, que por lo contrario, sería el enemigo a vencer. Así, el proletariado escenificó una de las más hermosas gestas libertarias: la batalla de lo humano contra el capital y sus aliados, ciegos a la necesidad de las familias, a la dignidad del hombre y a los valores éticos que integran la idea de justicia.

Es de todos sabido que en un principio muchos factores se opusieron a la creación de un ordenamiento jurídico que regulara la huelga como instrumento de lucha obrera, entre ellos se pueden citar los postulados o doctrinas del individualismo y del liberalismo económico y político, la primera no reconocía la vida de los grupos sociales, ni consecuentemente la existencia de un interés colectivo y la segunda, pretendía que el Estado no solamente se abstuviera de intervenir en la vida económica, sino que exigía del propio Estado barriera los obstáculos, como la coalición obrera, que se opusiera al libre juego de las fuerzas naturales económicas. Otro factor fue la burguesía que siempre propugnó por la libertad de industria y se atrevió a elevarla a la categoría de los derechos naturales del hombre, que ni el Estado, ni los particulares podían ejecutar acto alguno que pudiera vulnerarla. Asimismo el derecho civil, al regular el contrato de trabajo como contrato de arrendamiento, hacía imposible cualquier medida de presión sobre el patrón a quien se consideraba creador e impulsor natural de la economía.

En el año de 1877, el General Porfirio Díaz asumió por primera vez la Presidencia de la Nación y a través de sucesivas reelecciones impuso la paz por espacio de treinta y cuatro años. Esto favoreció el progreso de la República en los ramos más importantes de su economía, aumento de la producción de plata y oro, inversiones de capitales extranjeros, construcciones de ferrocarriles, impulso a la industria de transportes, nuevas rutas comerciales, fundación de bancos y modernización de las ciudades. Fue prosperidad evidente para la burguesía, los terratenientes y grupos acomodados, pero la misma no llegó a los campos, ni al taller, ni a las fábricas.

Las condiciones económicas del peón de las haciendas y de los trabajadores de las ciudades eran miserables; mal vestidos, desnutridos, extorsionados con prolongadas jornadas de trabajo y salarios bajísimos. Se encontraban inconformes, acariciando el momento de su reivindicación, sus sentimientos latentes de rebeldía incubaron malestar y odio contra los explotadores y privilegiados.

Hubo dos momentos históricos de la dictadura porfirista con relación a las huelgas de obreros: uno de tolerancia durante la plenitud del régimen y otro de represión en sus postrimerías.

En el primer momento tuvieron lugar muchos movimientos de huelga que el régimen toleró, no obstante la prevención del artículo 925 del Código Penal de 1871, tales como los realizados en agosto de 1877 en el distrito de Tlalpan, al iniciarse el régimen porfirista y en el Distrito Federal en los años de 1878, 1879 y 1884, hasta terminar el siglo XIX. A principios del siglo XX se llevaron a cabo importantes huelgas ferroviarias, mismas que se realizaron al margen de la Ley Penal vigente de la época y que hicieron posible que el artículo 925 cayera en desuso, “pero no como una actividad dadivosa del régimen porfirista en favor de los obreros, sino como válvula de escape donde se canalizaban las ansias de mejoramiento de los trabajadores y así mantener inalterable la plenitud de la organización capitalista mexicana”[2].

En el segundo momento, al inicio del ocaso del declinar el régimen porfirista, los movimientos huelguísticos fueron reprimidos con crueldad asesinando a obreros indefensos, tal cual ocurrió con las huelgas de los mineros de Cananea, Sonora en 1906 y de textileros de Río Blanco, Veracruz en 1907. “En ambos casos no se aplicó el artículo 925 del Código Penal de 1871 porque había caído en desuso, pero se recurrió al empleo de la fuerza bruta, de la violencia e inmolamiento de seres inermes, para elevar al paroxismo al poder de un régimen que comenzaba a tambalearse, porque su progreso económico era ficticio y tan solo relumbrante en el exterior”[3].

El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero asumió la Presidencia de la República y con ello el movimiento obrero tuvo un claro despertar. Creó la oficina del trabajo, dependiente de la Secretaria de Fomento, especialmente con el fin de que el Gobierno interviniera en la solución de los conflictos huelguísticos, lo que motivó que estallaran una serie de huelgas como natural resultado del nuevo orden de cosas, lo cual el capitalismo extranjero aprovechó para presionar al Presidente Madero que restableciera la paz y el orden que Díaz estableció en su momento; “Madero accedió a las exigencias y dominó algunos movimientos por medio de actos represivos en contra de los trabajadores, quienes ante tal actitud, rompieron definitivamente con él, declarándose apolíticos”[4].

Sin embargo y a pesar de que Madero tuvo la intención de iniciar una nueva etapa en el proceso histórico de la huelga, ésta no fue considerada como derecho.

Llega al poder Venustiano Carranza en el año de 1916, que fue un año difícil para los trabajadores, quienes con los salarios que recibían en papel moneda emitido por el gobierno constitucionalista, tenían que adquirir productos que los comerciantes calculaban en oro. Sin embargo, consiguieron un ligero aumento en sus salarios en el mes de mayo, derivado de una huelga de los electricistas, los tranviarios y otros gremios. Mejoría que se diluyó, pocos días después, como resultado de la permanente devaluación de la moneda. Lo único que podía poner remedio a esta situación, “era que se pagara a los obreros en monedas de oro o con su equivalente en “papel infalsificable” y los obreros así lo solicitaron declarándose por sorpresa en huelga general en el Distrito Federal el día 31 de julio de 1916. De inmediato se suspendieron los servicios de energía eléctrica, agua potable, tranvías, funerarias, transporte, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal, teléfonos, fábricas y talleres en general"[5].

Con engaños, Venustiano Carranza, hizo que fueran a su presencia los miembros del comité de huelga y al recibirlos en Palacio Nacional, los injurió soezmente, los llamó traidores a la Patria y los acusó de estar en connivencia con los yanquis, pues, según él, habían paralizado las labores en la fábrica de armas y cartuchos, de inmediato los dirigentes fueron conducidos a la Penitenciaría del Distrito Federal a disposición de las autoridades militares. El último en ser aprehendido fue Ernesto