Análisis Fallo Arriola

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- Resuelvo.

La Corte suprema resolvió, volviendo a utilizar argumentos de “Bazterrica”, dejar sin efecto la sentencia apelada, a favor de la despenalización del consumidor de estupefacientes, declarando la inconstitucionalidad del artículo 14 (segundo párrafo) de la ley 23.737.

- Opinión personal.

En lo referido a la penalización de la tenencia para consumo personal se plantea una peligrosidad, debido a que se incurre a una restricción a los derechos que son amparados por nuestra constitución, ya que el Estado agranda su poder restringiendo el campo de la libertad individual. Son normas que solo amparan o brindan un mayor beneficio grupos sectoriales que buscan ocultar el verdadero problema o la raíz del mismo, que es el narcotráfico, y a su vez consiguen la opresión y discriminación de las clases más propensas a ser consumidores. En casos como “Montalvo” se penaliza una conducta privada donde no hay daño a terceros o alteración del orden público, amparados en el hecho de que la penalización desalentaría o cortaría la cadena de distribución. La realidad es que penalizando el consumo, el Estado se quita la responsabilidad de rehabilitar a los ciudadanos con problemas de adicción y destina recursos que, en vez de ser utilizados en centros de rehabilitación, son destinados a acciones punitorias y centros de detención los cuales al contrario de solucionar el problema lo incrementan y marginalizan a las víctimas aún más. El consumo de drogas es un problema social que afecta la salud de los involucrados y como tal no puede recibir como solución una respuesta penal que lo único que logra avasallar y contrariar los derechos básicos de los consumidores. De esta manera se ha venido desconociendo la realidad del consumo y la drogodependencia. Como lo expresa el Dr. Zaffaroni “el procesamiento de usuarios (...) se convierte en un obstáculo para la recuperación de los pocos que son dependientes, pues no hace más que estigmatizarlos y reforzar su identificación mediante el uso del tóxico, con claro perjuicio del avance de cualquier terapia de desintoxicación y modificación de conducta que, precisamente, se propone el objetivo inverso, esto es, la remoción de esa identificación en procura de su autoestima sobre la base de otros valores”.

Lo que se debe buscar es que el individuo sujeto a un problema de adicción encuentre la forma de rehabilitarse y mejorar su salud, implementando políticas sanitarias responsables y no encarcelando a los consumidores. Después de más de una década desde el caso “Montalvo” se vislumbra que los argumentos utilizados para la condena un individuo con tenencia de estupefacientes para consumo personal no soluciona el problema del narcotráfico y que dichas políticas han fracasado.