Apuntes derecho administrativo.

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En el caso de que un servidor público de los contemplados en el artículo 110 Constitucional cometa un delito de los exclusivos señalados por el título décimo del código penal federal, se llevará a cabo solamente en la cámara de diputados una declaración de procedencia, la que consistirá en el hecho de que de confirmarse en primera instancia, esto es ante el ministerio público federal la probable responsabilidad penal del individuo se procederá en el órgano legislativo, previa denuncia del MP a quitarle el cargo que dicho servidor ostenta a fin de ponerlo a disposición del MP y posteriormente del juez penal correspondiente, para que cumpla la sentencia que se le dicte.

El procedimiento administrativo disciplinario se inicia de conformidad con el artículo 21 de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos con el citatorio que se le envía al servidor público que se considera probable responsable de la comisión de una falta administrativa o incumplimiento de una de las obligaciones a que hace referencia el artículo octavo de la ley en cita; dicho citatorio tiene por objeto la comparecencia del servidor público del que se trate en la audiencia de ley donde presentará o hará valer sus alegatos y las pruebas que considere convenientes. Por su parte la doctrina considera que el procedimiento administrativo disciplinario se inicia con la investigación que debe llevar acabo el órgano interno de control una vez que recibe la queja, denuncia o querella en contra de un servidor público o entidad donde se desempeña. Dicha queja o denuncia puede ser presentada por cualquier persona sea servidor público o no.

Insuficiente los 45 días solicita otros 45 días para decidir; por lo tanto, el tiempo máximo de que dispone el OIC son 90 días hábiles fatales; terminado este término se deben tomar la decisión de sancionar o no al servidor público involucrado; en caso de ser sancionado éste el OIC turnará la canción al jefe inmediato superior al superior jerárquicos, a la tesorería de la federación o a la Contraloría general según la gravedad de la sanción para que se ejecute de inmediato. Se acuerdo con lo anterior el procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: investigación que incluye a la denuncia, queja o quererla, citatorio o audiencia de ley, decisión o ejecución calificación de la sanción y ejecución de la misma.

El servidor público sancionado tiene por disposición de la ley la opción de recurrir al órgano interno de control para que revoque dicha sanción, o bien promover ante el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa el juicio de nulidad correspondiente, para efectos de que la sanción quede totalmente anulada; sin embargo el tribunal puede resolver el juicio en cualquiera de los 3 siguientes motivos: confirmar, modificar o revocar anulándola la sanción impuesta por el OIC, en caso de que el tribunal confirme la sanción de que se trate, el servidor público puede promover un amparo directo ante el tribunal colegiado en materia administrativa como tercera y última instancia.

El día 7 de diciembre de 1959 el presidente Adolfo López Mateos envió al congreso la iniciativa de reforma al artículo 123 de la constitución para crear el apartado b relativo a los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y a los gobiernos del D.F y territorios.

El apartado b del 123 entró en vigor el 5 de diciembre de 1960.

Reglamento de condiciones generales de trabajo. Titulo iv capítulo II

Condiciones generales de trabajo: son reglamentos.

El titular del ejecutivo con fundamentos en el artículo 89 frac I de la constitución delega en cada uno de los titulares de las 17 dependencias del gobierno federal o secretarias de estado la facultad de elaborar cada 3 años el reglamento de condiciones generales de trabajo de sus respectivas dependencias, para efectos de conceder a los sindicatos y a sus trabajadores de base las prestaciones laborales a que tengan derecho, de acuerdo a las conquistas llevadas acabo por los citados sindicatos. Las condiciones generales de trabajo con en el sector público el equivalente a los contratos colectivos de trabajo del sector privado; ninguna condición general de trabajo es igual a otra, tienen que ser diferentes para que tengan plena validez; esta, la otorga el tribunal federal de conciliación y arbitraje quien es el órgano facultado por la ley federal de los trabajadores al servicio del estado para darle al reglamento de condiciones la vigencia que requiere, una vez que este se publique en el DOF, como lo establece el artículo iv de la ley federal de procedimiento administrativo.

El aguinaldo cuenta también con algunas diferencias de regulación, respecto del caso de los trabajadores en general, la ley burocrática o ley federal de los trabajadores al servicio del estado, en su artículo 42 bis señala: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos de la federación, el cual deberá pagarse en un 50% en un 50 pr ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 a más tardar el 15 de enero del siguiente año, equivalente a 40 días de salario por lo menos sin ninguna deducción.

En caso de que el trabajador labore menos de 6 meses en un año, tendrá derecho al pago proporcional del aguinaldo correspondiente.

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