Colombia y la irracionalidad colectiva.

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Una de las partes o aspectos más delicados expuestos en el texto, es ‘’La orientación político criminal y rasgos ideológicos en las recientes reformas penales’’. Que si se indaga y se aborda el tema con profundidad podemos ver la legislación tan contradictoria que tenemos en Colombia, de esta manera los procesos y la aplicación de las leyes se ven directamente afectados.

Cuando se recurre a la actualización legislativa, ésta que se viene haciendo hace aproximadamente 20 años, porque según los fiscales y los demás individuos competentes de hacer dichas modificaciones; se debe adecuar a: ‘’las necesidades de modernización y adecuación de la legislación para una sociedad cambiante, que ha evolucionado considerablemente desde la década de los ochenta’’. Pero la pregunta es…

¿Cuál evolución? Si desde que Colombia fue golpeada por la ‘’Década Dorada’’ del narcotráfico (las décadas de los 70 a los 90, la era de Pablo Escobar para ser más específicos) no ha podido renacer por completo de sus cenizas. Colombia sigue siendo manipulada por los grupos al margen de la ley y las secuelas que estos dejan, pero cómo no ser manipulada si los parlamentarios que la sociedad tiene respaldándolos son solo delincuentes de cuello blanco que apoyan estos movimientos debido a manifestaciones monetarias e intereses propios; sin pensar en la prioridad, LA SOCIEDAD.

Esto se percibe a leguas cuando se lee la descuidada redacción de las modificaciones en leyes y códigos penales, se debe tener en cuenta que a veces muchas de estas modificaciones se hacen a espaldas de la doctrina nacional o simplemente de forma innecesaria. Qué más se puede esperar si en vez de rebajar la pena mínima, se aumenta, y la máxima se disminuye, si no se le da la prioridad a la sociedad, si no, a intereses y rivalidades personales, donde en vez de fortalecer la capacidad investigativa del estado, se oculta la incapacidad. Tienen procesos como condenas, condenas sin procesos, y se desnaturaliza las funciones directas y básicas de los sistemas; como por ejemplo se tiene el Proceso penal como primera estancia, cuando debería ser la última. (El arma de guerra más usada)

Una doctrina central en el ámbito de derecho penal es el populismo punitivo que tiene como función defender los intereses del pueblo (ésta no es para fines políticos o procesales). Sin embargo, este populismo en Colombia no ha tenido mayor efecto puesto que no ha generado un aumento de confianza en el sistema penal.

Pero cómo confiar en un sistema penal colombiano si nada más trayendo al caso la situación del conflicto armado, ya se puede observar una confusión entre las mismas leyes, como la ley 975/2002 (la ley de justicia y paz) que mediante la sentencia 306/2006 fue abolida, puesto que se temía que generara violaciones a los derechos; dado que en Colombia uno de los mayores problemas de la justicia penal es la investigación y era imposible llevar a cabo una investigación por el proceso previsto, teniendo así como único medio los hechos que las personas involucradas desearan confesar. Es ésta una de las razones por las cuales el mismo pueblo colombiano no confía del todo en su sistema y comienza a buscar sus propias alternativas para hacer respetar sus derechos.

Estas alternativas mencionadas anteriormente se hacen necesarias para el ciudadano en Colombia puesto que los índices de criminalidad en nuestro país son muy altos tanto así que las personas en las más grandes ciudades suelen sentirse inseguros en sus propias calles.

Abarcando ya el ámbito de la legislación penal, se conoce que el actor principal de ésta es la fiscalía general de la nación quien es la encargada de investigar y acusar a los posibles responsables de un delito, pero la fiscalía tiende a confundirse en su rol, ya que, ejerce funciones propiamente de la policía basándose en la reforma legal. Lo que nos permite evidenciar otra falencia del sistema penal.

El proceso penal legislativo también habla de una deliberación, pero ésta es quizás otra falencia de este proceso puesto que en Colombia es irrelevante, es decir, casi no existe porque está deliberación plantea que se debe realizar un análisis antes de tomar una decisión para considerar los pro y los contras que ésta traería.

Todo esto gracias a la ineficiente, irracional e inmoral manera de aplicar y ejercer las leyes, los códigos penales y demás herramientas que deberían amparar a la sociedad.