Condicion mas benefica.

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reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que se más favorable al trabajador, que la nueva norma que ha de aplicarse.

En este sentido debemos anotar que ha sido a partir del tránsito entre la Constitución de 1886 de enfoque meramente institucional, y la de 1991de enfoque claramente antropocéntrico.

Este cambio de enfoque, no sólo modificó la estructura del Estado y de sus instituciones sino que además, y quizá más importante, sino la manera como estas instituciones se relacionan con los asociados, es decir, como las distintas fases de la actividad del Estado favorece o perjudica a los ciudadanos, más concretamente en su actividad laboral.

En el ámbito del Derecho laboral colombiano, la doctrina y la jurisprudencia hacen referencia al rango constitucional de este principio al deducirlo del inciso final del artículo 53 de la Constitución Política ; sin embargo, el hecho de que no haya una norma que establezca este principio de forma expresa y clara implica que lo expuesto hasta ahora encuentre distintas limitaciones y dificultades de orden teórico.

En primer lugar, se presenta una imprecisión teórica ya que la condición mas beneficiosa se suele asociar al principio de progresividad, debido a que ambas figuras buscan que las normas posteriores no empeoren la situación de un derecho respecto de la norma que la precede, sin embargo, cada uno lo hace de forma diferente tal como lo advierte JARAMILLO JASSIR (2010. P.247):

El principio de progresividad… tiene una innegable relación con el principio de la condición más beneficiosa… sin que puedan confundirse ni considerarse tautológicos. La condición mas beneficiosa es un principio que gobierna la interpretación y aplicación de tránsitos normativos, dirigido al operador jurídico, mientras que el principio de progresividad es un parámetro de comportamiento constitucional dirigido al legislador cuando adelante reformas de las normas laborales.

Adicionalmente, la progresividad se diferencia de la condición más beneficiosa en las facetas en que se exterioriza, ya que, por una parte, contiene la obligación para los Estados de brindar niveles de protección cada vez mayores y, por otra, “la prohibición de adoptar medidas y, por ende, sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación objetiva de los Derechos de […] los que gozaba la población” a menos que medie una justificación plausible para tal desmejora (HERRERA VERGARA, 2011, p.88).