EL NUEVO PROCEDIMIENTO ACUSATORIO ADVERSARIAL

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Como bien se sabe, se cree que nuestro país, figura en uno de los países deficientes en la impartición de justicia, nuestras leyes en materia penal no tiene la eficiencia ni la eficacia suficiente para lidiar con los problemas en esta materia, lo cual es preocupante no solo para el sector social sino también para el gubernamental. En ambos sectores se ha hecho notable la necesidad de afrontar dichas problemáticas. El sector gubernamental, por su parte propone una reforma constitucional, dentro de estas propuestas era establecer los juicios orales en nuestro sistema penal.

Frente a la poca capacidad de resolución de conflictos del sistema de impartición de justicia del país y las problemáticas que perturban el orden social fue necesario hacer una reforma constitucional al sistema de justicia penal de México. Se modificaron 10 artículos constitucionales (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, las fracciones XXI y XXII del artículo 73, la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna).

Los cuales en conjunto establecieron en nuestro país, la implementación de los llamados juicios orales, además de una nueva manera en que se combatirá a la delincuencia organizada, y la ejecución de sanciones, el actual modelo de readaptación social y la creación de jueces de vigilancia o ejecución penitenciaria; todo esto en un lapso máximo de 8 años para que esta reforma se lleve a cabo en toda la República.

Cuando se implementa algo nuevo sin duda, se enfrenta a la incertidumbre del funcionamiento y en el proceso se conocerán las ventajas y desventajas que conllevan los procesos, a esto también se le atribuyen los retos, las debilidades convertirlas en fortalezas.

Se considera que con este nuevo sistema la etapa de investigación de delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional, de manera que se pueda ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia transparente, respetuoso de los derechos humanos y que proteja con mayor eficacia sus derechos, acentúa también

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que con las facultades de investigación que le otorga a las policías, permitirá contar con herramientas más útiles a fin de preservar la seguridad pública, los ciudadanos gozarán de un sistema eficaz y transparente de protección a sus derechos, tanto el inculpado como las víctimas, las autoridades tendrán nuevas herramientas constitucionales para combatir a la delincuencia organizada, se establecerán medios alternativos de solución de controversias, se sientan las bases para crear una defensoría pública más eficiente y profesional con lo que se terminara con historias en las que muchas personas iban a la cárcel por no contar con los recursos para pagar un abogado, y con ello tener acceso a la defensa adecuada.

Algunas críticas negativas que se pueden mencionar giran en torno a que los juicios orales tendrán que estar implementados en la totalidad del país en el año 2016, pero es evidente que la falta de recursos para adoptar un nuevo sistema penal en nuestro país es una de las principales causas de un débil avance en una implementación total, tomando en cuenta no solo los gastos que representan la construcción de la infraestructura, sino también los que representan la capacitación para los abogados y jueces.

Otras críticas en contra, son que en materia de seguridad pública, los recursos aportados a las distintas instituciones encargadas de la aplicación de justicia del país, reciben muy poco del presupuesto de egresos de la federación que anualmente se hace, motivo por el cual la mayor parte de los estados de la república no tiene avances en materia de implementación de juicios orales, por otra parte, considerando desde luego que la economía del país no está del todo bien. Otra de las criticas es que desde el año 2008 se aprobó la iniciativa y apenas son 4 los estados de la República que ya han logrado avances concretos en la materia pero aún sigue la implementación en marcha, lo cual es preocupante ya que, a como están las cosas actualmente en el país, no se tiene la esperanza ni la certeza de

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realizar en 5 años, que son los restantes, una implementación total para la introducción del sistema oral ya que la gran mayoría de los estados no tienen ningún avance respecto a esto.

De los estados que han logrado cosas importantes en la implementación de la reforma de justicia penal y seguridad pública, podemos mencionar al Estado de Nuevo León, que es una de las 4 entidades federativas que presenta avances importantes. En el 2003 aplicó varias reformas a su código de procedimientos penales con la que introdujo los juicios orales solo para delitos culposos no graves y en el 2006 volvió a modificar el mismo código introduciendo ahora, los delitos dolosos no graves, como objeto de juicios orales. Desde Octubre del mismo año, el Estado de Nuevo León busca establecer estos juicios para todos los delitos.

Chihuahua por su parte, es otro de los estados que tiene avances en la reforma. Es el primer estado que cuenta con un nuevo código procesal penal integral de tipo oral, público, acusatorio y transparente y según expertos internacionales en la materia, señalan que este es uno de los códigos más avanzados y vanguardistas de América latina, mientras que los Estados de Tamaulipas, Veracruz y Jalisco son algunos de los estados que cuentan con un código en elaboración o en proceso de su aprobación.

La realidad hoy en día es que nuestra manera de aplicar el derecho no es la adecuada y si se desea que el país cambie en estas cuestiones, se debe comenzar con los cimientos que dan vida a nuestra cultura jurídica, es decir comenzar con cambiar la Constitución que en este caso, ya se ha logrado reformar parte de ella, pero no basta con cambiar sus disposiciones, o agregar más que representen experiencias de otros sistemas jurídicos, si no también hacer lo que en ellas se establece.

Mencionada la anterior información, también se agrega a algunos de los retos a los que se puede enfrentar estas nuevas modificaciones.

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Con el procedimiento escrito, delegando en los secretarios la atención de las audiencias, un juez puede procesar y resolver 400, 500, 600 o más casos al año. Pero, si el juez y todo el personal del juzgado se dedican única y exclusivamente a atender un proceso a la vez, su capacidad se reduce drásticamente. El resultado, a corto plazo, es la creación de un rezago de proporciones monstruosas. La justicia se paraliza.

Pero, ante este problema solo hay dos posibles