Inmigración: Diálogos entre el imaginario, la historia social y las leyes

...

Como la Constitución Nacional fomentaba la inmigración, se le otorgaba a los extranjeros los mismos derechos que a las personas nacidas en Argentina, esto contribuyó al desarrollo de una representación positiva sobre los inmigrantes europeos, porque ellos venían a poblar y a traer la civilización.

Con el tiempo este discurso y esta representación se fue modificando por las dinámicas sociales y por como esto contrarrestó el principal objetivo de la ley Avellaneda. Junto con las representaciones las normativas van cambiando, cuando el extranjero no vino a “civilizar” sino a “alborotar” se fueron ciñendo el alcance de los derechos a los que podían acceder.

Por ello en 1902, el Congreso Nacional aprobó la ley de Residencia y Extrañamiento de Extranjeros (Nº 4.144, de 1902), “que autorizaba al Poder Ejecutivo a ordenar la salida de “todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público” y a detenerlo hasta el momento del embarque” (Clase 3 “Derechos y trayectorias migratorias).A partir de esta normativa se evidencia como la construcción social de extranjero va cambiando según los intereses de los gobiernos de turno, cuando los inmigrantes incomodaron el orden social, la ley les otorgó un estatus diferente y así lo que antes era reconocido como derechos en ese momento se vio restringido por los intereses que entraban en juego. Tambien en 1910 la ley de Defensa Social (Nº 7.029) “prohibió el ingreso de quienes hubieran sido condenados por delitos comunes, de “anarquistas y demás personas que preconicen el ataque contra las instituciones”, así como de quienes hubieran sido expulsados en el marco de la ley de Residencia.” (Clase 3 “Derechos y trayectorias migratorias).

De esta manera las leyes pasaron de ser estables a ser aleatorias y cambiantes, esto se consolidó hasta la década del 60 dificultando así los procesos inmigratorios de personas pertenecientes a países limítrofes, otorgándoles así un estatus social marcado por la discriminación y la desigualdad de oportunidades. Esto se debe que la ley permitía el acceso de los extranjeros pero como turista, no como residente estable, esto provocó que no puedan acceder a derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.

Esto se reforzó con la Ley Videla (Nº 22.439) en 1981: “Esta ley estableció que las escuelas medias o superiores sólo podrían inscribir como alumnos a los extranjeros debidamente documentados, y obligaba a hospitales y otros organismos administrativos a denunciar ante la autoridad migratoria a los residentes irregulares.”

Esta normativa se fortificó con dos reglamentos sucesivos: el primero de ellos en 1987 (gobierno de Alfonsín) y el segundo en 1994 (gobierno de Menem). Ambos dificultaron aún más la regularización migratoria de las personas extranjeras (que podían ingresar como turistas sin mayores dificultades). En estos reglamentos se exceptuaba a las personas que eran especiales o que tenían un interés especial para el país, como provenir de países europeos o de Norteamérica.

Es importante resaltar como las formas en que construimos los imaginarios sociales están fuertemente ligados a los procesos políticos y legales. Un prejuicio, una valoración no es inocente conlleva consigo voces que traspasa el momento presente, son voces cargadas de historia y de diversos procesos que nos exigen pensar, sentir y actuar de manera diferente ante los extranjeros.