LA TUTELA Y PERSPECTIVA DE SU REFORMA

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tal separación, ello con el fin de asegurar el respeto del precedente de carácter general, y el de los fallos de tutela, los cuales no obstante tener hoy en día carácter obligatorio, suelen ser desatendidos no solo por los jueces en sus providencias sino por las autoridades que una y otra vez persisten en la vulneración de derechos fundamentales, viéndose los ciudadanos avocados a tener que acudir una y otra vez al mecanismo no obstante haberse resuelto sobre la materia, verbigracia, los casos de la salud y pensiones.

En este punto se requiere que la jurisprudencia deje de ser un mero criterio auxiliar para los jueces y en cambio establecer mecanismos para asegurar, bajo apremio de sanciones, que las autoridades públicas resuelvan los asuntos de su competencia de acuerdo con las líneas jurisprudenciales vigentes frente a casos similares. Es decir rebasar el marco de obligatoriedad del precedente de los jueces hasta las autoridades públicas, y aun los particulares cuando tienen incidencia en el marco de los derechos fundamentales de las personas.

Sectores de la doctrina y de la jurisprudencia nacional, argumentan que la tutela no necesita modificaciones y en cambió aconsejan respetar la jurisprudencia que se ha forjado a su alrededor.

Han dicho que la tutela no requiere modificaciones sustanciales. Consideran que lo relevante es que los jueces respeten y acaten la jurisprudencia, sin que sea menester que deba reformarse la Constitución para prohibir la tutela contra sentencias judiciales, porque eso implicaría despojar a los ciudadanos de una de las garantías básicas que tienen frente a los abusos de parte de las autoridades judiciales.

Es necesario que se respeten unas reglas básicas en materia de tutela contra sentencias judiciales, como por ejemplo, que como requisito de procedencia de la acción de tutela se agoten todos los recursos existentes en el ordenamiento interno, que las tutelas se presenten dentro de unos términos razonables y que no se presten a unas interpretaciones personales que hagan los jueces de la ley.

En Colombia se han presentado los denominados “choques de trenes” los cuales se han suscitado cuando los jueces, incluso la Corte Constitucional y demás altas cortes, desconocen su propia jurisprudencia en relación con la procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, de tal manera que se crea una inseguridad jurídica y una vulneración del principio de la confianza legítima, proveniente desde los mismos órganos de cierre de las jurisdicciones.

Un papel preponderante adquieren en este escenario las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, puesto que las herramientas de la informática jurídica aplicadas al derecho permitirán una mejor memoria, y un mejor control sobre la concreción e intangibilidad de los precedentes .

De manera que la principal conclusión a la que se llega estudiando someramente el asunto es que la acción de tutela si necesita reformas las mismas deben orientarse a su fortalecimiento y a la dinámica de su evolución garantista, pero en ningún caso que por vías de reformarla se pueda ver afectado este instrumento de singular importancia en el marco de los derechos fundamentales de los colombianos.

Es decir, la dinámica de la acción de tutela no escapa a la tradición jurídica occidental en la medida que sus reformas no podrán en ningún caso significar un retroceso en la evolución de los derechos fundamentales, sino por el contrario una oportunidad más para reafirmarla y consolidarla como una de las instituciones sustanciales del estado social de derecho.