LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI

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La Universidad Pública es vista como un obstáculo para la empresalización de las Universidades, pues aplica el método de libertad académica (La libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente la propia opinión sobre la institución o el sistema en el que se trabaja) y por lo tanto no se ajustan a las condiciones o exigencias de la economía.

Por supuesto que la educación superior y la Universidad Publica en Colombia no son ajena a esta problemática. La cobertura de la Universidad Publica en Colombia en las últimas dos décadas ha generado una fragilidad en la parte financiera, dando como resultado, que empiece a disminuir el acceso y la cobertura, y por tanto la calidad de la educación sea nula, aumentando la brecha científica y cultural frente a otras naciones, incluso frente a las de la región y creando cualquier cantidad de barreras para acceder a la educación pública.

El Estado dejo hace mucho tiempo de preocuparse por educación pública y por esto en el Gobierno de Cesar Gaviria se firmó la famosa Ley 30 de 1992, que abrió paso de manera insistente en que lo educativo debía ser orientado por las leyes del mercado. Una solución que distorsiono la relación de la educación superior con el estado, y que en lugar de crear las condiciones para mejorar la calidad, provoco la legitimación de instituciones muy bajo perfil académico y la implementación de programas mediocres que disfrutan de un mercado libre, con serias deficiencias de competencias académicas, y con inversiones mínimas. Esta concepción neoliberal y mercantil de apertura educativa, es precisamente de lo que trata el autor en su investigación y que en Colombia se implementó con la Ley 30 de 1992.

En conclusión la Universidad Pública y la Educación Superior está en una crisis de legitimidad, hegemonía e institucionalidad, que posiblemente de no tomar las medidas necesarias, puede afectar a miles de estudiantes en un futuro no muy lejano, puesto que el gobierno no tiene intenciones de reformar la educación superior y lo que busca es privatizar la educación, negando el acceso a los jóvenes al derecho constitucional y humano a la educarse, ofreciendo créditos educativos que se convierten en un karma y en el cual se termina pagando al Estado y este se termina lucrando por un deber del mismo Estado que es el de educar a la sociedad con los impuestos de todos.