La nueva ley universitaria ha generado un nuevo debate
Enviado por monto2435 • 23 de Abril de 2018 • 817 Palabras (4 Páginas) • 491 Visitas
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No obstante, la Policía les detuvo el paso dada la prohibición de realizar protestas en las inmediaciones del Congreso, lo cual generó algunos forcejeos sin consecuencias que lamentar.
A pesar de ello, los participantes de la marcha de protesta pacífica dejaron sentir su oposición a la norma que beneficiaría a los rectores universitarios reacios a acatar lo señalado en la Ley Universitaria.
Portando pancartas en contra de la denominada “ley Cotillo” -en alusión al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro Cotillo- los estudiantes exigieron al Congreso mandar al archivo la polémica ley, presentada por legisladores del Apra y apoyada por el fujimorismo.
Al conocerse la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de postergar para la segunda semana de diciembre el debate de esta norma, los manifestantes cuestionaron con severidad este hecho y coincidieron en que la intención es desviar la atención de la opinión pública, a fin de intentar aprobarla en un momento más apropiado.
No obstante, aseguraron que se mantendrán vigilantes para exigir al Congreso derogar la ley cuestionada por diversos sectores.
El acceso a las universidades públicas y privadas no es el mayor problema de la educación superior (aunque muchas la brinden en condiciones deplorables), sino su baja calidad educativa. De allí que en el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2013-2014 sobre educación superior el Perú ocupe el puesto 134 de 148 países. El reflejo de esto es la insuficiente formación de jóvenes profesionales capacitados que puedan incorporarse al competitivo mercado laboral. Vacío que, por cierto, comienza a ser suplido por jóvenes profesionales extranjeros.
La necesidad de una nueva Ley Universitaria, pues es evidente que, del mismo modo que existen excelentes y buenas universidades, también hay de las otras: malas y hasta pésimas.
Lamentablemente, estos supuestos buenos propósitos se han intentado alcanzar afectando la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a la autonomía universitaria y a la modificación de términos contractuales a través de leyes.
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