Premilitar. En la Venezuela del siglo XX, la crisis que vivían los partidos afecta las bases del Estado.

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En efecto, debe recordarse que el primer período de nuestra historia política, el del Estado Independiente y Autónomo que se inició con el Congreso Constituyente de 1811 y se reconstituyó en el Congreso Constituyente de 1830, a partir de 1848 ya había entrado en crisis y concluyó en medio de la gran violencia que acompañó a las guerras federales. El período siguiente, el del Estado Federal que se inició con la Asamblea Constituyente de 1863, producto precisamente de la ruptura constitucional que originaron esas guerras, entró en crisis definitiva a partir de 1892 y concluyó con la Revolución Liberal Restauradora. El tercer período, de nuestra historia política, el del Estado Centralizado autocrático, que se inició con la Asamblea Constituyente de 1901, entró en crisis después de la muerte de Gómez y concluyó con la Revolución de Octubre de 1945.

El sistema político ideado en la Constitución de 1961 para operar la democracia, fue el de un Estado Centralizado de Partidos. Ahora, cuatro décadas después, para reforzar la democracia, no sólo el Centralismo tiene que desmontarse mediante la descentralización política, sino que el Estado de Partidos establecido mediante el Pacto de Punto Fijo de 1958, tiene que convertirse en un Estado Participativo, donde no sean los partidos políticos los únicos vehículos de participación popular ni sean las únicas sociedades que pueden tener representación política.

La reforma del régimen político, por tanto, tiene que abrir paso a nuevas formas de participación política; a la reforma de los partidos políticos, su distribución territorial y la superación del centralismo democrático que los ha regido, y a la reforma del sistema electoral de manera que los partidos políticos cesen de tener el monopolio de la representatividad, y que la elección pueda conducir a un sistema de gobierno que permita la constitución de mayorías. De allí, por ejemplo, la propuesta de la segunda vuelta tanto para la elección presidencial como para la elección uninominal de los congregantes.

El fin de cada uno de dichos períodos histórico-políticos fue provocado por una guerra, un golpe de Estado o una Revolución, que surgió como única salida para que se produjera el cambio inevitable que en cada caso era necesario. En medio de la ruptura y de la violencia, en cada caso, una Asamblea Constituyente fue el instrumento político para que en 1863, 1901 y 1946 se reconstruyera el sistema político con nuevas bases de gobernabilidad, producto de un pacto constitucional en el que obviamente tuvieron preponderancia los triunfadores en los conflictos.

En 1999 puede decirse que ha concluido el cuarto de los grandes períodos políticos de nuestra historia constitucional, el del Estado Democrático Centralizado de Partidos que fue instaurado a partir de 1945 y reconstituido en 1958, habiéndose iniciado el cambio que es inevitable, en esta ocasión, afortunadamente por obra de la elección democrática y popular de 1998, y no por un golpe de fuerza y con violación de la Constitución, como había ocurrido en el pasado. En esta forma, hasta ahora, democráticamente se ha iniciado una revolución, es decir, un proceso de cambio radical de un sistema político que concluyó, para el establecimiento de otro sistema político que tenemos que luchar porque continúe siendo democrático.

Es precisamente, como consecuencia de esta revolución no violenta y democrática, que se ha convocado a la Asamblea Nacional Constituyente para establecer las nuevas bases de gobernabilidad democrática para el futuro.

Justificación económica

Toda Constitución, además de una Constitución Política, contiene una Constitución Económica que establece las bases del sistema económico en el cual el Estado y los particulares participan. La Constitución de 1961, en tal sentido, concibió las reglas de la Constitución Económica con bastante flexibilidad, lo que le permitió al Estado petrolero no sólo establecer barreras para promover la sustitución de importaciones sino para intervenir e invertir en toda suerte de actividades. Sustentada en la renta petrolera la Gran Venezuela, o Venezuela Saudita se vio abocada en una gran crisis a finales de la década de 1970 e inicios de los ochenta, provocada por la caída de los precios de los hidrocarburos. A partir de entonces, y sin dudar que aquel sistema nunca funcionó, comienza a sentirse el franco deterioro de la democracia venezolana, que se refuerza con la creciente ola de corrupción, ineficacia institucional y los serios problemas de funcionamiento del aparato estatal. La crisis social y los continuos encontronazos entre las fuerzas políticas, gobernantes y la sociedad civil desencadenarían un profundo proceso de deslegitimación, que encontró en la Constitución de 1961 el punto más vulnerable.

Cuarenta años después, a fin del Siglo XX y en medio de la globalización, el régimen constitucional tiene que simpatizar a la reducción del Estado empresario, mediante la privatización de industrias, servicios y actividades; a la promoción del comercio internacional y aumentar la competitividad y la capacidad de inversión de los particulares.

El sistema tributario también tiene que redefinirse, para que deje de ser petrolero orientado, buscando crear la conciencia de contribuyente de la cual carece el venezolano, por la distribución del Estado de su propia riqueza petrolera. Hay que revalorizar el principio de la solidaridad social para la colaboración de los particulares en la prestación de servicios que en principio son obligación del Estado, con el objeto de superar el paternalismo de Estado que tanto nos pesa.

Una vez que la nueva Constitución venezolana entró en vigencia, las inmensas conquistas democráticas y económicas adquiridas para el beneficio de la sociedad civil prevalecieron con creces sobre las anteriores propuestas constitucionales de la historia del país, lo cual, en suma medida, también indicó la superación de las expectativas de la Asamblea Constituyente, órgano consiente que era el momento oportuno para recrear nuevos patrones normativos económicos y políticos de interrelación entre el Estado y sus ciudadanos:

“… el Constituyente de 1999 evitó dogmatismos ideológicos en relación con los roles que deben jugar el Estado y el mercado en la economía y evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, establece las bases para la formación de una economía de respeto a la acción individual. En ese sentido, tal y como lo plantea la referida Exposición de Motivos, lo que se persigue es un equilibrio entre Estado y mercado, en razón de que el problema no es la medida