Proyecto de seguridad social para familiares de policias fallecidos

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Ahora bien, cuando se presentan casos extremos, como el de funcionarios fallecidos en el cumplimiento de su labor, el problema tiende a agravarse, ya que, por lo general, este funcionario constituye el sostén principal de su hogar y al desaparecer físicamente se pone en riesgo la seguridad social del núcleo familiar dependiente de éste, entendiéndose como seguridad social “la garantía de que cada individuo posea un nivel de vida adecuado y suficiente para el desarrollo de sus actividades vítales, físicas e intelectuales” (Padrón, 2006, p.41)

Bajo esta perspectiva, las autoridades policiales encargadas de garantizar este derecho social a los familiares de los funcionarios fallecidos en servicio, deberían aunar esfuerzos para lograr el pleno goce y disfrute de beneficios económicos para los dolientes, pues en muchos casos se han formulado denuncias relacionadas con la escasa o nula asistencia que se le brinda a estas personas, colocándolas en una situación de riesgo social. Es evidente que esta es una problemática que debe ser atacada a objeto de darle respuesta a esas necesidades que sufren los familiares de los policías fallecidos.

En estricta conexión con el discurso que vienen es un hecho que la (s) persona (s), es decir, el ser humano, tiene derecho, tanto individual o en la relación que establece con los demás, a hacer legítimamente lo que conlleve a los fines de su vida, tener facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o autoridad establece a su favor; con la libertad de realizar determinados actos, de gozar de determinadas cosas y de reclamar a la colectividad, a las demás personas determinadas prestaciones.

Desde este escenario, la seguridad social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad. Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo.

En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de este. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado. Visto así todos los trabajadores de las empresas públicas como privadas tienen el derecho de estar amparados por la Seguridad Social, ya que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y otras leyes especiales.

En este mismo orden de ideas, la seguridad social del funcionario policial juega un papel primordial, siendo que la misma, es fundamental para que el individuo pueda tener garantía para la satisfacción de sus necesidades, así como para el desarrollo social, económico de su núcleo familiar. Por ende, la seguridad social es un factor de equilibrio económico, progreso y desarrollo del funcionario y sus familiares directos y es porque se ha convertido en un ingrediente esencial para el acceso a la calidad de vida del funcionario una vez éste pasa a ser jubilado o pensionado o para sus familiares cuando éste fallece por cualquier motivo, para disfrutar de los elementos del bienestar que la seguridad social ofrece.

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad. Más específicamente, Hernández (2006), señala que la seguridad jurídica “…es la garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos, y si estos llegaran a producirse, la sociedad les asegura protección y reparación” (p. 129).

En relación con esta idea, desde el punto de vista jurídico, Venezuela se presenta en la actualidad ante una profundización del estado de derecho democrático replanteado en el texto constitucional vigente desde 1999, entendido como Estado destinado a garantizar la seguridad social de las personas, como lo establece el artículo 86 de nuestra carta magna.

Como al igual lo estipula la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en su artículo 4. “La seguridad social es un derecho humano y social fundamental e irrenunciable, garantizado por el Estado a todos los venezolanos residentes en el territorio de la República, y a los extranjeros residenciados legalmente en él, independientemente de su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta, conforme al principio de progresividad y a los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las diferentes leyes nacionales, tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por Venezuela”.

Por otra parte, en los últimos años se incrementó la muerte de policías por parte de ciudadanos que se encuentran al margen de la ley, en años 2013, 2014 y 2015 se evidenció un incremento notable en el asesinato de efectivos de la policía de varios cuerpos de seguridad, que no distingue rango o jerarquía dentro de las estructuras de las instituciones policiales. Junto a la violencia criminal, también se hace necesario agregar a las víctimas de la violencia política, en especial durante el primer trimestre de 2014. (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz; 2015)

En el año 2013, fueron asesinados entre policías y militares 266 funcionarios, en el 2014, la cifra llegó a 286 y en el 2015 más de 300 en todo el país, siendo el área metropolitana de Caracas la zona con más violencia para los funcionarios, calculando que desde el año 2010 hasta la presente fecha han muerto de forma violenta más de 800 funcionarios entre policías, militares y escolta, solo en la gran caracas.

Tomando en consideración los párrafos anteriores, se plantea hacer un estudio en la Policía Municipal de Chacao, para conocer las características que definen la aplicación de la seguridad social de la familia del funcionario policial, específicamente los familiares directos hijo (s), hija (s), esposa (o), padre, madre, cuando el funcionario o funcionaria policial activo (a), jubilado (a) o pensionado (a), fallece de cualquier forma, en servicio, franco de servicio, de forma violenta, por accidente o por enfermedad y cómo se ampara a los sobrevivientes,