Rol del Estado Chileno en la sociedad.

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Una propuesta interesante que serviría para caracterizar en que se encuentra el Estado Chileno en la actualidad es la propuesta por Titmus, el cual hace una diferencia entre Estados de Bienestar Residuales e Universales o Institucionales. Señala que “En los primeros el Estado solo asume la responsabilidad cuando ha fallado la familia y el mercado, procura hacerse cargo de los grupos sociales marginales o necesitados. El segundo modelo se dirige a toda la población, es universalista y abarca un compromiso institucionalizado de protección social”.

Ya se habló sobre los fundamentos teóricos en los que se sustenta el actual modelo en el que se encuentra inmerso el estado, pero no se han desarrollado mayormente cuales son las implicancias fundamentales de este desarrollo político-económico, en el cual el estado como se dijo antes, no posee un rol preponderante que pueda hacer frente realmente a las desigualdades que produce este sistema en la sociedad chilena.

Diremos que el modelo actual es neoliberal, aunque anteriormente no hayamos sido tan tajantes con el concepto, a fin de simplificar la explicación. Este modelo fue instaurado, como se ha reiterado varias veces en este ensayo, durante la dictadura, en este periodo se privatizaron varias empresas públicas, quedando aún en mayor evidencia las ganas que se tenían de reducir el rol del Estado. Estas empresas fueron compradas a precios sumamente bajos por personas de la elite de la época, quienes posteriormente incrementaron sus fortunas gracias a esta compra. En general se puede decir que éste fue un buen periodo para la elite de derecha especialmente, ya que pudieron aumentar sus riquezas durante esta época. Sin desviarnos del tema, sabemos que este modelo se sustenta en el mercado y en las inversiones de privados, por lo que favorece a los empresarios del país, ya que ellos pueden regular el mercado a través de los precios, creando de esta manera monopolios, oligopolios, holdings, cadenas de mercados, empresas tan poderosas en general, que otorgan empleo a casi la mayoría de la población. Entonces, si el Estado decidiese por alguna razón implementar medidas para evitar o sancionar colusiones, fraudes, evasiones de impuestos, etc, estas empresas amenazarían con retirarse del mercado, dejando así a un sin número de trabajadores desempleados, provocando desempleo y una caída en la productividad del país y en su economía. De esta manera el país sufre una desaceleración económica que genera un descontento por parte de la población, no solo de aquellos que se encuentra cesantes, sino que también de aquellos que temen perder sus empleos. De esta forma las grandes empresas ejercen presión sobre el Estado, quien no se remite a más que un rol residual, otorgando beneficios a aquellos que resulten más damnificados con este sistema.

Además de las presiones que ejercen las elites empresariales al Estado, éstas se vinculan con los medios de comunicación, por lo que los ideales que la prensa comunica son aquellos que desean transmitir las familias más acomodadas del país, ideas que refuerzan el modelo actual y que atacan cualquier cuestionamiento a reformas mínimas que se le puedan introducir. De esta forma se coloca en tela de juicio la transparencia informativa y el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva para tomar sus decisiones. Incluso se puede observar que en el ámbito informativo existen desigualdades en la población.

“Según un estudio realizado por la OCDE Chile es el país de esta organización con más desigualdades en los ingresos, y es uno de los que presenta las mayores brechas en los ingresos entre los 10% más ricos y el 10% más pobre, todo esto medido por el coeficiente de Gini. Observando esta estadística en detalle el coeficiente de Gini en Chile es del 0.05, en una escala que va del 0 al 1, donde 0 es la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno), es decir, el país está en medio de este índice, pero muy por encima de países como Islandia, que presenta un índice de Gini de 0,24 o de Noruega (0,25), Grecia (0,34), EE,UU (0,38), y así la lista suma y sigue”. (Martner) Los datos señalados anteriormente dejan en evidencia lo que se ha señalado a lo largo de todo este ensayo, la brecha económica que genera el actual modelo sobre el que se sustenta el sistema político-económico y social del país. Esta inequidad no solamente se basa en temas financieros, sino que también en aspectos sociales, culturales, políticos, educativos, de salud, de previsiones, etc.

En resumen y para finalizar cabe destacar que en Chile aún no existe un sistema de protección social generalizado para la población, sino que las políticas sociales que se implementan están básicamente focalizadas en los segmentos más pobres. Este sistema genera que gran parte de la población quede fuera de los programas de bienestar públicos, provocando muchas veces desprotección de los sectores medios y medios bajos ante posibles crisis económicas.

“Estas carencias generan claras diferencias respecto a la calidad que ofrecen los servicios estatales. Por un lado existen los servicios de carácter focalizado, subsidiarios, asistencialistas y estigmatizadores para quienes ingresan en los programas de bienestar social, y por otra parte se encuentra el mercado, a cuyos servicios se accede de acuerdo a los niveles de ingresos económicos, y que están dirigidos a las clases medias y sectores acomodados del país”. (Olmos & Silva) Esta diferenciación refuerza el dualismo en la estructura de clase, donde los sectores con mayores ingresos resuelven sus necesidades de educación, salud, vivienda en el mercado, con altos estándares de calidad, y por otro lado los sectores menos privilegiados intentan resolver sus necesidades de bienestar social a través de las políticas sociales del Estado, que debido al presupuesto con el que cuenta y a los amarres institucionales de la lógica neoliberal a los que está sujeto, le resulta muy difícil, por no decir imposible, poder entregar los mismo estándares de calidad y cobertura que ofrece el sector privado, reforzando nuevamente de esta forma la desigualdades sociales existentes en nuestro país.

Conclusión

Se podría decir que las reformas económicas insaturadas en el régimen militar del general Augusto Pinochet generaron como consecuencia que Chile pasase de tener un Estado Benefactor a un Estado Subsidiario. El Estado pasó de ser el ente que asignaba los recursos que demandaba la población a ser el encargado de tapar los hoyos que genera el actual modelo de desarrollo económico, cuyos afectados principalmente son las clases medias bajas y los