Según lo estipulado en la Constitución Política de Costa Rica el estado se divide de la siguiente forma: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

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La Defensoría de los Habitantes

La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor que forma parte del Poder Legislativo. El fin de esta institución es el de velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos.

Servicios que brinda la defensoría:

Defensa de Derechos:

Según el Macroproceso de Defensa de Derechos, la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica brinda los siguientes servicios a las personas usuarias que solicitan la intervención institucional:

Orientación y Asesoría al Habitante

Gestiones Previas

Intervenciones Sumarias

Atención Inmediata

Investigación por Denuncia

Investigación de Oficio

Recomendaciones

Recurso de Reconsideración

Seguimiento a las Denuncias por Hostigamiento Sexual

Censura Pública

Procesos Interinstitucionales

Participación en Audiencias Públicas

Solicitud de Criterio sobre Proyectos de Ley

Intervención en el Ámbito Legislativo

Promoción de los Derechos Humanos

Hacia una Cultura de Diálogo y Paz

Mediación Social

Misión, visión, valores Institucionales

Misión: Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.

Visión: Seremos una institución dinámica y fortalecida; accesible y regionalizada, con legitimidad e incidencia en todo el país; eficiente en la utilización de las herramientas del ordenamiento jurídico; innovadora de sus estrategias de intervención para que sean acordes a la realidad nacional; contribuyendo así al mejoramiento de la gestión del sector público y a la calidad de vida de las habitantes y los habitantes.

Valores Institucionales

Justicia: Dar a cada cual lo que le corresponde, sin ningún tipo de discriminación, para reconocer y garantizar los derechos y oportunidades de las personas, de manera que se respete la dignidad humana.

Solidaridad: Capacidad de comprender, cooperar y apoyar de forma efectiva a los demás para su bienestar y la consecución del bien común.

Respeto: Reconocer, entender, aceptar y valorar la dignidad de cada persona en su diversidad.

Antecedentes de la figura

La figura del Ombudsman nace y se desarrolla en Suecia. Desde un inicio la misión de este funcionario consistió en ejercer una estricta vigilancia para asegurar el cumplimiento de las leyes y las normas existentes, además de velar porque los servidores públicos cumplieran con sus obligaciones. Para cumplir este cometido, este funcionario podía recurrir y plantear cualquier tipo de acción ante los Tribunales de Justicia.

En un inicio este Procurador era designado directamente por el rey. Sin embargo, como producto de una serie de revueltas que se produjeron en Suecia en 1809, se dictó una nueva Constitución que incluyó en su artículo 96 la designación del Ombudsman por parte del Parlamento. Según dicho texto constitucional, el Parlamento debía designar a un jurisconsulto de "probada ciencia y de singular integridad" encargado de controlar la observancia de las leyes y velar porque los funcionarios las cumplieran en el ejercicio de sus funciones.

Casi inmediatamente, la figura del Ombudsman fue incorporada al régimen jurídico-político finlandés y más adelante, ya entrado el siglo XX, se difundió por el resto de los países nórdicos. Luego pasó a formar parte del sistema institucional de Nueva Zelanda y de ahí la figura del Ombudsman fue difundida por los países anglosajones; posteriormente se extendió a Francia y España. A partir de ese momento, su difusión alcanzó gran cantidad de países, incluyendo más recientemente a los del Continente Americano. No obstante que estas instituciones conservan la esencia originaria, la figura ha sido en cada caso adaptada a las exigencias propias del sistema social, político y jurídico de las sociedades que la adoptaron. Ello ha sido posible gracias a la flexibilidad que presenta y a los rasgos que la caracterizan.

Reseña Histórica

La incorporación de la figura al sistema institucional costarricense fue parte de una tendencia que se desarrolló desde muchos años atrás.

En un inicio, la Procuraduría de Derechos Humanos, creada como órgano de la Procuraduría General de la República en setiembre de 1982, cumplió funciones de defensa de derechos humanos. En la misma ley en que se creó la Procuraduría, se estableció la figura del Procurador del Consumidor. Posteriormente, se crearon el Defensor de Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del Registro Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. Más adelante, en el seno del Ministerio de Justicia, se crearon las instancias específicas para velar por la tutela de los derechos de la mujer y de la infancia. Este proceso tomó fuerza con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley No. 7124) que vino para crear lo que se denominó la Defensoría General de los Derechos Humanos. Esta Defensoría se creó como un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y tuvo como función la protección de los derechos humanos, por lo que se dividió en seis órganos específicos: Defensoría General, Defensoría de la Mujer, Defensoría de la Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría de los Internos del Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional.

La importancia de que, conforme lo señala la