Tu gobierno te vigila

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Al escuchar esta interesante postura es necesario aportar el siguiente ejemplo del libro:

“….en el pasado ningún Estado tenía el poder necesario para someter a todos sus ciudadanos a una vigilancia constante. Sin embargo, el invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparto, terminó la vida privada. Todos los ciudadanos, o por lo menos todo a aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las veinticuatro horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior.” Página 201.

Con esto supe que en el libro, el Gran Hermano obtiene los datos de cada uno de los habitantes de Oceanía, superpaís ficticio donde se desarrolla la obra, a través de la tecnología de punta optimizando así los recursos del Partido y obteniendo mayores beneficios aunque para lograrlo tenga que violar la Intimidad de los individuos. Al respecto, el derecho a la intimidad forma parte de la primera generación de Derechos Humanos, en virtud de que fue reconocido antes del nacimiento de los derechos sociales; hoy incluye la prohibición de intervenciones telefónicas, revelar información personal y realizar grabaciones no autorizadas. En nuestro país, teóricamente, el Artículo 16° constitucional garantiza el derecho a la intimidad de todo mexicano al castigar la intromisión de terceros en las comunicaciones privadas, sean de forma escrita, telefónica o por cualquier otro medio.

A pesar de ello, de acuerdo con Animal Político, una revista especializada en la política de México y miembro activo de Méxicoleaks, nuestro país es el principal cliente de una empresa que vende software para espiar. La lista de clientes es amplia, puesto que incluye desde instancias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN-Secretaría de Gobernación), la Policía Federal y la Marina Armada de México hasta Procuradurías, Gobiernos de diversos Estados e incluso Petróleos Mexicanos. Estas dependencias gubernamentales pagaron alrededor de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años a la empresa italiana Hacking Team, por el software “Remote Control System”, programa que se instala en teléfonos celulares y permite extraer información de ellos.

Bajo esa misma tesitura, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, las Agencias del Ministerio Publico, Fiscalías Estatales y Órganos de Inteligencia están facultados para realizar intromisiones en comunicaciones privadas. No obstante, Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Baja California, señala que estas acciones forman parte de una serie de medidas implementadas por el gobierno para limitar las garantías básicas, al tratar de regular los comportamientos, interferir en comunicaciones privadas o geolocalizar un teléfono celular sin dar mayores explicaciones. Acorde con su opinión, uno de los principales motivos para estar preocupados es que las corporaciones policiacas y los Agentes del Ministerio Público encargados de ejecutar las intervenciones en comunicaciones privadas son instancias llenas de corrupción e incluso vinculadas con el crimen organizado. “Estamos frente a un Estado semiautoritario donde los derechos humanos cada vez se restringen más”, señaló.

En el libro, se hacen notar algunos aspectos y conductas que se mencionan en el anterior trabajo de investigación y que a continuación cito:

“La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro, era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la Policía del Pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez. Pero, desde luego, podían intervenir su línea cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir –y en esto el hábito se convertía instinto- con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serías observados.” Página 10.

Con lo anterior estoy en la posición de pensar que vivimos constantemente vigilados por instancias al cargo del Poder Ejecutivo del país, de hecho a nivel nacional todas las instituciones gubernamentales y sus dependencias se encargan de recabar información, desde la Secretaria de Gobernación, de Educación, de Salud, de la Defensa Nacional, hasta la de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Esta última es la que más agobia a los mexicanos y les genera muchos dolores de cabeza.

Así lo sostiene Luis Manuel Pérez de Acha, experto en derecho fiscal y constitucional, abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al mencionar que a partir de la información que nosotros proporcionamos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la que es suministrada por terceros con los que nos relacionamos, las revisiones electrónicas son una poderosa herramienta de fiscalización, a tal grado que las autoridades tienen toda la información relacionada con el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, resultado de la contabilidad electrónica, movimientos bancarios y las declaraciones mensuales y anuales. Solo se escapan de su conocimiento las operaciones que celebramos con el sector informal.

En ese tenor, Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, afirma que las disposiciones de la Ley Aduanera contemplan que las aerolíneas deberán informar a las autoridades hacendarias todo lo referente a quienes viajen al extranjero, como su nombre y apellido, número de boleto, asiento, maletas, peso de las mismas, acompañantes, forma de pago, itinerario y hasta el tipo de servicios que solicitan. Por consiguiente, señala que este tipo de prácticas invaden la privacidad de los usuarios y en este sentido es un atentado a los derechos humanos, al derecho a la privacidad; él considera que es algo innecesario, abusivo