Unidad I El mercantilismo contemporáneo en México

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Este tratado trajo como resultado que una parte del intercambio entre México y Estados Unidos quedara libre de aranceles, para la importación de vehículos los aranceles se redujeron a la mitad, como entre otros aspectos el TLCAN culmino el proceso de apertura de la economía mexicana.[5] A raíz de esta apertura comercial el sector externo de la economía mexicana ha crecido, hoy en día las manufacturas crean el 85% de las exportaciones de mercancías, las importaciones de bienes intermedios también han incrementado. Sin embargo, en la actualidad mercantilismo se hace presente ya que el gobierno protege a las industrias de la competencia, ya que estas generarán empleos y bienestar basados en las utilidades de los productores, logradas a través de las ventas a precios ventajosos. En cuanto a el bienestar de los consumidores este se da por su poder de compra el cual se ve manipulado a los intereses de los negociantes aliados del gobierno, lo que para los trabajadores significa, mantener elevados los márgenes de utilidad para los productores, es necesarios las reducciones de los salarios reales mediante devaluaciones de la moneda que, los cuales se suponen tienen el objetivo de restaurar temporalmente la competitividad perdida de los productores nacionales frente a sus competidores externos. En la actualidad podemos ver al mercantilismo en la manipulación gubernamental de precios y mercados en beneficio de los productores y en las afectaciones a los consumidores en el tipo de cambio, los salarios, las restricciones a la importación y al ingreso de nuevos competidores al mercado.

Desequilibrio y saldos en México

[6]La economía mundial ha enfrentado cambios permanentes en los últimos 40 años. El progreso tecnológico en comunicaciones y transportes redujo distancias y costos de producción, lo que modificó las formas tradicionales de organización laboral, la circulación y el consumo de bienes y servicios. También transformó la organización social con respecto a otras precedentes que garantizaban mejores equilibrios a través de la Política Social y se suscitaron modificaciones en las funciones del Estado Nacional en cuanto a la conducción de la Política Económica. Esta última, representa el conjunto de normas y lineamientos con que el Estado regula y orienta la dinámica económica del país, además de establecer criterios que, acorde al Plan Nacional de Desarrollo, engloban el comportamiento de diversos ámbitos de la vida nacional y los instrumentos correspondientes para su operación a través de políticas como la fiscal, monetaria y exterior. De aquí se desprende la Política Social y diversas políticas sectoriales y regionales. La Política Social constituye el medio con el cual el Estado procura redistribuir la riqueza, preservar el bienestar social y que los beneficios derivados del desarrollo económico alcancen a todos los estratos sociales. La Política Económica y la Política Social son regularmente procesos separados dentro del Estado. La primera interviene sobre la dimensión económica, la segunda sobre la social en cumplimiento de leyes que se expresan en la aplicación de programas sociales. Como lo constata la historia económica reciente, el modelo de desarrollo económico imperante concede primacía a la Política Económica orientada al crecimiento y propone mecanismos distributivos a través de la Política Social. Esta última buscaba el fomento del bienestar, pero ahora es la herramienta del Estado para corregir ex post las desigualdades. Así, primero se determinan los alcances de la Política Económica y, posteriormente, se emplea a la Política Social para paliar sus efectos negativos. La institucionalización de la Política Social como herramienta de la Política Económica constituye un fenómeno reciente. En el Estado antiguo (la polis griega y el Imperio romano), se estimulaban lazos de solidaridad entre familias y comunidades; en el Estado moderno, que enfrentó fenómenos como la peste negra, las hambrunas del siglo xiv o la legalización de la asistencia a necesitados con la Ley de Pobres de 1601, buscaba paliar las revueltas sociales generadas por las condiciones infrahumanas de subsistencia (Thompson, 2002: 19-42).

Con ello el Estado Benefactor formaliza a la Política Social como Política de Estado (Flinn, 1970: 8-9; 17-19; Hobsbawm, 1983: 15-29; Rheinheimer, 2009; Villarespe, 2002: 15).[7]

Desde los años cuarenta y hasta finales de los setenta del siglo pasado, las estrategias de crecimiento económico de diversos países en desarrollo se basaron en la intervención del Estado en la actividad económica bajo un modelo industrial por sustitución de importaciones y de fortalecimiento del mercado interno (Pérez, 1996: 347-363). Diversas naciones experimentaron avances reflejados en altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (pib) que, como en el caso de México, superaron el 5% anual. Ese modelo transformó al sistema de producción: abandonó el modelo agrario-exportador y colocó a la industria como el motor de crecimiento económico y de fortalecimiento del mercado interno. La estrategia minimizó primero a las actividades de bienes de consumo no duraderos y transitó hacia aquellas con mayor grado de complejidad como los bienes intermedios y de capital. Asimismo, alteró la estructura socio-espacial de las inversiones e incrementó el número de trabajadores asalariados que migraron del campo hacia los centros urbanos e industriales (Guillén Romo, 2001: 20-21). El Estado participó activamente en la economía, principalmente en la protección y fomento a las empresas nacionales, la fijación de aranceles, precios de garantía, apoyos fiscales y exenciones; además, creó instituciones especializadas para atender diversas problemáticas sectoriales. En este contexto se edifica el Estado Benefactor que impulsó el desarrollo económico y el bienestar en alimentación, salud, vivienda y educación (Montagut, 2008: 53-75). Para ello, desplegó una Política Económica de corte nacionalista orientada al crecimiento de la capacidad productiva, el estímulo de la demanda agregada con políticas fiscales y monetarias de corte expansivo y el incremento del empleo e ingreso. Con la provisión de servicios básicos baratos, garantizó también la seguridad social y atenuó los desequilibrios internos que afectaban a algunas regiones. El gasto público creciente posibilitó la redistribución de recursos y el bienestar social. Si bien el Estado Benefactor intentó brindar cobertura universal en derechos básicos, a nivel internacional se presentaron tres distintos regímenes de bienestar y de protección social que sincronizaron de manera distinta a la Política Económica y la Política Social. El primero de ellos, el socialdemócrata, procuró garantizar a toda la población,