Experiencias de auditoría e investigación de la deuda pública

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Por otro lado nos presenta el caso de Brasil, donde se hizo en el 2000 un plebiscito en el que ganó de forma abrumadora el NO a la continuidad del Acuerdo con el FMI sin la realización de una Auditoría. Con el resultado se creó la Auditoría Ciudadana de la Deuda, movimiento que recogió diferentes sectores de la sociedad.

Se organizó alrededor de comités; para democratizar los datos ha optado por la divulgación de gráficos que demuestren y hagan más comprensible el problema. Se centró en estudiar las relaciones entre el endeudamiento y la vulneración de los derechos sociales, las anti-reformas, políticas de control inflacionario; pagos al FMI y, entre otros, orígenes de la deuda.

Entre los principales logros, similar al caso anterior, está la socialización del problema y vinculación de diferentes sectores de la sociedad; también se llevaron los resultados a traves de audiencias publicas al Congreso Nacional. Se instaló la Comisión Parlamentaria de Investigación en la Cámara de Diputados. Después de nueve meses de funcionamiento se aprobó el Informe Final Oficial en el que se reconoció: el uso del anatocismo que aún siendo ilegal se practicó y promovió que los intereses fueran el principal factor que incrementó la deuda; la deuda interna aumentó debido a las emisiones de titulos de deuda publica que se emitieron para financiar la compra de dólares que ingresaron al país por medio de la banca privada; los pagos anticipados al FMI y la conversión de la moneda en ellos; el Senado Federal emitió títulos sin propósito. Sin embargo el informe sostuvo que no había irregularidades y que no debían hacerse más investigaciones.

Un segundo informe presentado por el diputado Ivan Valente, sí sostenía que hubo irregularidades, no solo el anatocismo sino también la falta de documentos y contratos; canjes de bonos: libre flujo de capitales de forma ilegal; rescates anticipados de deudas; contabilizaciones de una parte de los intereses como amortizaciones; conflicto de intereses. Si bien tuvo limitaciones y presiones políticas, fue un paso importante que demostró la necesidad de realizar una auditoría efectiva del gasto.

Por último, el caso argentino: La causa Olmos. Denominado así porque nace en 1982 Cuando un periodista argentino, alejandro Olmos, presentó una denuncia ante el Segundo Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal pidiendo que investigara el proceso de endeudamiento del país y la responsabilidad del primer Ministro de Economía durante la dictadura; de los 30 peritos asignados al caso solo quedaron 3 a los que se sumaron 3 de la Justicia Nacional.

De tal peritazgo resultó: Que la deuda externa no tenía justificación legal; los procedimientos fueron ilegales y secretos; las empresas públicas fueron obligadas a endeudarse; de los créditos contraídos, los dineros iban al Banco Central en dólares y se cambiaban a pesos lo que producía su devaluación; hubo malversación de fondos; el Estado se apropió de las deudas externas fraudulentas de las empresas privadas;

El juez Jorge Ballestero sobreseyó la causa por prescripción de la acción penal el 13 de julio de 2000, aunque señaló los delitos e irregularidades que se habían cometido y la clara responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en las operaciones.

La autora concluye tras presentar casos europeos que, hay una inquietud generalizadas de los pueblos por comprender cómo es que las finanzas publicas no alcanzan para solventar los gastos sociales mínimos.

El caso ecuatoriano es un ejemplo para el mundo porque demuestra que la información sí se puede hacer transparante y desde ahí tomar deciones que resulten positivas para el pueblo a través del gasto y la inversión social. Es necesario rescatar en ese sentido la soberanía e identidad nacionales como oposición a la economía internacional y sus entidades. Asimismo como articulación del movimiento social y su fortalecimiento y vinculación con los procesos económicos, construyendo un modelo económico más justo y equitativo.

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