“PERSPECTIVAS QUE SE VISLUMBRAN EN MÉXICO PARA LOGRAR EL COMPROMISO EN LA POBLACIÓN CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”

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Los servicios que otorgan las casas y albergues para migrantes pueden enmarcarse en el marco de ayuda humanitaria y son acciones de defensoría de DD.HH.: es indiscutible que quienes brindan alojamiento, alimentación, vestido y primeros auxilios están garantizando los derechos más elementales de cualquier ser humano: el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda y a la seguridad.

Asimismo, en este sentido, el gobierno y los actores locales deben trabajar más allá de la asistencia humanitaria y asesorías legales para migrantes y promover la sensibilización en las comunidades donde se encuentran: una parte importante de los abusos son cometidos por civiles, por lo que este punto debe ser atendido urgentemente. Esto se reflejaría de manera notable en la denuncia de delitos cometidos contra migrantes.

Se debe buscar una forma de sensibilizar e involucrar a la ciudadanía en el tema, “la falta de información objetiva por parte de la opinión pública y las tendencias al prejuicio de ciertos sectores de la población han avivado políticas explícitas de rechazo al inmigrante y de exclusión social al extranjero en situación irregular. Políticas que lamentablemente están produciendo en algunos casos el inicio de conflictos sociales –antes inexistentes- alrededor del problema migratorio.”[3]

Es necesario emprender campañas de información y prevención de la trata en las comunidades de origen de las víctimas, que tengan como objetivo sensibilizar a la población sobre los riesgos así como las consecuencias legales de la violación de DD.HH. La implementación de materiales de información más didácticos y participativos, con lenguaje adecuado y basadas en la realidad local, en particular a través del teatro o del arte en general, deberá ser privilegiada.[4]

Asimismo, la educación preventiva debe ser un eje fundamental al ofrecer a la sociedad en general alternativas viables de protección y mejores ambientes sociales, la creación de espacios de participación: la mejor prevención es el fortalecimiento de la ciudadanía.

En definitiva, uno de los temas que ha sido poco estudiado y que representa un componente esencial en el contexto de las migraciones irregulares es la violencia. Este tema debe ser abordado desde distintas perspectivas y desde el inicio de la experiencia migratoria del transmigrante para detectar casos especiales de vulnerabilidad; especialmente en mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Además, la violencia está ligada a un proceso histórico de la región Centroamericana que durante mucho tiempo experimentó períodos largos de conflictos armados que no se extinguieron del todo tras la firma de los Acuerdos de Paz, esto significa que no se han atendido las causas estructurales de la violencia ni de otros factores como pobreza, discriminación, etc; que son razones fundamentales entre muchos migrantes para emprender el camino y salir de su país.

Aún hay grandes problemas estructurales por resolver y para llegar a un diálogo, se requiere que el gobierno mexicano se vincule cada vez más con Centroamérica en el marco de la responsabilidad compartida en el tema migratorio y de esta forma, entender que el derecho que tiene un Estado de decidir el ingreso y permanencia de personas en su territorio, no debe estar por encima de los DD.HH. de las personas que intentan ingresar en éste.

Existe un largo camino para México en este aspecto, y debido a la importancia del papel de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a estos temas, la capacitación en materia de protección de DD.HH. y demás temas conexos debería ser considerada fundamental para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, no se deben escatimar esfuerzos en la formación y sensibilización acerca del tema.[5]

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