Analisis Casos Barrios Altos

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-De acuerdo con el allanamiento, en el cual el Perú reconoció su responsabilidad internacional el 19 de febrero de 2001 en el presente caso se detalla que el agente de estado debe cubrir con todo lo impuesto por la corte. Por ello, dicho agente basó sus decisiones en relación a tres derechos fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una justa reparación. Todo esta estrategia gubernamental solo para asegurar la atención integral de las víctimas. Dicho informe también detalla el plan de solución que el estado peruano propone a la corte interamericana de derechos humanos y que debido a los obstáculos como son las leyes de amnistía, ya que imposibilitaba a las personas no solo de recibir justicia,sino más que todo verdad. Por esta razón el estado peruano en virtud de este reconocimiento, entabla comunicación con la comisión interamericana de derechos humanos y la coordinadora nacional de derechos humanos. En consecuencia, el 21 de febrero de 2001 el Presidente de la Corte emite, una resolución la cual resolvió que se llamará a los representantes del Estado Peruano y de la Comisión interamericana de derechos humanos para que se realizará una audiencia pública que se llevaría a cabo en la sede de la corte interamericana de derechos humanos a partir de las 9:00 horas del dia 14 de marzo de 2001 a efectos de escuchar a las partes respecto a su posición frente a dicha resolución. Finalmente, el Estado apoya la pronta solución para acabar con la validez de los obstáculos procesales que impiden la investigación, para encontrar a los responsables en el caso, y en particular de las denominadas leyes de amnistía.

C) RELACIÓN DEL CONTEXTO DEL CASO DE BARRIOS ALTOS CON EL ESTADO ISLÁMICO

El caso Barrios Altos dio a conocer el accionar de un grupo paramilitar denominado Colina contra presuntos miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso dentro de una actividad social denominada “pollada”[3]. En ella, personas reclutadas entre las Fuerzas Armadas irrumpieron y asesinaron a un grupo de personas que no habían sido ni procesadas ni condenadas. Aunque lo hubieran sido, la ejecución no se justifica porque en nuestro sistema judicial no existe la pena de muerte. Se trató de un caso de terrorismo de Estado que buscaba la eliminación sumaria de presuntos terroristas, pero cuyo accionar no diferenció a inocentes allí presentes.

El contexto histórico de los acontecimientos de Barrios Altos se produce durante la denominada Guerra Interna (1980 – 2000) en un momento en que la expansión del terrorismo que se expandia en varias zonas de los Andes -Huancavelica, Ayacucho y Huancayo - así como en parte de la zona de Selva,esta se había trasladado hacia las ciudades, particularmente Lima y con una furia tal que la población sentía el terror permanentemente y la cantidad de atentados era creciente. El gobierno de entonces era del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, quien planificó una estrategia antisubversiva que contemplaba la “guerra sucia” para acabar definitivamente con el terrorismo, el que no había sido vencido por las acciones de los gobiernos de Belaúnde Terry (1980 – 1985) y García Pérez (1985 – 1990). El gobierno demostró en los hechos que había actuado en contra de los Derechos Humanos, que debía proteger[4] y, a pesar de las investigaciones que se vio obligado a realizar en el Congreso de la República, obstruyó las mismas de todas las formas posibles, aunque años después se demostró fehacientemente[5] que se trataba de una acción dirigida desde las más altas esferas gubernamentales que comprometió a todo el régimen de entonces.

Incluso en la lucha contra el terrorismo, el Estado peruano debía demostrar a la población que salvaguardaba sus intereses dentro de los márgenes de la ley. La protección de la población que forma la nacionalidad es muy importante porque genera vínculos que la estabilidad social hace evidentes. Las facultades de coerción y de coacción han sido declinadas por los ciudadanos para entregarlos al Estado, de tal forma que la arbitrariedad no se produzca y, más bien, predomine el imperio de la ley, garantía suprema para todos dentro de un Estado de Derecho, el cual solo puede producirse en condiciones de la existencia de simetrías en lo cultural y material, es decir, el aspecto económico, pues a través de ellos se consiguen las condiciones de igualdad para todos los ciudadanos[6].

La actuación del Estado en ese entonces fue negativa a todas luces por aplicar una suerte de “garrote” para acabar con el terrorismo más allá de los mecanismos democráticos. El ideal de preservar el Estado y la estabilidad política y económica de las personas fue una excusa mal usada. La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la eliminación selectiva de los mandos terroristas fue llevada adelante por el propio presidente, su asesor Vladimiro Montesinos y altos jefes militares[7].

Para este trabajo, se ha considerado que el caso del autodenominado Estado Islámico presenta un contexto que permite hallar similitudes con el caso anteriormente descrito en nuestro país. El Estado Islámico es una agrupación musulmana de fuerte contenido religioso que lleva adelante acciones específicas para que toda la población que profesa su fe siga estrictamente las normas de conducta de su libro sagrado: el Corán. Cabe resaltar, que no se trata de un Estado en estricto sentido, ni mucho menos de un Estado modernamente conceptualizado, puesto que la globalización dentro de lo cual se vive actualmente implica que el Estado sea entendido como “el desplazamiento de las capacidades y responsabilidades políticas de nivel nacional y/regional hacia el nivel mundial, a través del desarrollo de instituciones de gobernanza global”[8]. Se trata de una organización política radical que se encuentra altamente financiada a través del comercio ilegal de petróleo crudo, cuyas ganancias se emplean para mantener una activa fuerte combatiente y una serie de adeptos en todas partes del mundo a través de la prédica religiosa. Estas personas, que fomenta las formas más puristas de la vida musulmana, considera que la única forma de mantener el poder religioso y dar testimonio de la verdad de su fe es por medio de la dominación política y del exterminio de los contrarios, a quienes identifica con Occidente en una suerte de cruzada moderna que cobra la vida de muchas personas diariamente. El proyecto de este grupo armado es la reconstitución de la denominada Gran Siria, que actualmente está integrada por los territorios de Irak, Palestina, Jordania, Líbano, Israel y la propia Siria. En este territorio extenso floreció el Islam, luego de lo cual fue súbitamente vencido y dominado por los mongoles en el