Colombia, a través de toda su historia ha estado dominada por un evento recurrente

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En un posterior intento por dilucidar las cuestiones fronterizas entre Colombia y Perú, se firmó el Protocolo Mosquera-Pedemonte, sin embargo dicho protocolo jamás se ratificó como consecuencia de la muerte del libertador Bolívar y la disolución de la Gran Colombia; los limites allí sentados entonces carecían de cualquier grado de validez.

La situación adquirió un nuevo matiz tras la disolución de la Gran Colombia ya que introdujo al estadio actual de la cuestión limítrofe un nuevo actor, cuál era el naciente país ecuatoriano. Para hacer frente a esta nueva situación, Colombia convocó una convención tripartita en Lima el 11 de octubre de 1894. La convención se tendría como fallida al no llegar a ningún acuerdo, y en la misma Colombia se adheriría a la convención de arbitraje, previamente suscrita por Perú y Ecuador. Al ratificar la convención de arbitraje, se firma entre Colombia y Perú un pacto, el 6 de mayo de 1904, en el cual delegaban al Rey de España la cuestión de las fronteras entre los dos países. En el interregno al fallo del Rey de España sobre las fronteras entre Perú y Colombia, el primero de estos dos países empezó a ocupar territorios que a pesar de no estar definidos legalmente, se estaban disputando legalmente por la vía diplomática. A raíz de la ocupación de estos territorios y el inconformismo del país colombiano, el Perú lanzo una nueva ofensiva en contra de Colombia en el año de 1911, invadiendo la localidad de la Predera en el Amazonas colombiano. Esta vez los peruanos reclamarían una victoria para sí y confirmarían su superioridad en la zona y la hegemonía sobre los puertos peruanos y la porción del Amazonas que reclamaban como suya.

Tras otra oleada de infructuosas negociaciones, en 1922 se va a firmar el Tratado Lozano-Salomón sobre fronteras, entre el gobierno de Perú y el de Colombia.

1.2 TRATADO LOZANO-SALOMON

El Tratado Lozano-Salomón fue celebrado por los ministros de relaciones exteriores de Perú y de Colombia, Alberto Salomón y Fabio Lozano, el 24 de marzo de 1922. El documento fijaría en su artículo primero los límites entre las dos naciones y ponía fin, por lo menos en primera medida, a las tensiones de más de cien años entre los dos países. Este Tratado es de principal importancia para la situación limítrofe entre los dos países y para el posterior desenvolvimiento del conflicto de Leticia en 1932. Es importante entonces analizar los pormenores que llevaron a la firma del tratado y las repercusiones del mismo.

El artículo 1° del citado Tratado exponía en sus líneas lo siguiente:

“La línea de frontera entre la República Peruana y la República de Colombia queda acordada, convenida y fijada en los términos que en seguida se expresan: Desde el punto en que el meridiano de la boca del río Cuhimbé en el Putumayo corta al río San Miguel o Sucumbíos, sube por ese mismo meridiano hasta dicha boca del Cuhimbé; de allí por el thalweg del río Putumayo hasta la confluencia del río Yaguas; sigue por una línea recta que de esta confluencia vaya a la del río Atacuari en el Amazonas y de allí por el thalweg del río Amazonas hasta el límite entre el Perú y el Brasil establecido en el Tratado Perú-Brasileño de 23 de octubre de 1851.”

Grosso modo, el Tratado Lozano-Salomón le dio a Colombia una salida al Amazonas y una frontera hacia la margen derecha del rio Putumayo al Perú. A pesar de constar en la letra del Tratado que todas las disputas territoriales quedaban prescritas y que el mismo debía ratificarse lo antes posible, el trámite legislativo en ambos países fue bastante demorado. El Congreso Colombiano aprobó el Tratado el 30 Octubre de 1925 mediante la Ley 55 y por el Congreso de Perú mediante resolución legislativa 5940, el 20 de diciembre de 1927 con su respectivo canje de notas en marzo de 1928[2].

La firma del Tratado fue una labor tortuosa y prolongada e influenciada por los intereses de diversos sectores peruanos. En primera medida las negociaciones iban a estar altamente influenciadas por los intereses peruanos en el Putumayo, debido al fenómeno de la explotación del caucho que se venía dando en la zona, tanto así que supo convertirse en una de las principales actividades económicas. La explotación en la zona selvática del Putumayo era llevada a cabo en su mayoría por la Casa Arana, originaria del Perú. Esta era dirigida por don Julio Arana quien iba a ser uno de los grandes detractores del Tratado Lozano-Salomón de 1922. Julio Arana era oriundo de Rioja en las montañas del norte del Perú y a partir de allí comenzó su expansión hasta convertirse en el gran cauchero del Putumayo e inclusive alcanzo a ser Senador de la república por Loreto, eje central de su ofensiva contra el ya mencionado tratado[3].

La Casa Arana, y específicamente don Julio, ante la inminente firma del Tratado y la consecuente pérdida de sus áreas de explotación en el Putumayo, reclamaba una indemnización a favor del Perú por un valor sumamente elevado. Colombia era consciente de la ocupación de dichos territorios por parte de la Casa Arana, mas sin embargo consideraba que los explotadores eran detentadores de su territorio y que por lo tanto no le asistía ningún tipo de derechos y mucho menos una indemnización de tan holgadas proporciones. El gobierno colombiano condenaba el continuo uso de la fuerza por parte del vecino país y por lo tanto no podía darle concesiones o concederle favores.

Desde el inicio de las negociaciones el Canciller Salomón era firme en la pretensión indemnizatoria reclamada por Arana, tasada en dos millones de libras. Fabio Lozano en todo momento fue reacio a la indemnización pedida. El 11 de enero del año siguiente se estableció el Amazonas como lindero entre los dos países, pero el Perú en todo caso seguía reclamando la indemnización a favor del señor Arana. Dos días después el Canciller peruano quiso establecer la faja del Amazonas que serviría de frontera al tiempo que reclamaba que las zonas de explotación de la Casa Arana, Igaraparaná y el Caraparaná, quedaran del lado del Perú. E l 14 de enero se estableció que los territorios a la margen derecha del río Putumayo quedarían para el Perú y posteriormente el 17 del mismo mes, se establecería en el Tratado que los dos países, respetaría los derechos adquiridos con justo título, conforme a las leyes[4].

El extremo peruano seguía insistiendo en la indemnización reclamada por el señor Arana, tanto así que, el 6 de marzo el Canciller Salomón afirmó que las Comisiones Diplomáticas de las Cámaras así lo habían pedido. La respuesta de Colombia, por parte del canciller Antonio José Uribe