Evolución legal de la prensa mexicana

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Lafragua promulga un segundo reglamento en el gobierno de José Joaquín Herrera (1848) donde se estatuye el artículo primero la prohibición absoluta de escribir contra la vida privada y la moral pública. Y todavía mas importante lo que expresa el articulo sexto, que hace referencia a los delitos de difamación y que los remite a los jueces de primera instancia. Es así como el gobierno quita al jurado y retoma las riendas para limitar a la prensa dándole la última palabra a los jueces que a su vez eran controlados por el mismo gobierno.

En esta batalla por el poder surge un periodista político que va a tener gran influencia en la sociedad y que se cree fue el mas grande protector de la libertad absoluta de prensa, este periodista se llamaba Francisco Zarco el cual se inclinaba hacia el mantenimiento del doble jurado.

La constitucionalidad de esta ley ha sido puesta en duda por algunos juristas pero como dice Cosió Villegas en su libro Critica del poder “lo que realmente animo a esta ley fue el verdadero celo de proteger a la libre manifestación de las ideas mediante la letra impresa”[4] dejando fuera el tema de la constitucionalidad.

Con estas bases constitucionales en el año de 1857 y con la Constitución del mismo año se desata una lucha por el control de las reformas de dicha Constitución. Por un lado estaban los periodistas políticos encabezados por Zarco y por el otro estaba el gobierno de Mariano Arista y después el de Santa Anna que siguió el mismo principio.

El tema central del debate era el aclamado artículo 14 que hablaba sobre la liberta de imprenta y en el cual se intentaba conciliar que para dictaminar los delitos de prensa no se decidiera solo el jurado o solo los jueces de primera instancia, sino hacer que los dos decidieran sobre estos delitos. Finalmente el artículo 14 quedo, en líneas generales, de esta forma:

Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y aplique la ley designando la pena, bajo la dirección del tribunal de justicia de la jurisdicción respectiva.

Con esta resolución los defensores de la prensa absoluta reaccionaron y argumentaron que el pretexto del gobierno siempre has sido “El orden publico”, lo cual a Zarco no le parecía y se declara en contra de estas restricciones autoritarias. Sin embargo esta batalla la perderán los radicales ya que el congreso todavía no estaba preparado para establecer libertades absolutas y termina promulgando de la siguiente manera el artículo séptimo:

Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley designando la pena.

Finalmente en 1868 se expide la ley orgánica de la ley de imprenta que establecía penas mas benignas que las del código penal para el caso de injuria, difamación, faltas a la moral y al orden publico con lo cual quedaba establecido un doble criterio: se establecían dos procedimientos, la de los jurados para los periodistas y la de los jueces del fuero común para los demás infractores. Esto solo trajo mas problemas ya que se le concedía un fuero a la prensa, lo cual no gustaba nada ya que se concebía como una desigualdad ate la ley.

Relativa estabilidad en el Porfiriato

En el primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz (1876-1880) se mostró un absoluto respeto a la prensa, el respeto llegaba a tal nivel que Porfirio Díaz logro mantener en la Ciudad de México un par de periódicos que alentaban su causa. Porfirio en sus primeros años, en el gobierno, respeto considerablemente a la prensa ya que entendía muy bien el contexto en el que se desarrollaba y sabía que era casi imposible procesar a los periodistas debido al mecanismo de doble jurado.

Un gran acierto de Porfirio Díaz para regular la prensa desde un punto de vista político fue la aprobación de subsidios para los periódicos, los cuales respondían con halagos al gobierno y seguramente eran la voz oficial en las contiendas periodísticas. Sin embargo finalmente Joaquín D. Casasus reconocido periodista, emite un articulo en las paginas de el periódico La Republica donde señala que la injuria, la difamación y la calumnia que castiga el Código Penal en los artículos 644 al 662 tienen penas mucho mas severas que la de los mismos delitos que impone el articulo sexto de la ley de imprenta a los delitos cometidos por la prensa, los cuales son mucho mas graves que los anteriores.

De esta forma se propicio el ambiente para una reforma constitucional que finalmente se realizo en 1883. Muerto Francisco Zarco a temprana edad en 1869, no hubo nadie que defendiera el doble jurado y en consecuencia la ley de imprenta quedo sin sustento y el código penal quedo en primer término para decidir las penas aplicables. Con esto los jueces al ser los únicos que decidían sobre los delitos de prensa, interpretaban en favor del gobierno y dictaban sentencias aberrantes para los periodistas llegando hasta confiscar el material de trabajo al ser considerado instrumento del delito, así como la persecución judicial de editores, impresores y hasta voceadores a los que llego a considerar cómplices de los delitos de imprenta.[5]

Si bien pareciera que la relación entre la prensa y el poder político en la época de Porfirio era escabrosa cabe mencionar que Porfirio nunca asesino periodistas, pero sí que alentaba a funcionarios públicos a iniciar denuncias judiciales en contra de los periódicos aunque el daño percibido fuera mínimo.

La nueva era de la prensa

A partir de 1896 con la aparición de Rafael Reyes Spínola, actor político-social que estaba relacionado con Porfirio Díaz, se crea el periódico El Imparcial el cual toma el estilo estadounidense de prensa incorporando noticias internacionales, notas sociales y el sensacionalismo del amarillismo. El efecto de este periódico en el gobierno fue tan positivo que Díaz decide retirarle todo el subsidio a los periódicos para concentrarlo en uno solo El Imparcial, el cual a su vez toma decisiones político administrativas que le permiten vender su periódico a un centavo mientras que los otros lo vendían en cinco. Derivado de esto podemos deducir que Díaz decidió apoyar a El Imparcial para liquidar a la prensa libre por medio de la competencia mercantil.

Ahora bien, al final del Porfiriato y con el éxito de la revolución maderista (1911) se dan reformas que van a definir un nuevo marco jurídico y las capacidades del estado para lidiar con la prensa. Se comienza con la petición de reformar el código penal de los estados para frenar los decomisos a las imprentas y la reforma del artículo séptimo