Las reformas de 1992

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En otras palabras, se está llevando a cabo una profunda reforma, desde las políticas macroeconómicas hasta el marco legal que define las reglas del juego en que se desenvolverán los diversos actores sociales presentes en la sociedad rural mexicana. A menos de un año de haber entrado en vigor estos ordenamientos jurídicos –y dado que aún no están definidas todas las nuevas reglas jurídicas, económicas y comerciales- todavía no es posible medir, en toda su magnitud. el impacto de las reformas emprendidas. Sin embargo, considerando el contexto económico arriba descrito, la transformación de los patrones de propiedad rústica y el establecimiento de nuevas instituciones y procedimientos jurídicos, es posible afirmar que comienza una nueva etapa histórica. caracterizada por la recomposición de las relaciones sociales agrarias. cuyo resultado es aún incierto.

Se pretende analizar en qué medida se trataría de una nueva etapa dela reforma agraria mexicana o si, por el contrario, estamos ante una contrarreforma que tiende a revertir el proceso que se inauguró con la Constitución de 1917. En la primera parte se expondrá el debate que antecedió a la privatización del ejido y se analizará brevemente el contexto político previo a la presentación de la iniciativa presidencial de reforma constitucional: en la segunda, se hará referencia al debate nacional que provocó; el análisis de los aspectos más relevantes de los cambios a la legislación agraria constituye la tercera parte. Para concluir, se discutirán las posibles consecuencias de estas reformas.

A) El debate previo a la reforma constitucional. La iniciativa presidencial para reformar el artículo 27 constitucional, enviada a la Cámara de Diputados a principios de noviembre de 199 causó una gran conmoción inicial en todo el país. Los partidos políticos, las organizaciones campesinas, obreras y populares, diversas agrupaciones de la sociedad civil y, en general, la opinión pública, se mostraron sumamente sorprendidas por el radical sesgo privatizador del proyecto de reformas. Existía, indudablemente, un amplio consenso acerca de la necesidad de modificar la situación prevaleciente en el agro, aunque de acuerdo con el debate que había tenido lugar meses antes, la posición que aparentemente prevalecía indicaba que se adoptarian una serie de medidas encaminadas a reorganizar significativamente el sector social, sin que esto implicara necesariamente eliminar de tajo el estatuto jurídico “social" que conservaban las tierras ejidales y comunales.

Este estatuto jurídico confería a las superficies ejidales características peculiares que las protegían de la competencia abierta en el mercado, con el f in de preservar la unidad de las tierras sustraídas del régimen de propiedad privada.2 Según se planteaba en los años veinte, cuando se empezó a forjar el complicado entramado jurídico de la Reforma Agraria, no tenía sentido repartir la tierra en forma de propiedad privada para que fuera rentada, hipotecada o vendida y el campesino retornara a su condición de peón agrícola. En la misma lógica, la legislación limitaba la contratación de fuerza de trabajo asalariada por parte de ejidatarios, argumentándose que no se trataba de librar a unos de la explotación para que pudieran explotar a otros. El proyecto de una sociedad rural igualitaria y democrática, “sin explotadores ni explotados”, pulido en el Código Agrario de 1940, otorgaba al Estado un papel preponderante en la regulación de las relaciones económicas, políticas y sociales.

En teoría, el Estado asumió la responsabilidad de impulsar y fomentar el desarrollo de los ejidos, comunidades y “auténticas pequeñas propiedades",3 facilitándoles en forma prioritaria el acceso al crédito, infraestructura hidráulica, capacitación. Asistencia técnica y demás apoyos que les permitieran cumplir los objetivos de proveer los granos básicos necesarios y ser fuente de justicia social en el campo. Estos lineamientos quedaron a nivel declarativo, ya que las políticas de la mayor parte de los gobiernos posrevolucionarios fueron diseñadas para beneficio de la agricultura empresarial, relegándose la economía campesina a un segundo plano. Ello se debió a que prácticamente ninguno de estos gobiernos, con excepción del sexenio cardenista, tuvo la intención de llevarlos realmente a la práctica, al estar hegemonizados por los sec1ores empresariales.

La Reforma Agraria, en su sentido justicialista. se redujo a un dogma Las tierras ejidales no se podían vender ( eran " inalienables"); emba rgar ("inembargabtes"); transmitir a terceros (“intransmisibles”). siendo la herencia la Única forma de transmisión y ésta solamente podía beneficiar a un sucesor. Asimismo, los derechos de los ejidatarios no se perdían por la prescripción adquisitiva en favor de terceros (“imprescriptibles”), es decir, no se reconocía a otros la propiedad de los mismos, por más que estuviesen en ¡»sesión de ellos. La Ley Federal de Reforma Agraria estipulaba que, entre otros motivos. los derechos agrarios individuales se podían perder sólo si se abandonaba la parcela por más de dos años consecutivos el ejidatario cultivaba estupefacientes o si rentaba o vendía su unidad de dotación, en cuyo supuesto se transmitía a quien estuviese designado como sucesor. En caso de no haber heredero la parcela permanecía en el núcleo ejidal para ser readjudicada.

3 En la terminología de la reforma agraria sólo podian existir “pequeñas propiedades”, agrícolas y ganaderas, al estar proscrito el latifundismo. De acuerdo a la clasificación de los Censos Agrºpecuarios, éstas constitucional: en los hechos era abiertamente bloqueada o, a lo sumo, cumplida parcialmente cuando la situación política así lo ameritaba.

De ahí que, desde sus inicios, el reparto de la tierra y la canalización de recursos a los productores agrícolas, fueron diferenciados: por un lado, se promovió el desarrollo de los empresarios agrícolas. otorgándoles las mejores tierras4 y haciéndolos los beneficiarios fundamentales de la inversión pública y demás apoyos estatales; por el otro, se conformó un complejo sistema clientelar corporativo, estructurado en torno al reparto de tierras menos productivas y la entrega de escasos recursos destinados a controlar políticamente a los campesinos pobres.

La incongruencia entre los postulados que hacían al sector social el destinatario preferente de la intervención gubernamental y una política que, en la práctica, obstaculizó su desarrollo, se reflejó también en la proliferación de un sinnúmero de leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas deficientemente formulados, muchos de ellos contradictorios entre si, que