Diagnóstico de Salud Mental Ocaña 2008

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Objetivo General

Determinar cuál es la situación de salud mental en el municipio de Ocaña para el año 2008.

Objetivos Específicos

- Hacer una descripción de los diferentes problemas de salud mental objeto de estudio.

- Construir una línea base para enfocar el trabajo de intervención que se ha de realizar durante los próximos años.

- Determinar cuáles problemáticas se han reducido, y cuáles no, a lo largo de los últimos 5 años.

- Establecer cuáles son los factores de riesgo asociados a las diferentes problemáticas objeto de estudio.

- Determinar la cobertura en salud que tienen los habitantes del municipio.

Marco legal

La Constitución Política Nacional establece que Colombia es un Estado Social de Derecho que se funda en el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas y en la primacía del interés general (Artículo 1°). Señala además que el derecho a la vida es inviolable (Artículo 11°) y promueve además la adopción de medidas para aquellos grupos marginales o menos favorecidos, a fin de garantizar una real igualdad de condiciones (Artículo 13°). Igualmente, en el Artículo 49° manifiesta que la atención en la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado, garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. En este orden de ideas es menester del Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud, conforme a unos principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y establecer las políticas relacionadas con la prestación de los servicios de salud, en forma descentralizada[1].

Por otra parte y en relación con el tema de salud, la Carta Política establece en el Artículo 366º que el bienestar general y el establecimiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado y su objetivo fundamental es la solución de las necesidades insatisfechas de salud, para lo cual debe hacerse prioritario el gasto público social en los planes y presupuestos de la Nación[2].

El 18 Junio 1998 se sanciona la Resolución número 2358 por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental. Dicha política integra los factores condicionantes de la salud como son los aspectos biológicos, ambientales, comportamentales, sociales, políticos, económicos, y culturales y el nivel de salud, medido por la estructura de la morbilidad, mortalidad y discapacidad específicas por grupo etario y género. Se ajusta a criterios de priorización como son la magnitud, vulnerabilidad y trascendencia de los distintos fenómenos que determinan el estado de salud de la población.

La Política de Salud Mental contempla las etapas de planeación, ejecución y evaluación; estas dos últimas desarrolladas a través de la formulación, elaboración y seguimiento de las actividades del Plan Nacional de Salud Mental y de los programas que lo componen, los cuales ejercitan el posicionamiento del sector con respecto a la Salud Mental.

El Ministerio de Salud Nacional define la Política Nacional de Salud Mental como “…la agrupación de objetivos y opciones estratégicas que orientan y guían la implementación de los planes y programas de salud mental, basándose en principios constitucionales y en armonía con los fundamentos del Sistema de Seguridad Social, las políticas generales del sector, y las demás disposiciones gubernamentales que le sean relevantes”.

Entre los factores críticos identificados para la Política de Salud Mental que estableció el Ministerio de Salud Nacional, se identifican los siguientes:

a. Debilidad en el planteamiento de políticas específicas en esta área.

b. La severa problemática de orden mental, señalada por indicadores directos e indirectos como violencia, maltrato infantil e intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.

c. Tendencias en el aumento de años de vida saludables perdidos (AVISA), causadas por enfermedades neuropsiquiátricas.

d. La necesidad de apoyo social frente a etapas y acontecimientos cruciales en el ciclo vital.

e. Carencia de acceso a los servicios de salud mental en la mayoría de los Municipios

f. La baja consolidación de redes de apoyo social como resultado de las pocas oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos.

g. La problemática de los desplazados como producto de la violencia

h. Carencia de recursos institucionales y de inversión para el desarrollo de programas de rehabilitación.

i. Insuficiencia de acciones intersectoriales e interinstitucionales con práctica limitada en la coordinación y coparticipación.

j. Las reestructuraciones institucionales de los servicios de salud mental sin prever las necesidades reales de la población y la limitada cobertura de acciones específicas en salud mental dentro del Plan Obligatorio de Salud.

k. Falta de un sistema de información que facilite la vigilancia epidemiológica del problema[3].

El estudio diagnóstico permitirá determinar si se están cumpliendo algunos de los objetivos propuestos en la resolución 2358 de 1998, en cuanto a cobertura en salud, acceso a los servicios de salud por parte de la población, y la consolidación de indicadores de las problemáticas más relevantes en salud mental. Dichos postulados son consecuentes con las líneas propuestas en el Plan Nacional De Salud Pública, el cual ha sido reestructurado a través de varias leyes, en especial la 1122 del 2007.

El Plan Nacional de Salud Pública[4] integra el mandato constitucional sobre el derecho a la salud bajo diversos enfoques conceptuales, enmarcados en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007 con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población residente en el territorio Colombiano. En este sentido, el Plan Nacional de Salud Pública debe entenderse como el producto de la movilización social de actores y la concertación y articulación de las acciones sectoriales e intersectoriales.

Para ello se articulan