Análisis del proyecto de ley presentado por la organización AMMAR: “Habilitación y funcionamiento de establecimientos que brindan servicios sexuales”

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No se puede dejar de analizar el tema de la pobreza en que muchas veces estás mujeres se encuentran, y es en esas condiciones que terminan cayendo en este negocio millonario que es la prostitución (millonario para otros por cierto). Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, no se puede considerar que ese llamado consentimiento sea realmente libre y seleccionado entre otras muchas opciones de trabajo.

Ha sostenido la relatora especial sobre derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, Sigma Huda ante la ONU en su trabajo “Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género” presentado ante el Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos humanos, 62º período de sesiones, Tema 12 del programa provisional, de fecha 20/02/2006, en su apartado 42 que: “La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella, raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas”.

Lo que pretende este proyecto es tan delicado y complejo que a mi entender, no resulta suficiente minimizar el tema a la habilitación de establecimientos para que se brinden servicios sexuales, con la excusa de que así se lograrían mejores resultados para prevenir y luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual, pues resulta muy difícil saber cuándo una mujer ha decidido libremente utilizar su cuerpo para ejercer la prostitución pudiendo elegir entre otras alternativas, y cuando lo ha hecho habiendo sido captada o forzada (por diferentes motivos) para ese fin; por lo que resulta más una puesta en escena para encubrir una red mafiosa que mueve una infinidad de dinero dentro de la industria del sexo, “cuando se legaliza la prostitución y se despenaliza la industria del sexo, se legitima la explotación sexual”[5].

Respecto a la legalización del sector sexual, en la Guía informativa desarrollada por Mónica O`Connor y Grainne, surge un artículo que sostiene que “Al legalizar el sector sexual, los proxenetas se convierten en “empresarios-propietarios” de las mujeres y de los locales. Ellos mismos suministran, a su vez, mercancía a otros proxenetas y propietarios. Controlan el mercado y satisfacen cualquier demanda y se aseguran de rentabilizar al máximo sus beneficios. Son completamente insensibles ante la violencia empleada contra las víctimas. Solo se preocupan por sus necesidades sanitarias, si eso puede repercutir en su negocio o en correcto suministro de la mercancía”[6].

Ahora bien, si lo que busca este proyecto entre otras cosas, es lograr la autonomía de la mujer de poder elegir usar su cuerpo como medio de vida, no me es ajeno que para lograr ese `consentimiento` los niveles de sometimiento hoy por hoy se han modernizado, ya no pasan tanto por la privación ilegítima de la libertad o la retención de los documentos, sino que al tratarse el delito de explotación sexual o trata de personas con esos fines, este tipo de delito se va perfeccionando con el paso del tiempo, va mutando para poder continuar existiendo, y esas prácticas de sometimiento se han vuelto más sofisticadas, recurriendo a los endeudamientos económicos de las mujeres-víctimas con las personas que las explotan, en forma de amenazas permanentes hacia ellas o sus familiares para lograr su cometido; y así lo ha manifestado la INECIP/UFASE en su informe sosteniendo lo siguiente: “La no retención de documentos, así como la restricción por sobre la privación de la libertad, reflejan otras mutaciones que se observan en la dinámica delictiva. Los tratantes han encontrado alternativas en las modalidades de sometimiento que impiden su sencilla visualización; las víctimas tienen en su poder sus documentos y en buena parte de los casos, pueden salir del lugar, porque, en definitiva ello no pone en riesgo un posible escape, en tanto el sometimiento opera de otro modo”[7].

El proyecto presentado por AMMAR no logra llenar éstos vacíos tan importantes para combatir el delito de trata con fines de explotación sexual, y teniendo en cuenta el grado de connivencia con los diferentes poderes estatales, resulta difícil ver con buenos ojos la posibilidad de habilitar establecimientos que ofrezcan servicios sexuales (los que generalmente en su mayoría se trata de mujeres prostituidas las que se encuentran allí dentro, por no decir en su totalidad). Por otro lado, también habría que evaluar quienes están detrás de esos establecimientos, ya que seguramente no se trata de las mismas mujeres, y en este punto entra en crisis el concepto “para beneficio propio”.

Generalmente la prostitución comienza en la vida de las mujeres como una necesidad económica y/o de escapar de alguna situación abusiva dentro del seno familiar, sin darse cuenta –quizás- que ingresan a una red de la cual será complejo salir, donde seguirán siendo abusadas en el sentido amplio de la palabra. Desde éste punto de vista, resulta dificultoso concebir a la prostitución como un “trabajo” voluntario ya que más de un factor negativo arrastra a aquellas mujeres que se encuentran inmersas en el mundo de la prostitución.

Catharine A. MacKinnon ha expresado que “la prostitución se considera un producto de la falta de elecciones, el último recurso de aquellas personas con menor cantidad de opciones, o que carecen de cualquier otra opción de vida real. La coerción detrás de este fenómeno, tanto física como de otro tipo, produce un contexto de abusos sexuales a cambio de dinero, y en el que la mayor parte de ese dinero va a otra persona”[8].

Frente a la habilitación de establecimientos que brinden “servicio sexuales”, el gobierno puede verse limitado, o peor aún, puede dejar de controlar la situación de las mujeres que se encuentren dentro de este sistema de habilitaciones de establecimientos, porque si con el solo hecho de cumplir con los pocos requisitos que se exige en este proyecto de ley, alcanza para que quede demostrada su “voluntariedad”, los agentes estatales van a dejar de intervenir ante esas situaciones, por lo que en este sentido comparto las palabras de MacKinnon al expresar que “el aparato