Tarifas óptimas para el agua en México: el caso de los estados fronterizos

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Carver (1980) utiliza datos panel del área de Washington para analizar los efectos en la demanda en el corto y largo plazo ante cambios en el precio de la tarifa del agua. Tomando en cuenta los componentes estacionarios y no estacionarios, las elasticidades estimadas son inelásticas, tanto en el corto como en el largo plazo.

Dandy et al. (1984) presenta un modelo general donde se maximiza el valor presente neto de los beneficios netos. Aplica el modelo a un sistema de agua urbano hipotético. Sus resultados señalan que el precio óptimo y las políticas expansionistas ofrecen un beneficio económico más alto que el precio de mercado. En la práctica, sin embargo, se ven afectados por cuestiones administrativas y restricciones políticas.

Boland y Whittington (2000) estudian el diseño de tarifas para el servicio de agua potable en países en desarrollo, señalan desventajas de utilizar tarifas crecientes por volumen (a pesar de ser este sistema el más utilizado) y ventajas de implementar un sistema de precio uniforme con descuento. Los autores muestran que dentro de la “bolsa” de subsidiados generalmente se beneficia a usuarios ingresos medios que tiene un mayor consumo.

Para el caso mexicano, Morales-Reyes (2001) hace un análisis de la realidad que se vive en materia de agua y menciona la problemática de acuerdo políticas públicas emprendidas por el gobierno. El autor asegura que los organismos operadores de agua no conocen con precisión cuánta agua “compran” y pocas veces registran su costo, tampoco saben el valor de su sistema de distribución y es por esto que la tarifa cobrada al usuario no se relaciona con el costo real y permanece con distorsiones significativas, niveles históricos bajos y recurrentemente afectadas por injerencias políticas y sociales. Al 90% de los mexicanos se les factura el 20% de agua consumida mientras que al otro 10% se le cobra el 80% de agua restante enviando así, señales que distorsionan el valor del agua.

En relación a la estructura tarifaria, Marañón (2004) analiza la política de precios del agua potable en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (16 delegaciones del Distrito Federal y 34 municipios conurbados del Estado de México). Busca evaluar el enfoque hacia el manejo del agua para saber si se tiende a la definición de una política de precios común. El autor asegura que, como menciona Reyes-Morales, no se conoce exactamente cuál es el costo del agua y cuál es la relación entre la tarifa promedio y dichos costos.

Sainz y Becerra (2007) hacen un estudio sobre los conflictos por agua en México. Presentan la realidad en que se ve inmersa al gobierno mexicano al tener que decidir a quien dejar sin agua pues el volumen demandado es siempre mayor al volumen suministrado. Resaltan la importancia de considerar dichos conflictos en la modelación de políticas públicas así como tres grandes vertientes del problema: escasez agravada y competencia por el recurso, rechazo de políticas públicas, participación de las autoridades en la solución de conflictos.

Aguilar (2008) comparó la gestión binacional de los organismos operadores del servicio de acueducto y alcantarillado, a través del estudio de las formas de gestión local, financiera y de calidad del agua en tres pares de ciudades fronterizas -uno por cada lado de la frontera-. Su estudio concluyó señalando las asimetrías en la gestión transfronteriza de los recursos hídricos, fundamentadas principalmente en el uso político del servicio, las diferencias entre los marcos legales, el manejo comercial del servicio y el cobro efectivo de las tarifas, factores que resultaron ser favorables del lado estadounidense, presentando así mejores prácticas de gestión.

Aguilar y Saphores (2009), analizan las políticas públicas implementadas para el reforzamiento del pago del servicio de agua. El estudio muestra que una alta morosidad en el pago se asocia con inadecuados arreglos institucionales que son fomentados por diversos actores sociales, incluidos los organismos proveedores, políticos locales y usuarios. Presentan información sobre la accesibilidad de las tarifas del agua en las ciudades de estudio cuando se comparan con los costos de otros servicios o con otras ciudades fronterizas. En México un promedio de 31 por ciento del total facturado no se recupera, en algunas ciudades este promedio usualmente se eleva hasta 50 por ciento.

Salazar y Pineda (2010) hacen aportaciones al estudio de la demanda de agua para uso urbano, mediante la aplicación de métodos econométricos, ya que si bien existen numerosas investigaciones sobre el tema en México, son pocas las que tienen un enfoque econométrico, que permita la modelación de políticas para la planeación del abasto futuro. Entre ellos están los de García et al. (2006) y Guzmán et al. (2006), para la región de La Laguna; Jaramillo (2005), para el Estado de México y García et al. (2008), para Torreón. Esta situación contrasta con la literatura abundante que sobre el tema se ha producido en Estados Unidos (Dalhuisen et al. 2003). Dalhuisen expone un análisis sobre la elasticidad de la demanda del agua en los hogares ante cambios en las tarifas del agua y en el ingreso, encontrando que la demanda por agua es elástica en precios e inelástica ante cambios en el ingreso.

METODOLOGÍA

Para realizar la estimación de la tarifa óptima para los diferentes organismos de agua es necesario tener información de costos e ingresos.

Los costos se consideran, para fines de este estudio, inflexibles. Los costos del organismo operador dependen de diversos rubros, pero principalmente de la obtención del agua requerida por la población, del costo de hacerla llevar al área donde ofrecen el servicio, comercializarla, la recolección de aguas residuales y el tratamiento de estas (CESPM, 2015). Adicionalmente es necesario añadir los costos administrativos, financieros y de mantenimiento. Ejemplos de estos conceptos son los costos de hacerse del líquido, del traslado del agua, el mantenimiento de la red de distribución, el personal requerido para operar, la operación de plantas potabilizadoras, entre otros. El organismo operador, a grandes rasgos, no tiene control sobre proveer o no de agua a la población y se encuentra bajo presiones políticas y sociales para llevar el líquido vital a la mayor cantidad de personas posibles. Por lo tanto, el organismo no tiene capacidad de elección en cuanto a si desea operar e incurrir en los costos de la operación o no. Consecuentemente, la variable que se debe de ajustar para no operar con pérdidas es la de los ingresos.

La información relacionada con los ingresos se descompone