LECCIONES APRENDIDAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTATALES DESDE LA PESPECTIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA, COMO UN APORTE A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y POR ENDE AL POSCONFLITO.

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El índice de percepciones de corrupción (2016) de Transparencia Internacional, se presenta a continuación: El índice del 2016 registra niveles de corrupción en 133 países; siete de cada diez países obtuvieron un resultado menor de 5 sobre un puntaje limpio de 10, en tanto que cinco de cada diez países en vías de desarrollo obtuvieron un puntaje menor de 3 sobre 10. Colombia ocupó el puesto 59 entre 133 países, alcanzando tan solo un 3.7 sobre 10 en el IPC, al lado de países como Salvador, Perú o Croacia (Transparencia Internacional, 2003).

En el segundo escenario “supone que el contratista reduce su margen de utilidades, sin afectar la calidad, ni mucho menos las demás especificaciones del contrato por el soborno a cancelar”.

El otro ideal parte del supuesto que tanto “el agente como el cliente, realizan un acuerdo a través del cual deciden mutuos beneficios, logrando niveles bajos de eficiencia y de eficacia”.

Un último escenario “reconoce que la sociedad se vería afectada cuando en el proceso de contratación, el cliente más idóneo, para desarrollar o prestar el bien y/o servicio a contratar se ve desmotivado por el cobro del soborno y decide no participar. Este escenario implica que los niveles de eficiencia y eficacia se reduzcan, si se considera que eventualmente esos contratistas que se abstienen de contratar, podrían ofrecer unas mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, entrega, impacto”.

Y los casos de corrupción nacional solo enunciaremos algunos sin llegar a profundizar ya que son de amplio conocimiento a través de los medios de comunicación, entre los cuales tenemos: intervolsa, conalvias, cra 26 Bogotá (caso lule), Reficar, vías 4g, ruta del sol etc.

Un estudio realizado por Confecámaras (2015), sobre la percepción de los empresarios colombianos, quienes consideran que un 47.7% de las licitaciones públicas realizan pagos adicionales, para asegurar su adjudicación, hasta por un monto que puede alcanzar en promedio el 17.7% sobre el valor total del contrato.

La corrupción aumenta los costos de transacción por cuanto se aumenta la ineficiencia administrativa por los altos costos del soborno, que trae como consecuencia la baja calidad en los bienes y servicios prestados; además, se aumenta el gasto y se reduce el presupuesto Estatal, haciendo menos productivo el gasto público, presentando una relación negativa en el desarrollo económico sostenible.

La reflexión es que los protagonistas de la corrupción cambión de estrato social-económico y cultural, debido a que ahora son orquestados por respetables profesionales de familias más distinguidas de las diferentes regiones del país. Sin impórtales que los verdaderos dueños y beneficiarios de los proyectos son los ciudadanos de común de todos las condiciones sociales-culturares-étnicas-religiosas-económicas.

- LA CONTRATACION TRANSPARENTE POR LA PAZ

Los gobiernos de los últimos 15 años han venido desarrollando, un ámbito jurídico-social con leyes normas y decretos sobre la contratación estatal, además espacios de discusión social y tecnológico con el único objeto de dar transparencia al proceso de compra de bienes y servicios del estado.

Pero ha sido insuficiente para la creatividad de las redes de corrupción en niveles de una sociedad corrupta.

La corrupción en la contratación pública ocasiona altos y graves costos que repercutan en lo político y social, dejando grandes secuelas que afectan la economía, al reducir la inversión, por la incertidumbre que causa, la ineficiencia, la falta de calidad, la baja productividad, que genera sobrecostos en las empresas, las cuales, son incapaces de cubrir, como resultado de las acciones intermediarias, producto de los sobornos, teniendo como resultado la baja inversión nacional e internacional.

Los más altos costos de transacción originados por los pagos extraoficiales realizados por los funcionarios públicos en los procesos de compras estatales, genera irregularidades en los procesos de contratación, sumadas a las pérdidas por incumplimiento y a las condiciones de incertidumbre; estos extra costos son trasladados a un mayor precio de los bienes y servicios transados.

En los procesos de contratación se presentan los costos ex ante y otros denominados ex post. El primero, incorpora los costos de negociación (se refiere a los costos de elaboración de pliegos, publicación, estudio de la propuesta y adjudicación de la licitación, las cláusulas de salvaguardas y el componentes ex post, hace alusión a los costos de renegociación y ajuste del contrato original y cumplimiento, sin embargo, no contempla el costo generado por los sobornos en los procesos de contratación estatal, que incrementar los costos ex ante y/o ex post (Williamson, 1985).

Los casos de corrupción más relevantes en las diferentes entidades del Estado se presentan a continuación.

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Arbelaes, 2016

La corrupción influye negativamente en la composición y en las rentas del gobierno, aumentando el gasto y reduciendo la recaudación de impuestos, profundizándose el déficit fiscal y haciendo menos productivo el gasto público.

Es por eso que si colocamos la mirada hacia lo que viene con la implementación de los acuerdos de Paz, en este posconflicto se hace necesario bajar los índices de corrupción, ya que se estarán generando más espacios de confiabilidad no solo ante la opinión pública nacional sino también con toda la comunidad internacional

En el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, se creó el programa de lucha contra la corrupción, tiene como uno de sus proyectos prioritarios mejorar la normatividad relacionada con contratación respecto a los vacíos que ésta presenta. La Directiva Presidencial No. 12 de 2002 estableció los lineamientos, criterios, medidas y acciones de corto y mediano plazo para garantizar la transparencia en los procesos contractuales. Estos lineamientos se ven reflejados en la expedición del Decreto 2170 de 2002, en el que se proponen mecanismos tales como veedurías ciudadanas para que intervengan en todas las etapas del proceso contractual; este Decreto está encaminado principalmente a proporcionar un mayor acceso a la información, permitiendo que en el proceso haya mayor transparencia y selección objetiva. El Decreto 2170 también establece la obligación de efectuar una publicación de los términos de referencia preliminares para los procesos de contratación, con antelación a la iniciación formal