SEMINARIO: POLÍTICA EDUCATIVA Y COMPETENCIAS

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En lo que respecta a la práctica docente, las escuelas entran en la dinámica del doble turno, con la finalidad de proporcionar una enseñanza de calidad, con un tiempo más amplio, combinado a su vez con actividades recreativas, (lo que hoy con la Reforma Educativa 2013, se pretende volver a esos tiempos con la llamada Escuelas de Tiempo Completo; una prioridad del gobierno federal en turno).

Las instituciones educativas evolucionaron hacia una mejora y calidad, sin embargo, la eficiencia terminal sigue siendo prioritario, sobre todo en educación básica, aun se puede decir que falta por hacer, no hay una legislación vigente respecto a este tema, que más adelante lo retomamos en concreto.

A la par del desarrollo educativo en educación básica, se viene la prioridad de ampliar los niveles, pasa a crearse los Colegios de Bachilleres, Colegios de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional autónoma de México. Universidad Autónoma Metropolitana, los institutos tecnológicos, entre otros de nivel media superior y superior, esto debido a que en once años la cobertura de básica se logró en gran proporción, pero aquellos niños ya se habían convertido en jóvenes que requerían de una preparación superior.

De esta forma, la política educativa de México, transita a través de planes sexenales, con reformas al artículo tercero constitucional, en diferentes gobiernos de la República, cada uno con su toque especial, la educación secundaria pasa a ser obligatoria, el bachillerato recientemente también lo es, una obligatoriedad para el estado, para quien debe brindar educación y formación académica, más no una obligatoriedad para los padres de familia que dista mucho de una verdadera participación social.

3. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN Y LA OBLIGATORIEDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA.

El año 2000 marca una etapa de cambio en el ámbito político en México, por primera vez en más de setenta años el gobierno federal estaría a cargo de un grupo político diferente, una ideología opositora a los gobiernos anteriores a ese periodo, por lo que el contexto educativo cambia en algunos aspectos, las políticas públicas se vuelcan hacia la participación social en las escuelas del nivel básico principalmente.

Una reforma educativa anunciada, que se concretaría en 2006, principalmente en secundaria, pero antes en 2004 ya se había avanzado en el nivel de preescolar, se convertía en obligatoria, y en secundaria se daba la reforma curricular, que desde 1993 no se daba.

Entra con mucha fuerza el enfoque por competencias en los planes y programas de estudio del nivel básico, esto claro con las exigencias de los organismos internacionales y evaluadores, (OCDE, BM, FMI) que pedían a México dar un giro a la cuestión educativa, además de que era prioritario una mayor participación de la sociedad en este rubro, generándose así los Consejos de Participación Social, quienes tendrían gran influencia en el Programa Escuelas de Calidad, respondiendo además a lo estipulado en la Ley General de Educación, donde se debe involucrar a los padres de familia en la educación de los hijos.

Sin embargo, esta política educativa queda lejos de lograr los objetivos propuestos, se crean leyes que coadyuven en esta participación social, leyes más estrictas para la obligatoriedad de la educación, pero que quedan como meras legislaciones, más que nada por la falta de voluntad de quienes dirigen los destinos de las instituciones, desde la propia SEP, hasta los directivos de centros escolares.

Con la Reforma Educativa 2013, se reforma también el artículo tercero de la constitución, donde la rendición de cuentas es marcada, las exigencias para los docentes son mayores, lo que genera una polémica entre los sectores gremiales en México, con algunas voces en contra, argumentando que se trastocan los derechos laborales del magisterio, que a su vez exigen también que se provea de la infraestructura adecuada para poder dar mejores resultados, que las evaluaciones sean regionalizadas de acuerdo al grado de marginalidad socioeconómica.

En este marco de cambios, de reformas, de reclamos laborales, de exigencias gubernamentales, queda un punto inconcluso que desde 1910, no se ha contemplado en otra legislación, y es referente a la obligatoriedad de la educación básica, contemplada en la Constitución Política de México, una obligatoriedad, ¿para quién? Para el estado, sí, pero ¿qué pasa con la obligatoriedad para los padres de familia que caen en la irresponsabilidad de no enviar a sus hijos a la escuela?

Al respecto se han dado algunas voces muy escuetas, algunas propuestas de “penalizar” esta irresponsabilidad, como ya ha sucedido en otros países, y que en el nuestro se dio hace alrededor de cien años, cuando las escuelas empezaban a funcionar como instituciones, de acuerdo con archivos históricos, Los intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX consideraban que uno de los principales obstáculos para que la escuela funcionara como instancia regeneradora de la sociedad era la indolencia de los padres. Para combatir este problema se dispuso la obligatoriedad de la instrucción elemental, con penas para los padres de familia que no enviaran a sus hijos a los establecimientos. (biblioweb.tic.unam.mx)

Además, “para 1910, año en que se realizó el Congreso Nacional de Instrucción Pública, todos los estados, el Distrito Federal y territorios contemplaban la instrucción elemental obligatoria, y preveían sanciones para padres o tutores que no enviaran a los niños a la escuela. Las multas estipuladas iban de veinte centavos hasta tres pesos por cada día de ausencia, y de cinco hasta cincuenta pesos por no haber inscrito a los niños”.

Sin embargo en esa época, la gran mayoría de las familias vivían en pobreza extrema, y lógico no podían pagar una multa por no enviara a sus pupilos a la escuela, si carecían incluso hasta de ropa para poder asistir, esto origino un descontrol y desorganización que al final de cuentas fracasó, pero que en algunos estados si se aplicó con mano firme.

Hoy, en países como Chile y Nicaragua por citar algunos, se ha implementado este tipo de ley, con la finalidad de evitar la deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal en educación básica, que ha generado por supuesto opiniones encontradas en cuanto a su legalidad, o bien a los resultados, esta ley aprobada en una municipalidad de Chile, establece que “el juzgado de Policía Local de Huechuraba ratificó la legalidad de la polémica ordenanza municipal de Huechuraba que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo y que obliga a los apoderados de los establecimientos