EL DERECHO A LA INTIMIDAD DENTRO DE LA ERA DE LA INFORMÁTICA

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A nadie le es ajeno el hecho de que la intimidad ya no es lo que era antes, lo que incluso ha modificado nuestros hábitos de conducta y en cierta forma estamos más alertas y renuentes a facilitar nuestra información, hoy casi todos sabemos que una llamada telefónica puede ser intervenida o que proporcionar el número de la tarjeta de crédito a un desconocido nos puede acarrear consecuencias económicas.

Si bien es cierto que el acceso a la información, especialmente la pública, abre una nueva arista para el desarrollo de nuestra democracia, dado que nos permitirá advertir el desempeño de un significativo número de instituciones de la administración pública, y quizás, como lo refiere Peter Eigen, ésta sea la principal herramienta en la lucha contra la corrupción, también es cierto que en este ejercicio el Estado debe de establecer límites, a fin de que, por una parte se garantice el derecho de los ciudadanos a conocer los asuntos que se han depositado en el gobierno, pero al mismo tiempo, cuidar que no se trastoquen los derechos de otros ciudadanos, como lo es el derecho a la intimidad.

Estamos convencidos de que, por la naturaleza del derecho a la información, el Estado y la sociedad deben cooperar conjuntamente para consolidarlo, pero al mismo tiempo privilegiando la privacidad de las personas. Ante este panorama surge la necesidad de que se tutele nuestro derecho a la intimidad en todos los aspectos, para lo cual primeramente se debería establecer con claridad en que consiste este derecho para así estar en aptitud de preservarlo.

Debemos tener en cuenta, como lo refieren las autoras Ellen Alderman y Caroline Kennedy, que el derecho en general y cada uno de nosotros en particular, tenemos que hacer algunos ajustes fundamentales en la manera en que concebimos la información personal y las comunicaciones electrónicas, haciéndolo, finalmente tendremos que cambiar nuestra idea de lo que razonablemente podemos esperar que permanezca privado.

Al reflexionar sobre el derecho a la intimidad con relación a temas de actualidad, nos surgen diversas preguntas, como las siguientes:

• ¿Hasta qué punto debo proporcionar mi información personal a las autoridades?

• ¿Es legal que sin un mandamiento expreso, fundado y motivado se me detenga en la vía pública para revisar mi estado de ebriedad, constituye ello una violación a mi intimidad?

• ¿Es correcto que para un visado se me exija un examen del VIH?

• ¿Tiene derecho la prensa a acosarme en mi domicilio?

• ¿Es legal que se publiquen mis conversaciones telefónicas?

• ¿Es legal que se escriban biografías de mi persona sin mi consentimiento?

• ¿Tendrá mi jefe derecho a conocer lo que envío y recibo en mi correo electrónico?

• ¿Será legal que para obtener un trabajo me someta a una prueba del

polígrafo?

• ¿Será legal que se comercialicen mis datos personales sin mi

consentimiento?

• ¿Existe alguna disposición legal que prohíba a la compañía que me renta videos caseros a proporcionar información sobre cuáles he rentado?

• ¿Habrá alguna disposición legal que sancione al medico que de información respecto a mi estado de salud, sin mi consentimiento?

• ¿Es correcto que las autoridades judiciales en una comparecencia nos pregunten sobre nuestro credo?

• ¿Será legal que nuestro número telefónico aparezca en el directorio?

Estas y otras interrogantes dan pauta a que busquemos diversas posibilidades legales para proteger el derecho de los ciudadanos a su intimidad.

El derecho a la información y a la intimidad en México. Ubicación y concepto cada sociedad, no importa que sea grande o pequeña, fuerte o débil, ha desarrollado principios jurídicos para garantizar su propia existencia, ha señalado lo que se puede hacer y lo que no. El progreso, con su inexplicable rapidez, siempre se ha basado en la combinación de los intereses y objetivos comunes de los hombres, ya sea para cazar animales, o simplemente para hacer dinero.

En este sentido, el derecho consiste en una serie de reglas que regulan el comportamiento de los hombres y que en cierta medida reflejan las ideas y preocupaciones de la sociedad en la que éstos se desenvuelven, de manera que cuando la sociedad cambia, las reglas suelen ser diferentes y es en ese momento cuando se requiere de normas actualizadas que faciliten la convivencia entre sus integrantes.

A pesar de que coincidimos con quienes opinan que dividir al derecho en disciplinas carece de sentido, pues éste es unitario, consideramos prudente que para efectos didácticos ubiquemos el concepto de derecho a la información como una rama del derecho público.

Ahora bien, en cuanto a la definición de “derecho a la información” poco se ha escrito en nuestro país, tal vez por ser de reciente creación, no olvidemos que la tecnología avanza con gran velocidad y en cambio el derecho no; sin embargo, el jurista mexicano Ernesto Villanueva Villanueva6 ha aportado una definición que nos parece adecuada, a saber:

“Rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan, lato sensu, las relaciones entre Estado, medios y sociedad, así como, stricto sensu, los alcances y los límites del ejercicio de las libertades de expresión y de información y el derecho a la información a través de cualquier medio”.

Ahora bien, en cuanto al derecho a la vida privada, dicho autor lo ha definido de la siguiente manera:

“Es el derecho fundamental de los individuos que consiste en no ser interferidos o molestados, por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público”.

Por su parte, Ellen Alderman y Caroline Kennedy al referirse al concepto de “derecho a la privacidad”, refieren que cien años atrás, el Juez Louis D. Brandeis lo definió simplemente como “el derecho a estar solo”. El derecho a la intimidad en el sistema jurídico mexicano.

Necesidad de una reforma