Actividad administrativa nacional

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por excelencia la actividad administrativa, y de esta manera a través de ellos se dirigen, creando o modificando o extinguiendo una situación jurídica determinada. Por su parte, La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece en su artículo 7: “Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta Ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los órganos de la Administración Pública”.

Los actos administrativos, se clasifican: según los efectos, atendiendo al contenido o no de los actos y atendiendo a los destinatarios de los mismos, por su contenido los actos administrativos pueden ser de efectos generales y particulares; según el contenido, atienden a la decisión que contenga, se distinguen actos administrativos definitivos y de trámite, y actos administrativos creadores o no de derechos, o que establezcan obligaciones; según la manifestación de voluntad, de acuerdo con el artículo 18 de la LOPA, debe ser expresa y formal, conteniendo el acto una serie de requisitos que deben manifestarse por escrito.

Asimismo, se admite la manifestación de voluntad tacita de la Administración, derivada del silencio administrativo; según su impunidad, se distinguen entre actos firmes y actos no firmes; y por último, según su ejecución, en la ley se establecen actos materiales los cuales son identificados con los actos de ejecución, estos deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutaran inmediatamente.

Para concluir, se puede decir que en la legislación venezolana, se señala como principal objetivo de la organización y el funcionamiento de la Administración “dar eficacia a los principios, valores y normas consagrados en la Constitución y, en especial, garantizar a todas las personas el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”.

Por esta razón, se puede decir que en el sentido estricto de las leyes, el punto de eje de la administración pública es la idea de servicio a la colectividad, a la sociedad y por ello, debe vincularse con una administración compuesta por personas convencidas de que la calidad de los servicios que se ofertan tienen mucho que ver con el trabajo bien ejecutado y que es necesario descubrir los intereses legítimos de los ciudadanos en los múltiples casos que hay que resolver.

Finalmente, la actividad administrativa nacional, debe ir a la par de las necesidades e intereses colectivos de todos los venezolanos, asumiendo el protagonismo de sentirse responsables, en función de la posición que se ocupe en el engranaje administrativo.